Jurisprudencia de Derecho Mercantil

Derecho de sociedades. Reducción de capital social. Responsabilidad solidaria de deudas sociales.

Reclamación de un acreedor de la sociedad basada en el art. 331 LSC que hace a cada uno de los socios responsables solidarios de las deudas sociales anteriores a la reducción del capital social y hasta el límite de la aportación recibida. Aunque existe un cumplimiento formal y aparente de los presupuestos de la acción, las circunstancias en que se ha ejercitado ponen en evidencia la falta de buena fe en el ejercicio de ese derecho de reclamación. Esto se pone de manifiesto en que, para atender a reclamaciones de créditos anteriores a la reducción de capital social, se había acordado la constitución de una reserva de 2.609.000 euros, durante el preceptivo periodo de tiempo de vigencia de la responsabilidad de los socios (5 años), y aunque formalmente se dirigió una reclamación frente a la sociedad no se aporta información alguna sobre ese incumplimiento y la eventual insuficiencia de esa reserva para atender la reclamación formulada, máxime cuando lo que se reclama es muy inferior a esa reserva.

Contrato de franquicia. Pacto de no competencia postcontractual y de confidencialidad contractual. Cláusula penal. Efectos jurídicos de la nulidad.

Acción en reclamación de cantidad por incumplimiento del pacto de no competencia y confidencialidad post-contractual en contrato de franquicia. Demanda reconvencional en que se postula la nulidad del contrato por ilicitud del objeto, la anulación por vicio del consentimiento y la nulidad de varias cláusulas. Nulidad de la cláusula de fijación de precios, por infracción del art. 101.1 TFUE y del art. 1.1.a) LDC, y consiguiente nulidad del contrato. Efectos jurídicos de la nulidad y aplicación del art. 1303 CC. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sanciona con la nulidad de pleno derecho aquellas las decisiones que tengan por objeto la fijación de los precios de compra o de venta. Y en similares términos la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, bajo el título «Conductas colusorias», establece la prohibición de todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en la fijación, de forma directa o indirecta, de precios.

Marca de la Unión Europea. Causas de nulidad absoluta. Autonomía y coexistencia. Criterios para apreciar la mala fe al presentar la solicitud. Elementos sobrevenidos con posterioridad. Signo constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

El Tribunal de Justicia declara que:

1. El artículo 52, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea], debe interpretarse en el sentido de que la causa de nulidad absoluta prevista en el artículo 52, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, en relación con su artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), y la causa de nulidad absoluta prevista en el artículo 52, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento son autónomas, pero no se excluyen mutuamente.

Transporte aéreo internacional. Responsabilidad de los transportistas aéreos. Daño ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de equipaje. Protesta anterior a la fecha en que el equipaje ha sido puesto a disposición de su destinatario.

Desde la fecha de entrada en vigor del Convenio de Montreal por lo que respecta a la Unión, el 28 de junio de 2004, las disposiciones de este Convenio forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión y el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse con carácter prejudicial sobre su interpretación. Resulta del mencionado Convenio que, en caso de retraso en la recepción del equipaje o de la carga, su destinatario debe comunicar su protesta al transportista a más tardar dentro de veintiún días, a partir de la fecha en que el equipaje o la carga hayan sido puestos a su disposición. Si bien establece un plazo de caducidad de veintiún días a partir de la fecha de puesta a disposición del equipaje para realizar tal protesta, únicamente determina el último día del plazo al término del cual ya no es posible, en principio, efectuar válidamente esa protesta. La interpretación literal sugiere que dicha protesta puede realizarse en cualquier momento desde que se constata un retraso en la entrega del equipaje o de la carga hasta la expiración de dicho plazo, y, por tanto, incluso antes de esa fecha. Y así, aunque el artículo 31, apartado 2, del Convenio de Montreal no contemple expresamente la posibilidad de formular una protesta antes de la fecha de puesta a disposición del equipaje de que se trate, esta disposición puede interpretarse en el sentido de que permite realizar una protesta antes de esa fecha.

Procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. Exclusión de los créditos públicos de la exoneración de deudas. Carácter “debidamente justificado” de tal exclusión.

