Jurisprudencia

Se considera que las faltas de conformidad que se manifiestan en un plazo de seis meses a partir de la entrega del bien ya existían en el momento de la entrega

La Directiva europea 1999/44/CE, de 25 de mayo, sobre determinados aspectos de los contratos celebrados con los consumidores tiene por objeto garantizar la protección de éstos.

Las declaraciones ante los funcionarios policiales no tienen valor probatorio.

No pueden operar como corroboración de los medios de prueba. Ni ser contrastadas por la vía del art. 714 de la LECR. Ni cabe su utilización como prueba preconstituida en los términos del art. 730 de la LECR.

Tampoco pueden ser incorporadas al acervo probatorio mediante la llamada como testigos de los agentes policiales que las recogieron.

• TS. La Sala contencioso administrativa dictamina que corresponde a las comunidades autónomas fijar las tasas universitarias.
• TS. Derecho de Asociación. Revocación de la declaración de utilidad pública a una asociación. 
• TS. Educación. Becas. Impugnación del Real Decreto 1721/2007. Órganos consultivos. Valoración del rendimiento académico.
• TS. Publicidad de las sanciones por blanqueo de capitales.
• TS. Comisión Nacional de la Competencia. Actuación inspectora y derechos fundamentales a respetar en el procedimiento sancionador.
• TJUE. Contratos de servicios del sector público. Procedimiento de adjudicación y evaluación por el contratante de la cualificación del personal encargado de su ejecución.

• TS. Incidente concursal de reintegración. Dividendos. Reparto acordado por la filial compensando el crédito que ostentaba frente a su matriz. Perjuicio para la masa activa.
• TS. Préstamo bancario. Cláusula de interés de demora. Control de abusividad de las cláusulas no negociadas.
• TS. Concurso. Impugnación de la lista de acreedores. Crédito refaccionario, por construcción de un buque, considerado como ordinario. Solicitud de calificación como contingente con privilegio especial. Inscripción en el Registro Mercantil.
• TS. Comerciante. Sujeción de los bienes gananciales a las deudas contraídas en ejercicio del comercio. Pervivencia de la responsabilidad tras la disolución de la sociedad. Bien adjudicado a la esposa del quebrado, posteriormente subastado por el Síndico.
• TS. Concurso. Calificación. Culpable. Agravamiento de la insolvencia. Retraso en la solicitud.
• AP. Propiedad intelectual. Obra en colaboración. Solicitud de reconocimiento de plagio de un artículo científico publicado a nombre de otros autores. Litisconsorcio pasivo necesario.
• TJUE. Competencia judicial. Demandados domiciliados en diferentes Estados miembros. Concentración de competencias. Integración en cártel. Condena solidaria. Desistimiento.

• TS. Pareja de hecho. Modificación de medidas de hijos menores. Cambio en la atribución del uso de la vivienda familiar.
• TS. Eficacia civil de resolución del Tribunal Eclesiástico sobre nulidad matrimonial.
• TS. Contrato de compraventa de fincas rústicas para su posterior desarrollo urbanístico. Cláusula rebus sic stantibus.
• TS. Doctrina del levantamiento del velo y protección del derecho de crédito.
• TS. Rechaza devolver a un hombre la pensión alimenticia que pagó por su hija tras declararse que no es su padre.
• TS. Condena a una entidad bancaria a devolver dinero a una cooperativa de viviendas no entregadas.
• TS. La nulidad del contrato principal (aprovechamiento por turnos de un inmueble) debe comportar la nulidad del préstamo accesorio. 

• TS. El Tribunal Supremo dictamina que existe blanqueo si hay finalidad de encubrir los bienes.
• TS. Habiendo identidad en la causa y en el concepto indemnizatorio, puesto que existe riesgo de enriquecimiento injusto, resulta loable aplicar la responsabilidad civil solidaria.
• TS. Se fija los criterios para aceptar los mensajes de las redes sociales como prueba en los juicios.
• TS. Las sentencias en conformidad y la posibilidad de modificar la calificación mutuamente aceptada por las partes.
• TS. Abono del tiempo de retirada cautelar del pasaporte en la pena de prisión impuesta.
• TS. Restricciones a la hora de apreciar en la apropiación indebida la agravación de abuso de relaciones personales.

Las sentencias, que corrigen sendas resoluciones del TSJ de Madrid, establecen que "la concreta y específica fijación de los precios públicos" ha de hacerse por la comunidad de Madrid, ateniendo al coste de la prestación del servicio

La Sala Tercera del Tribunal Supremo en sentencia de 14 de mayo de 2015, ha estimado en parte dos recursos de la Universidad Complutense de Madrid y declara la nulidad de varios artículos de los decretos del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que fijaban las tasas universitarias en las universidades públicas de la comunidad para el curso académico 2012-13.

Confirma la validez de la transcripción de los diálogos mantenidos por una menor con un amigo a través de una red social, a quien contó los abusos sexuales por parte del novio de su madre

En una sentencia de 19 de mayo de 2015, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo puntualiza que la prueba de una comunicación bidireccional mediante cualquiera de los múltiples sistemas de mensajería instantánea debe ser abordada  con "todas las cautelas", debido a que "la posibilidad de una manipulación forma parte de la realidad de las cosas". En ese sentido, afirma que “el anonimato que autorizan tales sistemas y la libre creación de cuentas con una identidad fingida, hacen posible aparentar una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo”.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado de forma parcial el recurso del Gobierno contra el Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Juan José González Rivas, considera, por un lado, que la norma regula aspectos relativos al derecho a la propiedad, una materia que está vedada al decreto ley; y, por otro, que al determinar la expropiación de determinadas viviendas vacías, invade competencias que la Constitución atribuye en exclusiva al Estado. La sentencia cuenta con los votos particulares de la Vicepresidenta, Adela Asua, y de los Magistrados Juan Antonio Xiol y Encarnación Roca. Al de esta última se ha adherido el Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré.

El Tribunal de Justicia señala que el desistimiento de la víctima frente al único de los participantes domiciliados en el territorio del tribunal que conoce del asunto no afecta, en principio, a la competencia de éste para conocer de los recursos interpuestos contra los demás participantes

El Reglamento Bruselas I (Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil) prevé que las personas domiciliadas en un Estado miembro deben ser demandadas en principio ante los tribunales de dicho Estado. Sin embargo, si hay varios demandados, una persona también podrá ser demandada ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sea oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo para evitar resoluciones divergentes e inconciliables en diferentes Estados miembros.