Legislación

En el día 24 de marzo, se publican en el BOE una serie de Órdenes que intentan aclarar la gestión de las obligaciones y derechos provocados por la declaración del estado de alarma, dentro de las cuales, destacan las siguientes:

Conforme a la Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de los servicios de transporte de viajeros.

En los servicios de transporte público de viajeros ferroviarios, aéreo y marítimo que no están sometidos a contrato público u obligaciones de servicio público (OSP), previstos en el artículo ;14.2 a) del Real Decreto ;463/2020, de ;14 de marzo, los operadores de transporte reducirán la oferta total de operaciones en, al menos, un ;70%.

Con la Orden INT/270/2020 (BOE de 22 de marzo), por la que se establecen criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen y con efecto desde las 00:00 horas del 23 de marzo de 2020 y durante 30 días prorrogables, durante el estado de Alarma, será sometida a denegación de entrada, por motivos de orden público o salud pública, toda persona nacional de un tercer país, salvo que pertenezca a una de las siguientes categorías:

Orden SND/272/2020, donde se establecen condiciones especiales para la expedición de licencias de enterramiento, independientemente de su causa, así como para la determinación del destino final de los cadáveres que resulten de los fallecimientos que se produzcan durante la vigencia del estado de alarma declarado con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, a excepción de los fallecimientos en los que hubiera indicios de muerte violenta, en cuyo caso se estará al criterio de la autoridad judicial.

Con la Orden INT/262/2020, de 20 de marzo (BOE de 21 de marzo), que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.

Se podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos, durante la vigencia del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas. En el caso que asi se decida, quedaran exceptuados de la medida:

Conforme a la instrucción de 19 de marzo de 2020 publicada en el BOE de 20 de marzo, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la actividad de circulación por las vías de uso público permitida para la realización de actividades de asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables de acuerdo con lo dispuesto en el artículo7.1.e) del Real Decreto463/2020, de14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como la realización de las actividades por causa de fuerza mayor o situación de necesidad previstas en el artículo7.1.g) del citado real decreto relativas a las limitaciones de la libertad de circulación de las personas, habilitan a las personas con discapacidad, que tengan alteraciones conductuales, como por ejemplo personas con diagnóstico de espectro autista y conductas disruptivas, el cual se vea agravado por la situación de confinamiento derivada de la declaración del estado de alarma, y a un acompañante, a circular por las vías de uso público, siempre y cuando se respeten las medidas necesarias para evitar el contagio.

Mediante esta Orden TMA/254/2020, de conformidad con el artículo 14.4, por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se establecen las condiciones necesarias para facilitar el transporte de mercancías en todo el territorio nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento.

Se hace necesario, con la Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, habilitar la posibilidad de restringir aquellos movimientos de personas que no vayan a poder tener continuidad hasta el punto de destino programado, bien por resultar incompatibles con las medidas adoptadas dentro del territorio español, bien por no ser posible su continuación en o hacia otros territorios, o por la necesidad de dar preferencia a movimientos más urgentes de personas o mercancías. El objetivo es evitar posibles alteraciones del orden público como consecuencia de la interrupción del viaje de personas individuales o de grupos.

El real decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, intentar dar respuesta a las circunstancias económicas excepcionales producidas por el COVID-19 (coronavirus), sumándose a las medidas adoptadas a nivel comunitario y completando las tomadas por el Gobierno en las últimas semanas.

Medidas adoptadas en el Real decreto Ley:

Los cambios realizados son los siguientes:

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,  con la mayor movilización de recursos económicos de la historia democrática de España para hacer frente al impacto económico del coronavirus. Se ha decidido movilizar cerca del 20% del PIB, 200.000 millones de euros con medidas para proteger y apoyar a familias, trabajadores, autónomos y empresas.

El objetivo es iniciar la recuperación en cuanto la emergencia sanitaria quede atrás, relanzando nuestra economía, nuestra producción y nuestro empleo y que la caída venga seguida de una recuperación económica y no de un estancamiento.