Jurisprudencia de Derecho Administrativo

Procedimiento contencioso administrativo. Satisfacción extraprocesal. Condena en costas. Aplicación del criterio objetivo de vencimiento. Aplicación supletoria de la LEC. Urbanismo. La cuestión que se debate es, si "a partir del nuevo tenor literal del artículo 139.1 de la LJCA resulta procedente la imposición de la condena al pago de las costas procesales en los supuestos de terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal", respondiendo que, en tanto que escapa del ámbito de aplicación que le es propio al citado precepto, el artículo 139.1 LJCA no impone necesariamente la condena al pago de las costas procesales en los supuestos de terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal. Lo que, sin embargo, no ha de entenderse en el sentido de que dicha condena haya de quedar excluida siempre y en todo caso. Y, otra vez, el tratamiento dispensado por nuestra Ley Jurisdiccional del desistimiento sirve para arrojar luz sobre este particular.

Función Pública. Profesores interinos. Discriminación en el trato del personal interino. Derechos retributivos. El Tribunal Supremo ha acordado declarar la nulidad de un Acuerdo dictado por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia que tenía por objeto nombrar a profesores interinos con un carácter temporal, a fecha concreta.

Dominio público hidráulico. Potestad de deslinde. Facultades de protección de la administración. Autorización de corta de arbolado en parcelas pertenecientes al comunal de un Ayuntamiento en cuanto a la consideración o declaración de demanialidad hidrológica que contiene y las consecuencias que de ella se derivan. Se debate, si "cuestionada en un procedimiento la titularidad de los terrenos que la Administración considera dominio público hidráulico, para el ejercicio por la Administración de las potestades administrativas relativas a la utilización de dicho dominio público hidráulico y a la protección del mismo resulta preciso proceder al deslinde del mismo. El tribunal se decanta señalando que no hay ningún precepto en nuestra legislación de aguas que condicione el ejercicio de las facultades sobre el dominio público hidráulico al hecho de que éste se encuentre previamente deslindado ... ... En especial, no exigen el previo deslinde ni los preceptos donde se regulan las facultades de la Administración Hidráulica sobre el dominio público hidráulico en sentido estricto o sobre las zonas de servidumbre o de policía, ni lo exigen las propias normas que regulan la práctica y los efectos del deslinde del dominio público hidráulico.

Expropiación forzosa. Nulidad. Derecho a ser indemnizado. Interpretación de la Disposición adicional de la Ley de expropiación forzosa. Determinación del alcance y requisitos de la Disposición Adicional de la Ley de Expropiación Forzosa, para el reconocimiento del derecho del expropiado a ser indemnizado en el caso de nulidad del expediente expropiatorio, recordando que dicha disposición dispone que “En caso de nulidad del expediente expropiatorio, independientemente de la causa última que haya motivado dicha nulidad, el derecho del expropiado a ser indemnizado estará justificado siempre que éste acredite haber sufrido por dicha causa un daño efectivo e indemnizable”.

Recurso de amparo. Protección de datos personales. Derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen. Derecho al olvido digital. Libertad de información.  El derecho al olvido se regula como el derecho a obtener, sin dilación indebida, del responsable del tratamiento de los datos personales relativos a una persona, la supresión de esos datos, cuando ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados; cuando se retire el consentimiento en que se basó el tratamiento; cuando la persona interesada se oponga al tratamiento; cuando los datos se hayan tratado de forma ilícita; cuando se deba dar cumplimiento a una obligación legal establecida en el Derecho, estrechamente vinculado con la salvaguardia del derecho fundamental a la protección de datos personales frente al uso de la informática. Los datos personales cuya supresión se solicita por las personas recurrentes están contenidos en una noticia digitalizada, contenida en una hemeroteca digital, y la misma narraba, respecto de las personas recurrentes, que habían sido detenidas por su participación en un presunto delito de tráfico de drogas y que se había decretado su ingreso en prisión donde fueron médicamente atendidas por padecer el síndrome de abstinencia.

