Legislación

Normativa recientemente aprobada de interés civil, mercantil, administrativo y penal, publicada en los distintos boletines oficiales

Medidas urgentes en materia de la contratación pública; seguros privados; planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales

Seguros y contratos públicos. Pluma escribiendo sobre un papel

En el BOE de 5 de febrero de 2020, se publica el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

En primer lugar, este real decreto-ley tiene por objeto la transposición parcial a la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y dar transposición también parcial a la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, cuyo plazo expiró el 18 de abril de 2016.

Medidas urgentes por razones de seguridad en materia de administración digital, contratación del sector público, y telecomunicaciones

El Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, publicado en el BOE de 5 de noviembre y con entrada en vigor al día siguiente, tiene como finalidad incrementar el estándar de protección de la seguridad pública frente a las crecientes amenazas que plantea el uso de las nuevas tecnologías.

Entre los principales desafíos que las nuevas tecnologías plantean se encuentran las actividades de desinformación, las interferencias en los procesos de participación política de la ciudadanía y el espionaje y en este punto juega un papel decisivo el proceso de transformación digital de la Administración, ya muy avanzado lo que hace necesario tomar medidas urgentes relativas a la documentación nacional de identidad; a la identificación electrónica ante las Administraciones Públicas; a los datos que obran en poder de las Administraciones Públicas; a la contratación pública y al sector de las telecomunicaciones.

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