Legislación

A la espera de una reforma en mayor profundidad que traiga consigo el futuro Código Procesal Penal, hay reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que no pueden demorarse más, como  son el fortalecimiento de las garantías procesales del investigado, en relación a la investigación tecnológica en el ámbito de los derechos a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos personales garantizados por la Constitución, carentes de marco legal por tratarse de una ley aprobada en 1882.

A la espera de una reforma en mayor profundidad que traiga consigo el futuro Código Procesal Penal, hay reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que no pueden demorarse más, como  son el fortalecimiento de las garantías procesales del investigado, en relación a la investigación tecnológica en el ámbito de los derechos a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos personales garantizados por la Constitución, carentes de marco legal por tratarse de una ley aprobada en 1882.

Se publica en el BOE de 6 de octubre la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil que entrará en vigor el 7 de octubre de 2015, excepto:

• Las previsiones relativas a la obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales, que aún no lo hagan, de emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, entrarán en vigor el 1 de enero de 2016, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ilustra perfectamente en su título el objeto tratado: tal y como expresa su preámbulo, abarca la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas y el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado, incluidas la Administración institucional y la Administración periférica del Estado; contiene también la regulación sistemática de las relaciones internas entre las Administraciones, estableciendo los principios generales de actuación y técnicas de relación entre los sujetos públicos, sistematizando el ordenamiento de las relaciones ad intra e inter Administraciones, al que complementan la normativa presupuestaria y la Ley del Gobierno, que se sigue manteniendo separada de la norma reguladora de la Administración, que este dirige, dadas su naturaleza y funciones eminentemente políticas, pero que sufre, sin embargo, una reforma orientada a extraer aquellas materias que, por ser más propias de la organización y funciones de los miembros del gobierno en cuanto que órganos administrativos, deben regularse en la norma aquí objeto del presente comentario.

En el BOE de 3 de octubre se publica el Real Decreto Ley 11/2015, de 2 de octubre,para regular las comisiones por la retirada de efectivo en los cajeros automáticos de una entidad ajena a la emisora de la tarjeta de débito o crédito. Se elimina la doble comisión de forma que la entidad propietaria del cajero automático no podrá exigirla al usuario del servicio pero sí a la entidad emisora de la tarjeta. El emisor de la tarjeta podrá repercutir o no, total o parcialmente, esta comisión a su cliente, según su política comercial. La pantalla del cajero automático deberá informar al usuario del importe máximo que se podrá repercutir.

La norma entra en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y las entidades deberán adaptarse antes del 1 de enero de 2016.

Publicada en el BOE de 2 de octubre, la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  que implantarán una Administración totalmente electrónica, interconectada, transparente y con una estructura clara y simple. Entrará en vigor el 2 de octubre del 2016, no obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del 2 de octubre de 2018.

Medidas financieras
Resolución de 18 de septiembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se modifica el anexo 3 de la Resolución de 31 de julio de 2015, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.

Se publica en el BOE de 23 de septiembre la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

Esta reforma, que se aplicará únicamente a los accidentes de circulación que se produzcan tras su entrada en vigor (1 de enero de 2016), actualiza un sistema vigente desde 1995, fruto de un importante acuerdo entre las dos partes afectadas: las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y la representación de las entidades aseguradoras. El nuevo texto actualiza la norma adaptándola a la realidad social actual, de manera que se fomenta la rápida resolución de los conflictos y se potencian los acuerdos extrajudiciales.

De entrada en vigor inmediata (el 24 de septiembre), el BOE de 23 de septiembre publica la Ley Orgánica 12/2015, de 22 de septiembre, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para el establecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía o de su modificación.

Se publica en el BOE de 22 de septiembre, la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; entrando en vigor el 7 de octubre de 2015.

La norma tiene por objeto garantizar la correcta aplicación del derecho internacional y la incorporación de la normativa de la Unión Europea en nuestro ordenamiento jurídico. También se persigue incorporar en nuestro ordenamiento jurídico los principales objetivos de la Estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad hasta 2020, para incluir por primera vez los de evitar la pérdida neta de biodiversidad, así como la prevención de los problemas consecuencia del cambio climático, que se incluye igualmente como uno de los deberes de las Administraciones públicas. Como novedades podemos destacar las siguientes: