Jurisprudencia de Derecho Administrativo

Procedimiento contencioso administrativo. Recurso de apelación. Cuantía del recurso de apelación. Cuantía indeterminada.

Tanto en vía administrativa como luego en vía contencioso-administrativa la recurrente en instancia formuló dos pretensiones: una ciertamente pecuniaria, consistente en el abono de las diferencias retributivas; y otra relativa al reconocimiento de que en ocasiones se le encomiendan funciones de una categoría superior, lo que podría tener consecuencias en el futuro. Hay, así, una pretensión que no es de cuantía determinable y, por consiguiente, en este caso no es aplicable el umbral mínimo fijado por el artículo 81.1.a) de la LJCA, según el cual, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo serán susceptibles de recurso de apelación, salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes: a) Aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros….

Procedimiento contencioso-administrativo. Procedimiento abreviado. Plazos procesales. Caducidad de plazos. Rehabilitación de plazos caducados.

Determinar si, en el procedimiento abreviado, "iniciado con escrito de interposición" y no por demanda, tal y como dispone el artículo 78.2 de la Ley jurisdiccional 29/1998, una vez expirado el plazo de subsanación de 10 días concedido para presentar la demanda sin haberlo hecho, el órgano judicial ha de declarar la caducidad del plazo para formalizar la demanda, siendo posible la rehabilitación del plazo (artículo 128 LJCA), o, bien el Juzgado dictará auto de archivo del procedimiento sin que quepa, por ello, la rehabilitación.

Ayudas de Estado. Incentivo medioambiental para centrales de carbón adoptado por el Reino de España. Falta de motivación de la decisión de incoación del procedimiento de investigación formal.

De 1998 a 2007, todas las centrales españolas de producción de energía eléctrica, cualquiera que fuera la tecnología empleada, podían beneficiarse de una ayuda denominada «garantía de potencia», destinada a asegurar la permanencia e instalación de capacidad de generación en el sistema eléctrico, con el objeto de conseguir un nivel de garantía de suministro adecuado, a excepción, no obstante, de las centrales de producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, que eran objeto de un incentivo financiero diferenciado.

Autonomía local. Impugnación de preceptos de la Ley 5/2021, de 5 de noviembre, de la Generalitat, reguladora del fondo de cooperación municipal de los municipios y entidades locales menores de la Comunitat Valenciana. STC 124/2023.

Este tribunal ya ha resuelto en la STC 124/2023, de 26 de septiembre, el recurso de inconstitucionalidad núm. 614-2022, contra varios preceptos de la Ley de las Corts Valencianes 5/2021. En la medida en que los preceptos impugnados en ambos recursos son coincidentes en su mayor parte, la citada STC 124/2023 da respuesta a la mayoría de cuestiones planteadas. Dado que los arts. 9.1 y 11.1 d) y 2 e) tercer guion, así como la disposición final primera no han sido objeto de impugnación en el recurso núm. 614-2022, se aborda su examen tomando en consideración la doctrina fijada en la repetida STC 124/2023 en la medida en que sirva para dar respuesta a las tachas de inconstitucionalidad alegadas.

Procedimiento sancionador. Multas y sanciones. Animales sueltos. Daños. Protección de animales.

Confirmado la sanción de 5.001 euros impuesta a un hombre por la mordedura de uno de sus perros a un ciclista. El fallo confirma la resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de 25 de noviembre de 2022 por la que se imponía una multa por la comisión de una infracción administrativa en materia de protección de los animales.

El magistrado rechaza suspender la multa -al margen del enjuiciamiento penal que se tramita como diligencias previas por un presunto delito de lesiones graves-, porque los hechos son constitutivos de una infracción muy grave con arreglo a la legislación autonómica: no evitar la huida de los animales cuando de la misma se deriven daños a personas y/o a otros animales.

Función pública. Acceso. Oposiciones. Bases de oposiciones. Notas de corte. Seguridad jurídica. Admisión y efectos económicos y administrativos.

La revisión de oficio de las bases por la que se rige un proceso selectivo ya realizado y de sus actos de aplicación no puede conducir a resultados contrarios al principio de seguridad jurídica y la nota de corte para pasar a la fase de concurso debe ser la inicialmente establecida., pues en caso contrario, sería lesivo para la seguridad jurídica y para la igualdad en el acceso a la función pública atendida la controversia sobre la nota que debe ser superada y que se cambió: inicialmente se estuvo a la nota original del último aprobado conforme a la base y posteriormente se modificó y pasó a ser una nota superior tras la revisión de oficio, sin una justificación relevante ni razonable.

Minas. Régimen competencial. Inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 2, 3 y 4 del Decreto-ley 5/2022, de 31 de agosto, por el que se establecen medidas urgentes necesarias en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura.

Contratación pública. Procedimientos de recurso. Acceso. Entidad adjudicadora domiciliada en un Estado miembro distinto de en el que está domiciliada una central de compras que actúa en nombre y por cuenta de aquella. Normas aplicables. Competencia.

Función pública. Oposiciones. Procesos selectivos. Error material manifiesto.

El TSJ de Extremadura ordena al Servicio Extremeño de Salud corregir el examen de una opositora que no entregó la hoja de identificación, al considerar que el único examen no identificado tiene que ser necesariamente el de la parte actora, lo que hace posible su atribución a la parte demandante, debiendo ser corregido.

Dominio público. Costas y playas. Competencias del Estado: tutela y policía. Administración Local y Autonómica. Competencia municipal.

Nulidad del Decreto 116/2018, de 30 de julio, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se impuso a los municipios canarios con menos de 20.000 habitantes el deber de prestar el servicio de vigilancia y seguridad en las playas con zonas de baño.