Prácticas anticompetitivas. Entidad de gestión de derechos de autor. Condiciones no equitativas en autorizaciones de comunicación pública. Tarifas abusivas y discriminatorias. Tarifa sustitutoria por comunicación anticipada de eventos. La SGAE es la única entidad que gestiona los derechos de los autores de obras musicales en el territorio español y, por tanto, se configura como el único operador en España que, por cuenta de los autores, realiza los actos necesarios para que las salas de restauración y/o hostelería puedan hacer efectivo ese derecho. Por su parte, ni el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, ni el artículo 102 TFUE prohíben la posición de dominio, pero sí la utilización de dicha posición para imponer condiciones comerciales y obtener ventajas que no obtendría en el caso de una competencia practicable y suficientemente efectiva.  La SGAE, amparada por su posición de dominio, ha aplicado la Tarifa General entre los distintos actores del mercado de bailes/bodas, competidores entre sí, bajo condiciones desiguales para prestaciones equivalentes a los distintos agentes.

Procedimiento especial de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. Derecho fundamental de participación política. Aprobación de medidas sin amparo en el art. 155 CE. Falta de legitimación de los senadores recurrentes. Con independencia de si se ha producido o no una vulneración del derecho de participación política, que sería la cuestión de fondo a resolver si se salva la problemática de la legitimación, y de si se vulneró o no el artículo 155 de la Constitución, pues no es ese el objeto propiamente dicho de este proceso y no se ejercitan pretensiones en tal sentido, hay que decir que todo el planteamiento de la parte recurrente sobre su legitimación y sobre la que se le discute en este proceso -legitimación ad causam-, olvida cual es el verdadero ámbito de ejercicio del derecho de participación política, que según reiterada doctrina de nuestro Tribunal Constitucional es susceptible de ser invocado para defender la plenitud de las facultades inherentes al ejercicio de los cargos públicos representativos mientras se está en el desempeño de los mismos, identificándose mediante la noción de ius in officium, y que determina que se ostenta frente a los órganos de gobierno de las respectivas Cámaras y no frente al mundo exterior -actuaciones de otros poderes del Estado-, en cuyo caso lo procedente sería acudir a la vía de los conflictos de atribuciones.

Procedimiento contencioso administrativo. Ejecución de sentencias. Incidentes de inejecución de sentencia. El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE no solo alcanza a la fase declarativa sino que comprende también el derecho a obtener la ejecución de lo resuelto en resolución firme, evitando así que se convierta en meras declaraciones sin valor efectivo alguno. Supone el derecho a que las sentencias se ejecuten en sus propios términos y sólo el concurso de circunstancias sobrevenidas que alteren los términos en los que la disputa procesal fue planteada y resuelta por el Tribunal sentenciador puede hacer imposible o dificultar la ejecución de la sentencia (causas de imposibilidad material o legal de ejecutar una sentencia del artículo 105 LJCA).

Entidades bancarias. Proceso de reestructuración con intervención del FROB. Capital social. Operación acordeón. Exclusión del derecho de suscripción preferente.

Desestimado el recurso de casación interpuesto por la Plataforma de Afectados del Banco de Valencia, contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de 16 de junio de 2016, que consideró ajustada a derecho la resolución de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dictada en 2012 y ratificada en 2013, que acordó realizar las operaciones de reducción y aumento de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente en ejecución del Plan de Resolución de la entidad Banco de Valencia, S.A..

CC.AA. Entidades locales. Procedimiento Administrativo Común. Principios constitucionales. Competencias autonómicas. Inconstitucionalidad de diverso preceptos de la Ley 39/2015 (LPAC).

La aprobación de formularios o escritos administrativos normalizados no puede calificarse propiamente de «legislación»; ya que se trata de una cuestión «meramente procedimental» perteneciente a la autoorganización de cada administración pública, por lo que se declara por ser incompetente el Estado, la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo segundo del artículo 6.4 de la Ley 39/2015, relativa a los modelos de poderes inscribibles en el registro electrónicos de apoderamientos.

El legislador estatal ordinario carece de competencia para distribuir poderes normativos entre las instituciones autonómicas, en general, y para asignar, quitar, limitar o repartir la potestad reglamentaria en las Comunidades Autónomas, en particular. Por tanto, las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley conferidas por el artículo 129.4, párrafo tercero de la Ley 39/2015, al Consejo de Gobierno (autonómico) respectivo o a los titulares directos de las consejerías de Gobierno incurre en inconstitucionalidad y nulidad por ocupar espacios reservados al Estatuto de Autonomía y, en todo caso, por invadir la potestad autonómica de autoorganización. Se declara por tanto inconstitucional y nulo los incisos «o Consejo de Gobierno respectivo» y «o de las consejerías de Gobierno» del párrafo tercero