Legislación

En cumplimiento a un mandato ya contenido en la disposición final vigésima de la Ley 1/2000, 14 años más tarde, se publica la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, que tendrá un carácter subsidiario, lo cual se pone de manifiesto en virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, que da prioridad a la aplicación en esta materia de las normas de la Unión Europea y de los tratados y acuerdos internacionales en los que España sea parte.

Se publica en el BOE de 30 de julio, la Orden PRE/1565/2015, de 23 de julio, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales para el año 2015.

El plazo de presentación de solicitudes de participación en la evaluación será de treinta días hábiles, contados a partir del  31 de julio de 2015 (día siguiente a la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOE). La participación en la prueba de evaluación será gratuita.

La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples y no estará permitido el uso de textos legales ni manuales jurídicos.

Con entrada en vigor el 18 de agosto, se publica en el BOE de 29 de julio, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

La nueva normativa tiene como objeto introducir los cambios necesarios en la legislación española de protección a la infancia y a la adolescencia que permitan continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio del Estado y que constituya una referencia para las comunidades autónomas en el desarrollo de su respectiva legislación en la materia. La reforma consta de cuatro artículos, veintiuna disposiciones finales, además de siete disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias y una disposición derogatoria. A continuación, repasamos las principales novedades que afectan a las leyes sobre protección del menor, adopción, enjuiciamiento civil y al propio Código Civil. Un análisis más detallado de las modificaciones referidas al ámbito laboral/social está disponible la página laboral-social.com.

El Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, ha sido tramitado como proyecto de ley en las Cortes Generales, fruto de lo cual, se publica en el BOE de 29 de julio la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

Las novedades que introdujo el Real decreto ley ya fueron tratadas en esta página (véase “Aprobados el mecanismo de segunda oportunidad y reducción de la carga financiera”), donde también se trataron las medidas de orden social y las medidas de orden fiscal.

En el Boletín Oficial del Estado de 25 de julio de 2015 se ha publicado la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que entrará en vigor el 1 de abril de 2017.

Ante la realidad que ha cambiado sustancialmente desde 1986, se hace necesaria una actualización general de la normativa para la que en esta ocasión, dado el número de preceptos afectados y la naturaleza de los cambios, no basta con una simple reforma parcial como las realizadas hasta la fecha y por ello, a la entrada en vigor de esta norma quedará derogada la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Con entrada en vigor el  12 de agosto, se publica en el BOE del 23 de julio, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Modifica la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor dentro del sistema de protección de la infancia y la adolescencia,  configurando un nuevo marco en el que prevalece el interés del menor y en el que se refuerzan sus derechos y su protección ante malos tratos, violencia de género o abusos sexuales. Destacan las siguientes novedades:

Publicada en el BOE de 22 de julio, la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; con entrada en vigor el día 1 de octubre de 2015, excepto parte de las modificaciones que introduce en la Ley de Jurisdicción contencioso administrativa (Ley 29/1998) en los apartados uno, dos y cinco de la disposición final tercera, que lo harán el 22 de julio de 2016.

La crisis financiera acaecida en los últimos años ha llevado a cuestionar la adecuación y suficiencia del marco normativo comunitario y se ha producido el debate de cómo la actividad de auditoria podría contribuir a la estabilidad financiera, culminando el mismo en la aprobación de la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, y del Reglamento (UE) n.º 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, ambos con el fin último de reforzar la confianza de los usuarios en la información económico-financiera mediante la mejora de la calidad de las auditorías de cuentas en el ámbito de la Unión Europea.

Aprobado el Real Decreto 669/2015, de 17 de julio, que desarrolla reglamentariamente la Ley Básica de las Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación del 1 de abril de 2014, con el consenso de la mayoría de Grupos Parlamentarios. Este marco legal hace imprescindible la actualización y el desarrollo de la regulación reglamentaria aplicable a las Cámaras, que data del año 1974, fundamentalmente en lo que se refiere a aspectos organizativos, electorales, de régimen jurídico y económico y de alcance de la tutela.

En particular, se articula la composición y estructura del pleno de las Cámaras, lo que posibilita la actualización de los censos para la celebración de procesos electorales -cuya apertura deberá determinarse por el Ministerio de Economía y Competitividad, previo acuerdo de las Comunidades Autónomas- y la renovación de sus órganos de gobierno. Se abordan también el desarrollo de la tutela y su alcance y la celebración de convenios o participación en distintas entidades por parte de las Cámaras.

• Se compatibiliza la expedición de certificados de empleo público con obligación de revelar la identidad de los empleados a los órganos judiciales, con la ley de protección de datos.
• Queda ampliado el ámbito de Registro Electrónico de Apoderamientos para que el ciudadano pueda usarlo de forma presencial y no sólo electrónica.