Jurisprudencia de Derecho Mercantil

Contratos de crédito al consumo. Coste total. Falta de indicación de los gastos pertinentes. Cláusulas abusivas. Servicios accesorios.

El Tribunal de Justicia declara que:

Entidades de gestión colectiva de derechos de autor. Operadores de gestión independientes. Acceso a la actividad. Legislación nacional que reserva el acceso únicamente a entidades de gestión colectiva, excluyendo a los operadores de gestión independientes.

La gestión de los derechos de autor y derechos afines, que, como resulta del considerando 2 de la Directiva 2014/26, comprende, en particular, la concesión de licencias a los usuarios, el seguimiento del ejercicio de los derechos, la protección de los derechos de autor y derechos afines, el cobro de los ingresos derivados de la explotación de los derechos y el reparto de las cantidades que deben abonarse a los titulares de derechos, está comprendida en la excepción establecida en el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2000/31, en relación con su anexo.

Contrato de seguro. Seguro de daños. Seguro de responsabilidad civil. Suma asegurada. Limite por siniestro. Unidad de siniestro. Seguro por tramos o capas. Ejercicio de la acción. Retraso desleal en el ejercicio de acción judicial.

Respecto al contrato de seguro y la suma asegurada como límite de la indemnización, especificidad del seguro de responsabilidad civil que, en el caso de la suma asegurada, se manifiesta en que como la cuantía económica del daño indemnizable únicamente se puede determinar cuándo se liquida el siniestro (a diferencia de los seguros puros de daños, en que puede fijarse a priori), el modo de fijación de la suma asegurada debe ser mediante el establecimiento de un límite por siniestro.

Este problema se manifiesta en aquellos casos en que los daños causados a terceros tienen la misma causa garantizada en la póliza, de modo que puedan dar lugar a una o a varias reclamaciones. Para estos casos, suele establecerse por las aseguradoras la cláusula de "unidad de siniestro" o de "siniestros en serie", con la que se persigue fijar un tope a la obligación máxima del asegurador; sobre la base de considerar que constituye un solo y único siniestro debidos a una misma causa original con independencia del número de reclamantes o reclamaciones formuladas.

Préstamo hipotecario con consumidores. Cláusulas abusivas. Nulidad de la cláusula de imposición de gastos e impuestos al consumidor. Distribución de los gastos tras la declaración de abusividad. Costas procesales.

Condiciones generales de contratación. Control de abusividad. Acción colectiva de cesación: en el ámbito del suministro de electricidad. Modificación unilateral de tarifas y comunicación al consumidor en la factura. Nulidad de la cláusula que modifica el contrato.

Los contratos de suministro de bienes naturales son contratos normados o reglados, lo cual supone que, junto con su contenido propiamente convencional, incorporan previsiones impuestas por los poderes públicos, lo cual no puede obviarse en su interpretación.

Existe la obligación de los Estados miembros de garantizar a los clientes domésticos y a las pequeñas empresas el acceso a un suministro de electricidad de calidad determinada a precios comparables, transparentes y razonables.

Contratos bancarios. Préstamo hipotecario. Cláusulas abusivas. Cálculo de intereses con base 360 días.

Préstamo hipotecario, donde se establecía en su clausulado: "El importe dispuesto y/o pendiente de amortizar devengará en cada momento a favor de la Caja el tipo de interés determinado en esta misma estipulación, el cual se calculará en base a un año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días "año comercial"".

Transporte aéreo. Gran retraso. Derecho a compensación. Requisitos. Presencia del viajero en la facturación o el aeropuerto.

El litigio principal tiene su origen en el retraso en la salida de un vuelo. No obstante, el punto esencial de este litigio reside en las consecuencias que este retraso ha podido ocasionar.

Acción de responsabilidad del administrador por deudas sociales. Plazo de prescripción. Interrupción de la prescripción de las obligaciones mercantiles. Mutatio libelli. Motivación.Error en la valoración de la prueba.

La jurisprudencia, al interpretar conjuntamente los arts. 944 CCom y 1973 CC, ha extendido a las obligaciones mercantiles los efectos interruptivos de la reclamación extrajudicial. Pero en todo lo demás, considera subsistente el art. 944 CCom, en sus propios términos y con las especialidades que contiene. Así, tal prevalencia se afirma única y exclusivamente para justificar la eficacia de la reclamación extrajudicial como medio de interrumpir la prescripción extintiva de las acciones también en el ámbito mercantil.

Crédito de pago aplazado. Tarjetas revolving. Intereses usurarios. Clausulado del contrato. Control de incorporación. Tamaño de la letra del documento.

Para determinar la referencia que ha de utilizarse como interés normal del dinero a efectos de la comparación con el interés cuestionado y valorar si el mismo es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada. El crédito revolving tiene una categoría específica en el Boletín Estadístico del Banco de España para determinar el tipo medio como parámetro comparativo (Capítulo 19.4 del Boletín Estadístico del Banco de España, con columna separada e independiente del crédito al consumo). Para el crédito revolving se entenderá como interés usurario, por ser notablemente superior al normal del dinero, tanto respecto de los contratos formalizados con anterioridad al año 2010, como respecto de los contratos formalizados con posterioridad a dicha fecha, el que supere en 6 puntos porcentuales el tipo medio.

Seguros. Acción directa contra la aseguradora de la administración sanitaria, tras desestimarse por resolución firme en vía administrativa la reclamación de responsabilidad patrimonial.

El recurso se interpone por interés casacional en su modalidad de oposición a la doctrina jurisprudencial de la sala sobre la improcedencia de la acción directa deducida en vía civil contra la aseguradora de una Administración sanitaria, cuando el expediente administrativo contra la propia Administración concluye con resolución desestimatoria firme.