Artículos de Derecho Civil

Este trabajo pretende ofrecer una aproximación holística para interpretar adecuadamente el fenómeno de la infrarrepresentación femenina en el gobierno corporativo de las sociedades cotizadas españolas. Ello requiere, por un lado, la revisión del variado elenco de normas legales y reglamentarias y normas de autorregulación que, desde diferentes perspectivas, articulan los instrumentos jurídicos para promover la igualdad en el contexto citado. Por otro, una valoración de dichos instrumentos a la luz de las aportaciones efectuadas por las ciencias sociales y los practitioners, para intentar dilucidar aquellos aspectos que han sido soslayados o simplemente inadvertidos por quienes los formulan. En este sentido se constata que, al margen de la introducción de las reformas normativas necesarias para dotar a dichos instrumentos de mayor robustez y coherencia, es imprescindible un firme compromiso del consejo de administración y la alta dirección para promover un cambio de cultura corporativa que favorezca la igualdad de género en todos los niveles de la empresa.

Palabras claves: gobierno corporativo; sociedades cotizadas; igualdad de género; responsabilidad social corporativa.

Las consecuencias de una crisis económica también tienen incidencia en el ámbito jurídico, propiciando la revisión de ciertas figuras hasta entonces poco invocadas, así como la aparición de otras nuevas. Estas figuras permiten dar respuesta a cambios sobrevenidos en las relaciones de naturaleza patrimonial. Este trabajo tiene por objeto el estudio de la alteración sobrevenida y extraordinaria de las circunstancias básicas de una relación contractual. Se parte de la cláusula rebus sic stantibus, y se proponen soluciones alternativas en los casos en los que su influencia en la dinámica del contrato resulta insuficiente, dado que, en nuestro ordenamiento, la tutela del deudor frente a la imprevisible onerosidad de su prestación carece de regulación legal específica. En particular, se profundizará en los presupuestos que, según una consolidada jurisprudencia, deben concurrir para admitir la ineficacia del contrato, examinando, tanto la doctrina tradicional sobre la cláusula rebus sic stantibus, como aquellos pronunciamientos jurisdiccionales más recientes. Realizado este examen, analizaremos la oportunidad de determinados acuerdos entre las partes que están dirigidos a asegurar la posibilidad de privar de eficacia un contrato cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta han cambiado de modo imprevisto, propiciando una situación desfavorable, desde la perspectiva económica, para una de las partes. Se trata de las cláusulas MAC (por sus siglas en inglés de material adverse change).

Palabras claves: cláusula rebus sic stantibus; cláusulas MAC; equilibrio económico contractual; cambio en las circunstancias contractuales.

El artículo 31 bis del CP (apoyado en el art. 66 bis CP) incorpora la responsabilidad frente a algunos delitos para las personas jurídicas, ampliando la responsabilidad más allá de los administradores.
Por su repercusión sobre el sistema económico, destacan las consecuencias que este hecho tiene sobre el delito contable. La importancia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en materia contable se deriva de que en momentos de inestabilidad económica es fundamental avanzar en un efectivo control social en el ámbito contable, con influencia directa sobre la recaudación, e indirecta sobre la confianza en las empresas que conforman los mercados.
En este trabajo se analizan las consecuencias de la inclusión de la responsabilidad penal de las empresas sobre el delito contable.

Palabras claves: delito contable; responsabilidad penal de la empresa; fraude fiscal.

