Jurisprudencia

• Tercería resuelta por un Juzgado de lo Penal y recursos posibles
• Graduación de los delitos de maltrato animal
• Conformidad de sentencia e individualización penológica
• Delito de prevaricación por nombramiento ilegal de técnico

• Orden de llamamiento de los beneficiarios en los seguros de personas vinculados a préstamos hipotecarios
• Contrato de prestación de servicios jurídicos con cláusula de tarifa de honorarios por hora
• Medidas para contener la propagación mundial de una enfermedad infecciosa y efectos en viajes combinados
• Mutualidad de Procuradores: reglas de reparto de prestaciones del capital constituido por el mutualista en caso de fallecimiento

• El acuerdo previo en la interposición del recurso de inconstitucionalidad por cincuenta diputados o senadores
• El Supremo anula la exclusión de los espectáculos taurinos del Bono Cultural Joven
• Eficacia de la notificación administrativa del segundo intento transcurrido el plazo de caducidad
• Información sobre los destinatarios a los que se comunicaron los datos personales

El Supremo rechaza rebajar la pena por malversación por lo que confirma la inhabilitación absoluta para Junqueras y Bassa hasta 2031 y para Romeva y Turull hasta 2030. Condena a Sánchez y Cuixart como autores de un delito de desórdenes públicos y a Forcadell, Rull y Forn por desobediencia. En relación a estos cinco condenados, la entrada en vigor de la reforma de 2022 determina la extinción total de sus respectivas condenas de inhabilitación. El tribunal niega que el derogado delito de sedición pueda entenderse ahora castigado en el nuevo delito de desórdenes públicos. La Sala advierte que la reforma deja impunes los procesos secesionistas sin violencia.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha revisado la sentencia dictada en la causa del procés el 14 de octubre de 2019 ante la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y da una redacción a los delitos de malversación y desórdenes públicos, para determinar si la pena de inhabilitación impuesta a los condenados, no extinguida por no estar abarcada por el indulto parcial del Gobierno, ha de ser sustituida por penas que la reforma asocia a los nuevos tipos delictivos.

Dicha autoridad deberá no obstante negarse a ejecutar dicha orden de detención si comprueba que en ese Estado miembro hay deficiencias sistémicas o generalizadas que afectan a su sistema judicial y que el órgano jurisdiccional que habrá de enjuiciar a la persona buscada en dicho Estado miembro es manifiestamente incompetente para ello.

El Tribunal Supremo plantea al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones prejudiciales suscitadas en el marco de las diligencias instruidas contra ex dirigentes catalanes tras la celebración, el 1 de octubre de 2017, de un referéndum de autodeterminación de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Dado que algunos de los encausados, entre ellos D. Lluís Puig Gordi, habían abandonado España, fueron objeto de órdenes de detención europeas (en lo sucesivo, «ODE»). Los tribunales belgas rehusaron cursar la ODE emitida contra el Sr. Puig Gordi por considerar que había un riesgo de que se vulnerara el derecho de este a ser juzgado por un tribunal establecido por la ley, dado que la competencia del Tribunal Supremo para enjuiciar a las personas reclamadas no se apoyaba en una base jurídica expresa.

• Allanamiento de morada de segundas residencias y vacacionales
• No existe responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra los derechos de los trabajadores
• Abogado colegiado como ejerciente en el delito de deslealtad profesional
• Maltrato animal y el sacrificio de animales heridos

• Ha de existir relación de causalidad entre el incumplimiento de las obligaciones de asesoramiento financiero y el daño patrimonial sufrido a causa de la inversión
• El titular registral carece de acciones de violación de la marca respecto de un uso anterior a su titularidad
• Interpretación del art. 204.1 de la Ley de Sociedades de Capital sobre impugnación de acuerdos sociales con abuso de la mayoría
• El derecho de socio a participar en el reparto de las ganancias sociales

• Derecho a la propia imagen y su posible aplicación a la propia voz
• El requerimiento previo de pago es un acto de comunicación recepticio que exige la constancia de su recepción
• Inadmisión por extemporánea de solicitud de nulidad de actuaciones trascurridos más de dos años de la sentencia del TJUE en que se basa
• Tutela judicial efectiva sin indefensión. Acceso al recurso. Deber de recabar de oficio la designación de procurador

• Potestad de autoorganización de los municipios
• Sanciones de suspensión del ejercicio de la abogacía como cuantía indeterminada
• El TC accede a la medida cautelar de suspensión de la tramitación de las enmiendas modificativas de la LOTC y la LOPJ
• Legitimación de una orden religiosa para la impugnación de actos que afecten a un centro docente del que es titular

El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado hoy un auto en el que establece las consecuencias de la reforma del Código Penal que ha entrado hoy en vigor para los procesados en la causa declarados en rebeldía, Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat catalana, los exconsejeros Antonio Comín, Lluis Puig y Clara Ponsatí, y la secretaria general de Esquerra Republica de Catalunya, Marta Rovira.