Legislación

Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Publicada en el BOE de 28 de marzo, con la que se procede a modificar el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, a fin de transponer al derecho interno la Directiva 2011/83/UE, cuyo artículo 28 señalaba que “Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 13 de diciembre de 2013, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la misma”.

Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior

La Directiva, publicada en el DOUE del 20 de marzo, establece los requisitos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la gestión de los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor por las entidades de gestión colectiva y los requisitos relativos a la concesión, por las entidades de gestión colectiva, de licencias multiterritoriales de derechos de autor sobre obras musicales para su utilización en línea . Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 10 de abril de 2016

Reforma de la Ley Concursal.
Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.

(BOE de 1 de marzo de 2014)

Consulta y certificación de datos catastrales.
Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el Convenio con el Colegio de Abogados de Madrid.

(BOE de 3 de marzo de 2014)

Por fin ha salido publicada en el BOE del sábado 15 de marzo, la resolución que aprueba el baremo que debe utilizarse para  el cálculo de las indemnizaciones en los accidentes de tráfico para el año 2014, y que como bien sabemos, también se suele utilizar por la jurisprudencia para establecer las indemnizaciones en supuestos que haya lesionados no solo en los accidentes de circulación.

La justicia universal, en un principio, supuso otorgar a la jurisdicción española, competencia para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera de territorio nacional en relación a los delitos de genocidio, terrorismo, piratería, falsificación de moneda extranjera, prostitución y tráfico de drogas. La lista de delitos fue ampliándose por reformas posteriores, como la prostitución y corrupción de menores o incapaces (LO 11/1999), mutilación genital (LO 3/2005) y tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas (LO 13/2007).

Posteriormente, la regulación de la justicia universal, se vio limitada por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (entro en vigor el 5 de noviembre), donde partir de entonces, además de eliminar de la lista la falsificación de moneda, la Audiencia Nacional solo podía investigar delitos contra la humanidad cometidos en el exterior en el supuesto de que los acusados se encontraran en España, alguna de las víctimas tiene nacionalidad española,  o se constate  algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o  Tribunal internacional no se haya iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva,  de los hechos punibles (iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando conste el comienzo de proceso sobre los mismos hechos denunciados en otro país competente  o Tribunal internacional.

El Consejo de Ministros ha aprobado el viernes 7 de marzo, el Real Decreto Ley 4/2014, (publicado en el BOE de 8 de marzo), por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial cuyo objetivo es agilizar y flexibilizar estos procesos. Se trata de garantizar la supervivencia de sociedades que han acumulado una carga financiera excesiva, pero que son viables desde un punto de vista operativo, mediante un sistema ordenado y equilibrado de acuerdos con los acreedores y un abanico más amplio de fórmulas de refinanciación.

El Consejo de Ministros del viernes 7 de marzo, ha aprobado el Real Decreto 150/2014 (BOE de 8 de marzo), por el que se modifica el Reglamento de la Ley sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, de 30 de octubre de 2006, con el fin de establecer los criterios por los que se realizará la prueba que capacitará para el ejercicio de ambas profesiones. Dicha Ley estimó necesario adquirir una cualificación profesional más allá de la sola obtención de una titulación universitaria, tanto para la consecución del título profesional de abogado (quien presta asistencia letrada bajo esa denominación), como del de procurador (que ejerce la representación procesal de las partes en los procesos judiciales).

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el Convenio con el Colegio de Abogados de Madrid.

Publicado en el BOE de 3 de marzo, tiene como objeto, la colaboración entre la Dirección General del Catastro, a través de la Gerencia Regional del Catastro de Madrid, y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, para el desarrollo de actuaciones dirigidas a facilitar a los ciudadanos la consulta y certificación de datos catastrales, así como la presentación de declaraciones ante el Catastro, en régimen de encomienda de gestión. Así mismo, se autoriza al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid a acceder a los datos catastrales de carácter protegido necesarios para la tramitación de las solicitudes de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Medidas financieras.
Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico.

(BOE de 18 de febrero de 2014)

El DOUE de 28 de febrero de 2014, publica la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) no 1093/2010.

Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 21 de marzo de 2016, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva; es decir, no se aplicará a los contratos de crédito en curso antes del 21 de marzo de 2016.