Este trabajo se centra en la problemática que puede surgir habitualmente en el enjuiciamiento penal de las personas jurídicas y, en particular, de las sociedades mercantiles, debido al modelo legal español de representación en el procedimiento elegido por el legislador, que apuesta por la figura de un representante especialmente designado. Debido a la arquitectura interna de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, puede tener lugar un conflicto de intereses en los casos en los que la persona física que ocupa la representación de la sociedad en el procedimiento es, al mismo tiempo, investigada a título personal.
Este potencial conflicto de intereses es un daño colateral del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el que la legislación les atribuye responsabilidad penal, bajo determinadas circunstancias, en caso de comisión de determinados delitos en el seno de su estructura empresarial por parte de ciertas personas determinadas legalmente, esto es, los administradores o personas con responsabilidad o por omisión de sus deberes de vigilancia. Y son precisamente las personas investigadas como persona física y autores materiales del delito quienes en muchas ocasiones son llamadas a ser designadas para la representación de la sociedad en el proceso penal, debido tanto a los puestos que ocupan como a su conocimiento de los hechos investigados.
Este conflicto de intereses puede, potencialmente, comprometer el derecho a un proceso con todas las garantías y lesionar la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa de la sociedad investigada, con los riesgos que ello supone tanto para la propia persona jurídica como para el resto de implicados y la administración de justicia que, en ciertas ocasiones, puede verse obligada a declarar una nulidad de actuaciones y repetir el procedimiento.
Este artículo aborda el estado de la cuestión en la legislación, la doctrina y la jurisprudencia con el ánimo de sintetizar las consecuencias procesales y sobre cómo puede reaccionar el ordenamiento para minimizar este riesgo procesal para las sociedades.

Palabras claves: personas jurídicas; conflicto de intereses; responsabilidad penal.

El principal propósito de este trabajo estriba en proporcionar una visión global e ilustrativa de los elementos que, con arreglo a la doctrina y jurisprudencia de aplicación en la materia, conforman la responsabilidad civil de los profesionales de la abogacía, analizando por extensión los aspectos que necesariamente debe incluir toda demanda en la que se reclame una indemnización con motivo de la actuación errónea o negligente de un letrado, para que la misma pueda llegar a ser estimada. Pero este último punto no será el único abordado desde un enfoque práctico, dado que, al mismo tiempo, se aprovechará la ocasión para tratar de proporcionar, a partir de hipótesis concretas que constituyen supuestos de responsabilidad profesional, algunas claves de actuación a la hora de asumir y llevar a cabo la dirección letrada de asuntos, con la finalidad de evitar el problema de incurrir en negligencias. Asimismo, se facilitarán ciertos consejos y aclaraciones de interés sobre cómo reaccionar en la praxis ante la eventual comisión de una negligencia y, más en singular, frente a la interposición de una demanda en la que un cliente solicite una indemnización en tal sentido, tomando en consideración, además, la existencia y papel que juega el seguro de responsabilidad civil en este contexto.

Palabras claves: abogacía; negligencia; error; responsabilidad civil; indemnización.

Uno de los mayores desafíos es contar con normas jurídicas que, adaptándose a los nuevos tiempos, resulten eficientes y ofrezcan seguridad jurídica. El desequilibrio entre el mundo dogmático y abstracto de las teorías del derecho con el mundo de las decisiones y de lo practicado pone en evidencia algunas ineficiencias en algunos aspectos de la responsabilidad civil en el ámbito del derecho de daños. Entendiendo el derecho como un sistema de regulación de la conducta humana racional, y la responsabilidad civil como un mecanismo para distribuir cargas y beneficios entre los miembros de la sociedad, se facilitaría la creación de un «nuevo» derecho de daños que, superando los enfoques tradicionales dogmáticos y abstractos, ayudase a minimizar las ineficiencias, problemas y patologías del «actual» derecho de daños, asignando costes y atribuyendo responsabilidades de manera más eficiente.

Palabras claves: derecho de daños; responsabilidad; diligencia.

