Legislación

La indexación permite modificar un valor monetario vinculándolo a las variaciones de un índice determinado a lo largo de un período. La indexación basada en índices generales, como el Índice de Precios de Consumo (IPC), aunque es una convención ampliamente extendida, no necesariamente produce beneficios ni está justificada. En economías donde la inestabilidad macroeconómica, en particular una elevada inflación, erosiona el poder adquisitivo se recurre a referenciar la evolución en el tiempo de tales valores monetarios a índices de precios como mecanismo de defensa.

La idea de seguridad ciudadana y los conceptos afines a la misma, señala la exposición de motivos de la nueva Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, recién publicada en el BOE, huye de definiciones genéricas que justifiquen una intervención expansiva sobre los ciudadanos en virtud de peligros indefinidos, y evita una discrecionalidad administrativa y una potestad sancionadora genéricas. Para garantizar esa seguridad ciudadana, concepto constitucionalmente asimilado al de seguridad pública, que es una de las prioridades de la acción de los poderes públicos, el modelo de Estado de Derecho instaurado por la Constitución dispone de tres mecanismos: el ordenamiento jurídico, el Poder Judicial, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Tal como se anunció en el Consejo de Ministros del pasado viernes, hoy lunes 23 de marzo, se publica en el BOE el Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional a la tasa de reposición recogida en el artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, autorizándose la convocatoria de:

• Hasta 200 plazas en la Escala de funcionarios de ADMINISTRACIÓN LOCAL con habilitación de carácter nacional.
• 294 plazas en el ámbito de la LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y EL CONTROL DEL GASTO, de las cuales 30 plazas en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, 10 plazas en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, 194 plazas en el Cuerpo Técnico de Hacienda, 30 plazas en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad, y 30 plazas en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública.
• 150 plazas en el ámbito de la LUCHA CONTRA EL FRAUDE LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL, de las cuales 19 plazas en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social, 13 plazas en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social, 5 plazas en el Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, 25 plazas en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, 43 plazas en el Cuerpo de Subinspectores de Empleo y de Seguridad Social, 27 plazas en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, y 18 plazas en el Cuerpo de Gestión de la Administración de Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad,
• 160 plazas en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, para desempeñar sus funciones en el ámbito de los órganos jurisdiccionales que integran la Administración de Justicia.

Entidades  locales. Información tributaria
Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda.

(BOE  de 2 de marzo  de 2015)

Productos alimenticios
Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al por menor.

(BOE  de 4 de marzo  de 2015)

Real Decreto 127/2015, de 27 de febrero (BOE de 13 de marzo), por el que se integran los centros de ventanilla única empresarial y la ventanilla única de la Directiva de Servicios en los Puntos de Atención al Emprendedor.

Conforme a la disposición adicional  segunda de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) como ventanillas únicas electrónicas o presenciales a través de las que se podrán realizar todos y cada uno de los trámites para el inicio, ejercicio y cese de la actividad empresarial, sustituirán a los Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT) e igualmente a los centros de ventanilla única empresarial (VUE) y la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios eugo.es (VUDS) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que se integrarán en los Puntos de Atención al Emprendedor. Dicha integración se realiza reglamentariamente mediante este Real Decreto.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 140/2015, de 6 de marzo, sobre Demarcación Notarial, por el que se ajusta el número de notarías a las necesidades actuales del servicio y se mejora la prestación que reciben los ciudadanos.

La disminución de la actividad económica en los últimos años ha reducido el número de transacciones, fundamentalmente en los sectores inmobiliario y financiero, con la consecuente caída de la demanda del servicio notarial por parte de ciudadanos y empresas. Se trata de una circunstancia que obliga a acomodar la plantilla notarial a la realidad actual, reordenando territorialmente las notarías existentes, creando otras nuevas y, en su caso, suprimiendo las que se consideran innecesarias. Por tanto, la nueva demarcación que se aprueba por este Real Decreto tiene por objetivo, no sólo dar respuesta a la disminución de transacciones, sino también solucionar desajustes de ordenación en el propio Cuerpo de Notarios. De este modo, se vela así por la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios notariales en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional.

Emprendedores. Legalización de libros.
Instrucción de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre legalización de libros de los empresarios en aplicación del artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

(BOE de 16 de febrero de 2015)

Medio ambiente.
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

(BOE de 21 de febrero de 2015)

El BOE de 28 de febrero, publica el Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. La norma persigue facilitar el desendeudamiento de la economía española, al tiempo que se amplía la protección a aquellos colectivos más vulnerables por la crisis.

Economía y competitividad

• "Segunda oportunidad" para particulares y ampliación de la protección de deudores hipotecarios
• El proceso concursal permitirá la exoneración de todas las deudas, aunque no se cubran con la totalidad de los bienes
• Se eliminan las "cláusulas suelo" para los colectivos vulnerables y se prorroga dos años la moratoria para los desahucios

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, con el objetivo de facilitar a las entidades aseguradoras españolas su adaptación a la Directiva europea de Solvencia II.

La reforma aprobada por el Real Decreto 128/2015, de 27 de febrero, modifica la metodología de cálculo de la tasa de descuento aplicable para el cómputo de la provisión de seguros de vida. En concreto, tras la reforma aprobada, la fórmula de cálculo de la tasa de descuento actual se incrementa en un 50 por 100 de la diferencia entre el tipo aplicable en el ejercicio 2014 y el tipo de Solvencia II sin ajuste de volatilidad. Aplicadas las modificaciones, se obtiene para 2015 un resultado de 1,91 por 100 en vez de 1,17 por 100 que resultaría de aplicarse la fórmula anterior vigente.

Tiene por objeto regular la prevención y reducción de los impactos adversos causados por la generación y la gestión de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) sobre la salud humana y el medio ambiente, determinar los objetivos de recogida y tratamiento de estos residuos, y los procedimientos para su correcta gestión, trazabilidad y contabilización. Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir los impactos globales de este uso, dando prioridad a la prevención en la generación de residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos y a la preparación para la reutilización de los mismos.