Jurisprudencia

• Caducidad de los procedimientos de reintegro de subvenciones y sus efectos
• El TEDH condena a España por imponer una pena de cárcel a dos manifestantes que quemaron la foto de los Reyes
• Contratos del sector público: actos propios y confianza legítima. Declaración de lesividad
• Alteración de términos municipales. Consulta popular sobre la segregación de un barrio de un municipio
• Revisión de oficio de la administración de actos nulos de pleno derecho

• El abuso de derecho como causa de impugnación de acuerdos sociales
• Condena a compañía telefónica por facturar periodos completos cuando el servicio había dejado de prestarse
• Deber de custodia del depositario en los contratos de arrendamiento de caja de seguridad
• Incumplimiento por España del Reglamento CE 1071/2009 al exigir un mínimo de tres vehículos a empresas de transporte
• El Tribunal General considera el elemento denominativo «la mafia» contrario al orden público
• El TJUE vuelve a excluir como servicio de la sociedad de la información a Uberpop y lo considera transporte

• Testamentos notariales otorgados por una mujer con discapacidad intelectual sometida a curatela
• Extinción del contrato de arrendamiento de local por jubilación, no asimilado a la jubilación parcial
• La protección de datos y el requisito de existencia de una deuda cierta, exacta, líquida y exigible para la inclusión de morosos en registros
• El TS declara que la libertad de expresión en un periódico digital no ampara la venganza por una denuncia penal previa del demandante contra el demandado
• El TS revoca la nulidad de un matrimonio que se había invalidado por falta de consentimiento al haber sido prestado por contrayente con discapacidad intelectual
• Obligaciones solidarias. Retroacción de las actuaciones por falta de litisconsorcio pasivo necesario

Los Estados miembros pueden prohibir y sancionar penalmente el ejercicio ilegal de la actividad de transporte en el marco del servicio uberPOP sin notificar previamente a la Comisión el proyecto de ley que tipifica como delito dicho ejercicio

La sociedad francesa Uber France presta, por medio de una aplicación para teléfono inteligente, un servicio denominado uberPOP, con el cual pone en conexión a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean efectuar desplazamientos urbanos. En el marco del servicio prestado por medio de esa aplicación, la sociedad fija las tarifas, recauda del cliente el precio de cada carrera (antes de abonar una parte al conductor no profesional del vehículo) y emite las facturas.

La sociedad española La Honorable Hermandad (a la que sucedió La Mafia Franchises) solicitó en 2006 a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro de la siguiente marca de la Unión, concretamente para servicios de restauración:

La Sala Primera resuelve que sí hubo intromisión ilegítima por parte del director de una publicación digital

La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que declara que el director de prnoticias.com, y E-Contenidos S.L., como editora de dicha publicación digital, cometieron una intromisión ilegítima en el derecho al honor de I.L., director de comunicación del Consejo General de Enfermería de España, por varios artículos y comentarios periodísticos del director publicados entre enero y marzo de 2014. El TS condena a los demandados a pagar solidariamente una indemnización de 10.000 euros, y a difundir el fallo en la página web de la publicación y en una cuenta de twitter del periodista.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia de 15 de marzo de 2018, ha estimado el recurso de casación interpuesto por una ciudadana china frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que, confirmando la sentencia de primera instancia, había declarado la nulidad de su matrimonio.

En ambas instancias se había acordó la nulidad por falta de consentimiento matrimonial, por haber sido prestado por contrayente con discapacidad intelectual.

Ambas sentencias sostuvieron que el esposo de la recurrente, hoy difunto, no había prestado verdadero consentimiento matrimonial, al haber sido declarado incapaz.

• El Fenómeno Okupa y la usurpación pacífica de inmuebles
• Fuerza de cosa juzgada de una sentencia penal firme en relación con el procedimiento administrativo
• El TS permite imponer como pena la prohibición de acceder al metro por un tiempo a condenados por hurto en sus instalaciones
• Normativa nacional que establece una sanción y una sanción penal para los mismos hechos

• Falta de competencia territorial de la Agencia española de protección de Datos al no ser una empresa establecida en España
• Movimientos por territorio nacional de dinero por importe igual o superior al permitido sin declaración oportuna
• La protección de datos y la infracción del deber de información en formularios por internet de recogida de datos
• Indemnización por daños morales a un paciente tras diagnosticarle por error VIH y hepatitis
• Regulación de las viviendas de uso turístico en Castilla y León. Anulación de la prohibición de cesión por habitaciones

• Legitimación de la heredera para reclamar por las participaciones preferentes suscritas por el causante
• El Supremo establece que el pago del impuesto por la constitución de las hipotecas incumbe al prestatario
• Exclusión de los intereses de demora en los contratos de seguro por la existencia de causa justificada
• Compatibilidad entre la auditoría y la asesoría fiscal: el riesgo de autorrevisión. Dietas por asistencia a reuniones del consejo de administración