Como resultado de la globalización, la expansión de los mercados y el uso masivo de datos, las empresas se enfrentan a un mercado que evoluciona hacia la digitalización de la prestación de los servicios y la distribución de bienes. Como consecuencia de las posibilidades que ofrece el análisis masivo de datos y el uso de algoritmos de aprendizaje, las empresas pueden aumentar su capacidad competitiva mediante el desarrollo e implementación de nuevas soluciones tecnológicas, encaminadas a la mejora de la prestación de servicios y distribución de bienes al mercado, a través de la personalización de la experiencia de los usuarios mediante el uso de sistemas de recomendación, la automatización de la atención al cliente y la mejora en los procedimientos logísticos. Pero los beneficios y ventajas que implica el uso de la inteligencia artificial no deben desviar la atención de los retos y riesgos que genera para todos los operadores que intervienen en su ciclo de vida, adquiriendo especial importancia la adopción de una conducta proactiva.

Palabras claves: inteligencia artificial; cuarta revolución industrial; revolución 4.0; gestión de riesgos; accountability; transformación digital.

Uber es el paradigma de las compañías de transporte en red. Su disruptivo modelo de negocio ha generado conflictos con los taxistas que se han resuelto con modificaciones normativas de figuras jurídicas ya existentes, las VTC. Dichas modificaciones son parches que no han solucionado los problemas jurídicos que han surgido en materia regulatoria, concurrencial y laboral. Es necesaria una normativa específica de las compañías de transporte en red que resuelva los problemas que genera este nuevo modelo de negocio.

Palabras claves: Uber; taxi; VTC; precios dinámicos; precios personalizados; conductor; TNC.

La excesiva asunción de riesgos a corto plazo por los inversores tiene un impacto negativo en la gestión y el rendimiento empresarial, pudiendo generar una pérdida de competitividad, productividad e ir en detrimento del valor de la empresa. Esta situación se agrava todavía más en épocas de crisis económica. El presente trabajo tiene por objeto el estudio de las distintas alternativas que, desde el gobierno corporativo, se proponen para fomentar la implicación de los accionistas en las sociedades cotizadas a largo plazo. Se parte de una revisión de la evolución que el gobierno corporativo ha experimentado en las últimas décadas, y que encuentra su último desarrollo en la Directiva 2017/828, de 17 de mayo, para, a continuación, analizar un instrumento relevante cuya inclusión al derecho español se ha propuesto en el Proyecto de Ley de 7 de septiembre de 2020, que plantea la trasposición de la citada directiva al ordenamiento jurídico español: nos referimos al régimen jurídico de las acciones con voto adicional por lealtad. Se reflexionará sobre el encaje que esta figura tiene en el derecho español y se estudiará, por un lado, la regulación del voto adicional por lealtad en la UE y en el derecho comparado y, por otro lado, el régimen español proyectado en materia de acciones con voto adicional por lealtad, instrumento cuya inclusión pretende fomentar el activismo accionarial y la implicación de los socios en las sociedades cotizadas a largo plazo.

Palabras claves: largoplacismo; acciones de lealtad; voto adicional por lealtad; gobierno corporativo; activismo accionarial.

A la enorme litigación ligada a los préstamos hipotecarios celebrados con consumidores se sumarán con toda seguridad las reclamaciones sobre las tarjetas de crédito revolving; un producto bancario de crédito al consumo muy extendido para todo tipo de público y que ha sido recientemente puesto en cuestión, al considerar nuestro Tribunal Supremo, en su Sentencia de 4 de marzo de 2020, que sus tipos de interés, en determinados casos, son usurarios y por consiguiente el contrato celebrado radicalmente nulo. Lejos de proteger al consumidor, consideramos que la sentencia desincentivará el uso de las tarjetas revolving, reducirá la competencia de este producto en el sector bancario y puede que produzca efectos colusorios en el mercado, lo que podría evitarse con una precisa regulación sobre estas tarjetas que evitara litigiosidad y pronunciamientos dispares de los órganos judiciales inferiores, ofreciendo asimismo mayor seguridad jurídica para todos los intervinientes en el mercado.

Palabras claves: tarjetas bancarias; crédito revolving; Tribunal Supremo; usura; covid-19; gobierno de producto.