Jurisprudencia de Derecho Mercantil

Concurso de acreedores. Liquidación del concurso. Suspensión de las actuaciones y de los procedimientos de ejecución.

La prohibición de levantar los embargos administrativos prevista en el art. 55.3 LC (actual art. 143.2 TRLC) tiene un límite natural o consiguiente a la solución concursal adoptada, que se extrae de la razón o sentido de la regulación de los efectos del concurso sobre las ejecuciones y apremios iniciados contra el patrimonio del deudor antes de la declaración de concurso: facilitar la solución colectiva a la situación de insolvencia, mediante el convenio o la liquidación.

Servicios en el mercado interior. Participación de un inversor puramente económico en el capital de una sociedad profesional de abogados. Restricción a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales.

El órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 49 TFUE y 63 TFUE, apartado 1, así como el artículo 15, apartados 2, letra c), y 3, de la Directiva 2006/123, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que, so pena de cancelación de la inscripción de la sociedad en cuestión en el Colegio de la Abogacía, prohíbe la transmisión de participaciones de esa sociedad a un inversor puramente económico que no tenga intención de ejercer en la referida sociedad una actividad profesional contemplada por esa normativa.

Protección de los consumidores. Responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. Conceptos de “productor” y de “persona que se presente como productor”. Requisitos.

Las personas contra las que el consumidor tiene derecho a ejercitar una acción con arreglo al régimen de responsabilidad establecido en la Directiva 85/374 se enumeran en los artículos 1 y 3 de esta. Puesto que la Directiva persigue una armonización completa de las materias que regula, la enumeración de tales personas debe considerarse exhaustiva.

Concurso de acreedores. Liquidación de empresa. Retribución de administradores concursales.  Aplicación retroactiva de legislación.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) interpuso un incidente concursal contra la administración concursal de una empresa, solicitando:

• El reconocimiento de un crédito contra la masa.
• La extinción de los honorarios de la administración concursal desde el 3 de septiembre de 2016, en aplicación de la disposición transitoria tercera de la Ley 25/2015.

Contrato de seguro. Seguro de vida e invalidez. Declaración inexacta o errónea en el cuestionario. Deber de declaración del riesgo.

Contrato de seguro de vida e invalidez, vinculado a un préstamo hipotecario y posteriormente se le reconoce por la Seguridad Social una incapacidad permanente absoluta al habérsele diagnosticado un carcinoma. El asegurado comunicó el siniestro a la aseguradora, que únicamente le ofertó un pago parcial, en aplicación de la regla proporcional, por haber omitido en el cuestionario de salud que padecía dos patologías: hipertensión arterial y epilepsia.

Interpretación del art. 89 de la Ley de Contrato de Seguro y la regla de la indisputabilidad.

Respecto a el deber de declaración del riesgo y calificación jurídica de las omisiones o inexactitudes, se configura por la jurisprudencia el deber de declaración del riesgo como un deber de contestación o respuesta a lo que pregunte el asegurador, sobre el que, además, recaen las consecuencias que derivan de la omisión del cuestionario o de la presentación de un cuestionario incompleto. Para que exista incumplimiento del deber de declaración del riego por parte del tomador del seguro, deben concurrir los siguientes requisitos:

Competencia. Prácticas colusorias. Acuerdos verticales. Restricciones por el efecto. Limitaciones relativas a la garantía de los automóviles. Obligación de la autoridad de competencia de demostrar los efectos contrarios a la competencia. Efectos reales y efectos potenciales.

El concepto de comportamiento que tiene un «efecto» contrario a la competencia engloba cualquier comportamiento del que no pueda considerarse que tiene un «objeto» contrario a la competencia, siempre que se demuestre que este comportamiento tiene por efecto real o potencial impedir, restringir o falsear la competencia de modo sensible. Para ello, es necesario examinar el juego de la competencia en el marco real en el que se desarrollaría de no existir el acuerdo, la decisión de una asociación de empresas o la práctica concertada en cuestión, definiendo el mercado o los mercados en los que este comportamiento puede producir sus efectos y, posteriormente, identificando estos efectos, ya sean reales o potenciales.

Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Operaciones entre empresas. Arrendamiento mercantil. Concepto de “cantidad adeudada”. Refacturación de alquileres y gastos conexos.

Un contrato cuya prestación característica consiste en la cesión remunerada del uso temporal de un bien inmueble, como el contrato de arrendamiento de un local profesional, constituye una operación comercial que da lugar a una prestación de servicios, en el sentido de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, siempre que se efectúe entre empresas o entre empresas y poderes públicos.

Préstamo hipotecario multidivisa. Nulidad de las cláusulas relativas a la opción multidivisa. Control de transparencia y abusividad. Diferencia con los préstamos indexados en divisas.

Prestatarios de un préstamo hipotecario multidivisa contratado con un Banco en 2008, interpusieron demanda solicitando la nulidad de las cláusulas multidivisa del contrato, alegando falta de transparencia y abusividad. El Juzgado de Primera Instancia declaró la nulidad parcial del contrato en lo relativo a las cláusulas multidivisa, obligando a recalcular la deuda en euros y condenando al banco al reembolso de comisiones de cambio de divisa. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación del Banco.

Compraventa de vivienda en construcción para uso residencial. Ley 57/1968. Finalidad residencial de la vivienda. Cantidades anticipadas por la promotora. Reclamación al banco. Avalista colectivo.

La jurisprudencia aplicable que con carácter general viene reconociendo la responsabilidad del avalista, aunque sea colectivo, con tal de que se hayan hecho entregas a cuenta del precio de cantidades previstas en el contrato y que el promotor haya incumplido su obligación de entregar la vivienda. Esta conclusión se funda en que en ambas instancias se ha declarado probado que con anterioridad a la reserva y a la firma del contrato de compraventa, suscribió una línea de avales en garantía de las cantidades que entregaran a cuenta del precio de sus viviendas los compradores de dicha promoción, y el banco demandado-recurrente no ha impugnado tal declaración de hechos probados mediante recurso extraordinario por infracción procesal.

Propiedad intelectual. Derecho de reproducción. Excepciones y limitaciones. Compensación equitativa. Efecto directo. Entidades de gestión. Facultades exorbitantes.

Los particulares pueden invocar directamente disposiciones incondicionales y suficientemente precisas de una directiva no solo frente a los Estados miembros y sus órganos en sentido estricto, sino también, en particular, frente a organismos que están sometidos a la autoridad o al control de una autoridad pública, cumplen una misión de interés público y disponen de facultades exorbitantes en comparación con las normas aplicables en las relaciones entre particulares. Tales organismos o entidades se distinguen de los particulares y deben asimilarse al Estado, bien porque se trata de personas jurídicas de Derecho público que forman parte del Estado en sentido amplio, bien porque están sometidos a la autoridad o al control de una autoridad pública, bien porque esta autoridad les ha encomendado ejercer una misión de interés público y a tal fin se les ha dotado de las mencionadas facultades exorbitantes.