El Tribunal de Justicia resuelve lo siguiente:

1. El artículo 23, apartado 4, de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia), debe interpretarse en el sentido de que:
   • procede apreciar, según las modalidades previstas a tal efecto en la normativa nacional de que se trate, si la exclusión de los créditos de Derecho público de la exoneración de deudas está «debidamente justificada»;

Seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles. Accidente en el que interviene un vehículo robado. Carga de la prueba relativa al conocimiento por la persona perjudicada del robo de dicho vehículo. Organismo responsable de la indemnización.

Cuando un Estado miembro ha optado por la intervención del organismo contemplado en el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2009/103 en caso de daños causados por vehículos robados, corresponde a este último aportar la prueba de que los perjudicados que ocupaban asiento por propia voluntad en el vehículo que causó el daño sabían que dicho vehículo era robado para poder oponer a las víctimas una disposición legal o una cláusula contractual contenida en una póliza de seguro, que excluye del seguro la utilización o la conducción de vehículos, en tales circunstancias.

La obligación de interpretación conforme obliga a los tribunales nacionales, incluidos los que resuelven en última instancia, a modificar, cuando ello sea necesario, una jurisprudencia nacional ya consolidada si esta se basa en una interpretación del Derecho interno incompatible con los objetivos de una directiva. Por lo tanto, un tribunal nacional no puede, en particular, considerar válidamente que se encuentra en la imposibilidad de interpretar la disposición nacional de que se trata de conformidad con el Derecho de la Unión por el mero hecho de que, de forma reiterada, haya interpretado esa norma de manera incompatible con ese Derecho.

Derecho de sociedades. Liquidación de sociedades. Personalidad jurídica de sociedad extinguida. Derecho de tanteo.

Aunque, en principio, la inscripción de la escritura de la extinción conlleva la pérdida de personalidad jurídica de la sociedad, la jurisprudencia de esta sala ha admitido que pueda haber casos en que esa personalidad permanezca latente. Una sociedad de capital, ya disuelta y liquidada, cuya escritura de extinción había sido inscrita en el Registro Mercantil, sigue teniendo legitimación pasiva frente a una reclamación de indemnización de daños y perjuicios. Aunque se haya culminado formalmente la liquidación de una sociedad ya sea bajo el régimen ordinario de la LSC o bajo el régimen especial del concurso de acreedores, el reconocimiento de legitimación pasiva y activa conlleva un reconocimiento de que persiste su personalidad jurídica para todo aquello que guarde relación con la terminación de la liquidación.

Propiedad intelectual. Infracción de los derechos. Derecho a la indemnización. Interpretación del art. 140 LPI. daños ex re ipsa loquitur. Acciones de competencia desleal.

Infracción de los derechos de propiedad intelectual de los demandantes de un material empleado en unos cursos de formación a agentes de ventas, que fueron empleados durante dos años por los demandados. En concreto son siete diapositivas del material sobre «esquemas, excusas y objeciones». El tribunal de instancia confirma la infracción de los derechos de autor, en concreto el derecho de reproducción.

Préstamo con garantía hipotecaria. Clausula de vencimiento anticipado. Nulidad de cláusula. Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Reiteración de la jurisprudencia de la Sala

Consecuencias de la nulidad de la cláusula de intereses moratorios pactada en un préstamo hipotecario sobre la cuota del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

En el marco de un proceso civil de restitución de prestaciones tras la nulidad de un contrato, no procede que la entidad prestamista reintegre al prestatario la diferencia entre lo abonado por este por razón del IAJD y lo que habría abonado de no haberse incluido en la base imponible los intereses moratorios. En primer lugar, porque el banco no fue el beneficiario de que la cuota tributaria fuera mayor o menor, sino que esta cuestión competía en exclusiva al prestatario, como sujeto pasivo, y a la administración tributaria.

Contrato de fianza. Carácter accesorio de la garantía. Extensión de la fianza. Aval a primer requerimiento. Seguro de caución.

Acción personal derivada de un contrato de fianza en reclamación de la suma de 75.600 euros, más intereses legales y costas.

Inexistencia de novación extintiva de la obligación garantizada e inexistencia de conducta imputable al acreedor perjudicial para la subrogación ex lege del fiador en sus derechos contra el deudor.

No estamos ante un aval a primer requerimiento, ni mucho menos ante un seguro de caución, sino ante la obligación propia de un fiador del Código civil.