Jurisprudencia

• TS. Delito de malversación de caudales públicos y sanción administrativa. Principio non bis in ídem.
• TS. El traslado a dependencias policiales, a efectos de identificación, es una modalidad de privación de libertad, que sólo podrá afectar a personas no identificadas.
• TS. Legitimación del Ministerio Fiscal para plantear recurso de casación.
• TS. Discrepancia sobre la competencia entre órganos de la jurisdicción penal ordinaria.
• TS. Acumulación de condenas. Aplicación del art. 76.2 del CP.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha otorgado el amparo a un farmacéutico de Sevilla que fue sancionado por la Junta de Andalucía por no disponer de la llamada “píldora del día después”. El Tribunal en su sentencia, considera que, en este caso concreto, la sanción impuesta al demandante vulneró su derecho a la objeción de conciencia como manifestación de la libertad ideológica y religiosa, que la Constitución reconoce en su art. 16.1. Por el contrario, el Pleno rechaza otorgar el amparo en relación con la negativa del demandante a despachar preservativos, pues en ese supuesto no existe “ningún conflicto de conciencia con relevancia constitucional”. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Andrés Ollero, cuenta con el voto particular discrepante de la Vicepresidenta, Adela Asua, así como con el del Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, al que se ha adherido Juan Antonio Xiol. El ponente de la resolución ha redactado un voto particular concurrente.

El Tribunal Constitucional, en sentencia de 11 de mayo de 2015, reconoce el derecho de un ciudadano a solicitar el beneficio de Asistencia Jurídica Gratuita en un recurso en segunda instancia, a pesar de que no solicitó la Justicia Gratuita al iniciar el procedimiento judicial.

• Los jueces no deben recalcular el interés de demora de un préstamo hipotecario cuando ese interés se considera abusivo, según la interpretación dada por el TJUE a Instancia nº 2 de Santander.
• Cuando una cláusula de un contrato entre un consumidor y un profesional es abusiva, el hecho de que no se haya aplicado no impide que tenga las consecuencias propias de una cláusula abusiva.

La Audiencia de Cantabria confirma la sentencia de un juzgado que rechazó rebajar una pensión de 300 euros dado el carácter “voluntario” de adquirir el inmueble.

La Audiencia Provincial de Cantabria en sentencia de 27 de marzo de 2015 ha rechazado la demanda de un padre de rebajar la pensión de alimentos de 300 euros que mensualmente pasa a su hijo alegando que había comprado una vivienda, lo que le obligaba a asumir distintos pagos derivados de tal operación.

• TS. Anula una multa que la Junta Autonómica impuso a un banco por declarar abusiva una cláusula contractual.
• TS. Informes preceptivos del Tribunal sentenciador en la concesión de un indulto.
• TS. Autonomía local. Principio de subsidiariedad. Impugnación de ordenanza energética. Competencias municipales sobre la ecoeficiencia energética y el uso de renovables en edificios.
• TJUE. Medio ambiente. Evaluación de impacto ambiental. Resolución administrativa declarando su innecesariedad. Ausencia de participación pública. Falta de efecto vinculante.
• TJUE. Protección de datos. Cesión de datos biométricos para su constancia en documentos de identificación oficiales. Uso de los datos por parte de las autoridades.

• TS. Menor en acogimiento familiar permanente. Suspensión cautelar por la Administración de las relaciones de la menor con sus padres biológicos. Potestades administrativas. Doctrina jurisprudencial.
• TS. Modificación de medidas. Alimentos. Solicitud de interrupción de la prestación de alimentos a hijo discapacitado en tanto sea perceptor de pensiones públicas. Acreditación de cambios sustanciales. Sentencia. Congruencia.
• TS. Responsabilidad solidaria de los agentes de la edificación del artículo 17 de la LOE.
• TS. Condena por costas procesales. Allanamiento del demandado y mala fe.
• TS. Acción de nulidad matrimonial por vicio en el consentimiento. Enfermedad mental del marido.
• TS. Propiedad horizontal. Segregación de vivienda. Cuotas comunitarias. Acción declarativa de modificación del coeficiente de participación. Reclamación de cantidades. Falta de impugnación de acuerdos.
• AP. Nulidad contractual. Contrato de adquisición de obligaciones subordinadas. Devolución de sumas entregadas, beneficios obtenidos y bonos canjeados. Improcedencia de la devolución del interés legal del beneficio.
• AP. Incapacidad. Solicitud de revocación de la tutela atribuida a una fundación pública por la pareja de hecho de la tutelada. Equiparación a la situación del cónyuge. Beneficio del incapacitado. Intervención judicial. Motivación.

• TS. Letras descontadas por banco tenedor. Inoponibilidad de las excepciones del librado-aceptante/comprador de vivienda frente al librador/promotor tras la resolución de la compraventa por incumplimiento del segundo. Crédito cambiario en concepto de pago de precio aplazado de vivienda sujeta a la Ley 57/1968.
• TJUE. Protección de los consumidores y usuarios. Comunicaciones sobre facturación con información errónea a clientes. Gastos generados. Prácticas comerciales engañosas.
• TJUE. Concursal. Impugnación por la administración concursal de créditos satisfechos por embargos anteriores al concurso. Plazos de prescripción, anulabilidad y caducidad. Lex fori concursus.
• TJUE. La normativa que obliga a los organismos de certificación a tener su domicilio social en un determinado país de la UE, es contraria al Derecho de la Unión.
• TS. Sistema de retribución de los administradores de una SA. Impugnación de acuerdos sociales.
• AP. Contrato de arrendamiento financiero con opción de compra. Juicio verbal. Inscripción en el Registro de Venta de Bienes Muebles.

• TS. Delito contra la seguridad del tráfico u homicidio. Doctrina del concurso de delitos.
• TS. Efectos de los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia penal firme.
• TS. Supuestos que se incluyen en el tipo de apropiación indebida y la agravación por abuso de relaciones personales.
• TS. Apropiación indebida. Delito continuado y delito agravado por la cuantía.
• TS. Tráfico de drogas y dosis mínima psicoactiva. Naturaleza jurídica de los acuerdos no jurisdiccionales del Tribunal Supremo.

Las entidades públicas podrán adoptar esta medida en interés del menor si hay control judicial

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha establecido en sentencia de 18 de junio de 2015, que la Administración podrá suspender de forma cautelar el régimen de visitas de menores bajo su tutela y en acogida con sus padres biológicos siempre que lo comunique de inmediato al juez.