Legislación

El Boletín Oficial del Estado publica la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. La norma consta de 94 artículos, 6 disposiciones adicionales, 11 transitorias y 13 finales, además de la correspondiente derogatoria, y estará en vigor desde el 29 de abril de 2015, salvo el contenido de su Título I –incluidas las modificaciones de la Ley de Sociedades de Garantía Recíproca que hace su artículo 5-, que no tendrá vigencia hasta tres meses después de que el Banco de España publique el modelo-plantilla de la Información Financiera-PYME y del informe estandarizado de evaluación de la calidad crediticia de la pyme a los que se hace referencia en el artículo 2.3 y el apartado 2 de la disposición final duodécima, apartado este que, a su vez, señala como plazo para esta tarea el de 5 meses, es decir, que, teóricamente, la totalidad del texto debiera estar vigente no mucho después del comienzo de 2016, si no antes.

El BOE de 28 de abril de 2015, publica la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

1. Derecho de traducción e interpretación.

Introduce novedades en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reconociendo el derecho a traducción e interpretación para aquellas personas que no hablan o no entienden la lengua del procedimiento, extendiéndose a todas las actuaciones en las que sea necesaria su presencia, incluyendo el interrogatorio policial o por el Ministerio Fiscal y todas las vistas judiciales. Incluye un intérprete en las comunicaciones con su Abogado y requiere además que se le facilite la traducción de los documentos esenciales tales como las resoluciones por las que se priva a una persona de su libertad, los escritos de acusación o las sentencias. La traducción deberá hacerse en un plazo razonable.

Publicado el estatuto de las víctimas en el BOE de 28 de abril, constituye un catálogo general de los derechos procesales y extraprocesales de las víctimas que sigue las líneas trazadas por la Directiva 2012/29/UE, si bien de forma más ambiciosa; considerando como víctima a toda persona que sufra un perjuicio físico, moral o económico a consecuencia de un delito (víctima directa), y también a sus familiares (víctimas indirectas). El horizonte temporal de la directiva era el 16 de noviembre de 2015, si bien el estatuto entra en vigor el 28 de octubre del presente año.

El objetivo es dar una respuesta jurídica y sobre todo social a través de un trato individualizado a todas las víctimas, que serán evaluadas para atender las circunstancias de su caso; es decir, el reconocimiento, protección y apoyo a la víctima no se limita a los aspectos materiales y a la reparación económica, sino que también se extiende a su dimensión moral.

Medio ambiente. Residuos
Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

(BOE  de 7 de abril  de 2015)

La necesidad de mantener la unidad de mercado, aconseja la adopción de criterios comunes, aplicables a todos los traslados de residuos que se realicen en el territorio del Estado; fruto de lo cual, se publica en el BOE del 7 de abril de 2015, el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

La Ley 22/2011, de 28 de julio, además de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del derecho de la Unión, ha sentado las bases para la determinación de esos criterios rectores del régimen de traslados, procediendo ahora, mediante la aprobación de este real decreto, el desarrollo de los mismos.

Seguro de vida. Cálculo de provisiones.
Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo de la provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2015.

(BOE  de 18 de marzo  de 2015)

Servicios de pago
Circular 1/2015, de 24 de marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas.

(BOE  de 30 de marzo  de 2015)

Código Penal
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

(BOE  de 31 de marzo  de 2015)

Se publica en el BOE del 31 de marzo la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que aunque estaba previsto que entrara en vigor a los seis meses de su publicación en el BOE, finalmente echará a andar el 1 de julio de este año.

La indexación permite modificar un valor monetario vinculándolo a las variaciones de un índice determinado a lo largo de un período. La indexación basada en índices generales, como el Índice de Precios de Consumo (IPC), aunque es una convención ampliamente extendida, no necesariamente produce beneficios ni está justificada. En economías donde la inestabilidad macroeconómica, en particular una elevada inflación, erosiona el poder adquisitivo se recurre a referenciar la evolución en el tiempo de tales valores monetarios a índices de precios como mecanismo de defensa.

La idea de seguridad ciudadana y los conceptos afines a la misma, señala la exposición de motivos de la nueva Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, recién publicada en el BOE, huye de definiciones genéricas que justifiquen una intervención expansiva sobre los ciudadanos en virtud de peligros indefinidos, y evita una discrecionalidad administrativa y una potestad sancionadora genéricas. Para garantizar esa seguridad ciudadana, concepto constitucionalmente asimilado al de seguridad pública, que es una de las prioridades de la acción de los poderes públicos, el modelo de Estado de Derecho instaurado por la Constitución dispone de tres mecanismos: el ordenamiento jurídico, el Poder Judicial, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Tal como se anunció en el Consejo de Ministros del pasado viernes, hoy lunes 23 de marzo, se publica en el BOE el Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional a la tasa de reposición recogida en el artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, autorizándose la convocatoria de:

• Hasta 200 plazas en la Escala de funcionarios de ADMINISTRACIÓN LOCAL con habilitación de carácter nacional.
• 294 plazas en el ámbito de la LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y EL CONTROL DEL GASTO, de las cuales 30 plazas en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, 10 plazas en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, 194 plazas en el Cuerpo Técnico de Hacienda, 30 plazas en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad, y 30 plazas en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública.
• 150 plazas en el ámbito de la LUCHA CONTRA EL FRAUDE LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL, de las cuales 19 plazas en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social, 13 plazas en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social, 5 plazas en el Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, 25 plazas en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, 43 plazas en el Cuerpo de Subinspectores de Empleo y de Seguridad Social, 27 plazas en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, y 18 plazas en el Cuerpo de Gestión de la Administración de Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad,
• 160 plazas en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, para desempeñar sus funciones en el ámbito de los órganos jurisdiccionales que integran la Administración de Justicia.