Casos Prácticos Derecho Civil

El presente caso aborda el problema jurídico originado a partir de aquellos casos de solicitud de los concursados del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI), y si este beneficio debe alcanzar también o no a los créditos públicos por deudas de la AEAT, cuando la norma interna española puede estar contradiciendo la Directiva 2019/1023; esta norma comunitaria, recoge una relación detallada de créditos en su articulado, pero exige una justificación para la exoneración, mientras que la normativa concursal española no precisa una justificación alguna en materia de exoneración del crédito público. Es en esta tesitura en la que cabe preguntarse (a la vista de la disparidad de resoluciones nacionales) ¿pueden los Tribunales nacionales exonerar en el BEPI esos créditos públicos sin vulnerar la normativa comunitaria? Y ¿cómo afecta a esta cuestión los casos que hayan de ser valorados por esos Tribunales cuando la Directiva no ha sido traspuesta en la norma nacional?

Reclamación de la filiación no matrimonial e impugnación de la paternidad contradictoria. Caducidad de la acción de filiación y negativa a la realización de la prueba biológica

El presente caso aborda el problema jurídico de la falta de legitimación ad causam de las asociaciones de consumidores cuando es cuestionable que presenten demandas en nombre de su asociado, si el mismo ostenta el carácter de no consumidor, cuando realmente no son estas asociaciones las que contratan y firman los productos bancarios ni las directamente afectadas por las consecuencias de las decisiones judiciales que se adopten. Resulta imprescindible para valorar la concurrencia de esta legitimación, el análisis de cuál es el concepto legal de consumidor en relación con la precitada legitimación activa, en los casos como el de un agente comercial y que ejerce su profesión tanto como autónomo, como en su calidad de administrador único de su empresa, reconociendo que solicitó un préstamo a una entidad bancaria para la compra de un local en el cual ejerce su actividad empresarial. La vinculación entre el consumidor y si el contrato que firmó con la entidad financiera, lo fue con un propósito ajeno a su actividad profesional.

Registro de morosos y su utilización cuando la deuda es menor de la que se reclama, a efectos de considerarse cierta, líquida y exigible y si es preciso el requerimiento previo de pago, analizando la prueba de dicho requerimiento para que sea tenida en cuanta en juicio.

D. Federico, un joven empresario que recientemente ha contraído matrimonio en régimen de separación de bienes, ante la buena marcha de sus negocios, decide comprar un inmueble destinado a su vivienda habitual. En concreto, se trata de un chalé situado en el barrio El Brillante de Córdoba que, tras su adquisición, constituiría su domicilio familiar. Para financiar la adquisición, cuyo precio asciende a 400.000 euros, contrata un préstamo con garantía hipotecaria con la entidad bancaria Banco Credit Finance, SA en fecha de 4 de mayo de 2007.

La demandante, ciudadana de nacionalidad peruana, insta ante un juzgado de familia de la localidad de Madrid, la regulación de las relaciones paternofiliales con su pareja, varón de nacionalidad colombiana, con el que convivió durante dos años y que, como consecuencia de esa relación, nació una niña de cinco años de edad. El demandado lleva desde que se fue sin ver a la niña, ni comunicarse con la madre ni atender a las necesidades de su hija menor.

El presente caso pone de manifiesto hasta qué punto los Tribunales de Justicia (en concreto la Sala 1ª del TS), pueden erigirse en auténticos legisladores negativos capaces de vaciar de contenido un requisito legal en materia concursal, como es la obligación por parte del deudor de acreditar haber intentado el acuerdo extrajudicial de pagos, para poder pretender el acceso al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, en el caso de los deudores personas físicas no comerciantes; el principio de legalidad no puede quedar sacrificado en su integridad por las interpretaciones judiciales derogatorias de la norma (que entendemos contra legem), si el requisito no tiene margen de interpretación posible. De conformidad con la nueva doctrina: los deudores personas físicas no comerciantes que hubiesen optado directamente por el concurso de acreedores, no han de acreditar como requisito legal el haber intentado celebrar el acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, quedando reservada esta exigencia para los deudores comerciantes.

Respecto de la rebeldía procesal, el Tribunal Supremo ha declarado que los órganos procesales han de cumplir rigurosamente con las normas reguladoras de los actos de comunicación con las partes, porque, de lo contrario, puede verse afectado el derecho a la tutela judicial efectiva y provocar indefensión.
En la desheredación, si el legitimario niega las afirmaciones de abandono o maltrato, desplaza la carga de la prueba al heredero. El maltrato psicológico se considera comprendido dentro de la expresión “maltrato de obra” del artículo 853.2ª CC.
En el caso de la impugnación del testamento, la acción es personalísima y no se puede actuar en nombre de otro legitimario si no se ostenta la representación procesal acreditándolo.

El presente caso pone de manifiesto las divergencias que continúan sin resolverse en nuestro país, en el conflicto Catastro-Registro de la Propiedad para inseguridad jurídica de los ciudadanos. La georreferenciación obligatoria desde la reforma del año 2015 aflora una evidente controversia que solo es técnica o cartográfica, acerca de si las georreferenciaciones alternativas que se presentan se ajustan o no a la realidad. Si el Registro de la Propiedad estima que la inscripción de una georreferenciación puede suponer una perturbación de hecho, han de analizarse cada una de las aportadas como alternativas, pues, aunque los datos del Catastro se presumen exactos en la legislación catastral, ello deberá entenderse sin perjuicio de los pronunciamientos registrales que, en cualquier caso, tienen preferencia. El alta de la alteración catastral no produce ningún efecto jurídico al carecer el Catastro de la función de control de la legalidad, y basta la oposición de un colindante para destruir la presunción de exactitud catastral, ya que la certificación catastral no constituye un título de propiedad.

La demandante interpone una demanda contra la comunidad de propietarios por los perjuicios que le produce la instalación de un ascensor a cota cero, en un patio interior en la comunidad al verse privada de luces y vistas desde su ventana del dormitorio, ya que el mismo ocupa una parte dejando libre una de mucho menor tamaño, así como por la falta de privacidad dentro de su domicilio al tener una panorámica de toda su habitación, así como de luz y ventilación. Manifiesta que la instalación del ascensor en el edificio de cuatro plantas le perjudica y solicita una indemnización de 10.000 euros. la. La obra fue acordada por la junta de la comunidad en la que se acordó la contribución a los gastos se hiciera por todos los copropietarios, incluso los de los pisos bajos. La vivienda se encuentra en un piso interior de una planta intermedia. La comunidad fue avisada por el propietario del piso afectado indicando que la instalación del ascensor perjudicaba su vivienda y afectaba a su privacidad ya que ofrecía una vista completa de la habitación, pero ante su negativa a indemnizarle incluso con devolución de parte de lo pagado por él como copropietario o resolver de alguna manera esos inconvenientes, decidió interponer la demanda a la comunidad.