Casos Prácticos Derecho Civil

Resulta posible la acreditación de la posesión de estado de la filiación aun en ausencia de alguno de sus tres elementos clásicos. No sería exigible el nomen en el sentido estricto de que el supuesto hijo usara los apellidos del progenitor.
El Tribunal Supremo reconoce el plazo de caducidad de cuatro años y admite expresamente un reconocimiento voluntario y consciente, no viciado, en el llamado reconocimiento de complacencia. Sin embargo, conviene constatar que también ha habido pronunciamientos contrarios porque se basan en la irrevocabilidad del reconocimiento.

Palabras claves: filiación extramatrimonial; caducidad; acción de reclamación; reconocimiento de complacencia; posesión de estado.

La regulación respecto a los derechos de los pasajeros en el transporte aéreo tiene por objeto que estos consumidores se vean completamente resarcidos por los perjuicios que pudieran sufrir en el desarrollo de su vuelo, y que el pasajero pueda hacer valer sus derechos frente al transportista u operador aéreo en caso de cancelación, denegación de embarque o retraso significativo del vuelo. En un sector como el de transporte aéreo de pasajeros es habitual la inclusión de cláusulas de elección de tribunales dentro de las condiciones y términos del transporte impuestas por el operador, y cuya eficacia habrá de evaluarse a la luz del Derecho internacional privado.

Palabras claves: transporte aéreo internacional; pasajeros; Convenio de Montreal; competencia judicial internacional; Derecho aplicable.

El presente caso trata de arrojar algo de luz acerca de la relación jurídica existente entre los administradores de las comunidades de propietarios y las propias comunidades, pues de la delimitación de su naturaleza jurídica dependerán los derechos y obligaciones que alcanzan a este profesional. Además de ello, trataremos de abordar el problema del cese del administrador cuando no ha transcurrido el mandato anual previsto y para el cual fue renovado, atendiendo a los criterios que nuestros tribunales han ido detallando y que diferencian claramente entre el cese por causas justificadas y el cese por motivos no justificados, dependiendo de que la comunidad sea capaz de demostrar que haya habido o no incumplimientos profesionales del administrador.

Palabras claves: administrador de fincas; comunidad de propietarios; contrato de mandato; arrendamiento de servicios profesionales.

El presente caso trae a colación un supuesto de vulneración de la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho al recurso, a partir de la relación existente entre este derecho fundamental y el beneficio de justicia gratuita, pero en el supuesto de insuficiencia de recursos económicos para litigar para la apelación por causa sobrevenida. El alcance del requisito de la insuficiencia económica sobrevenida debe ser entendido en el sentido de poder acreditar que hayan sucedido nuevas circunstancias que originen la insuficiencia; pero también han de valorarse los casos de personas que no precisaron la justicia gratuita en la primera instancia y ahora la necesiten para la segunda por otra causa que no sea la disminución sobrevenida de medios económicos. El precepto legal no recoge un número limitado de causas por las que se pueda precisar el beneficio solo para la segunda instancia, pues el interesado puede aducir otros motivos distintos con tal de que los mismos causen la carencia de recursos para litigar; debemos estar a cada caso y a las vicisitudes del mismo.

Palabras claves: gratuidad de la justicia; tutela judicial efectiva; derecho fundamental al recurso; insuficiencia de recursos.

El caso que se propone trata de exponer la problemática propia de los accidentes de tráfico acaecidos en las autopistas de peaje, cuando los mismos tienen su origen en circunstancias referidas a defectos de mantenimiento de la seguridad en la propia autopista. El pago del peaje hace nacer un especial vínculo jurídico contractual entre quien lo paga, y se ve afectado por el accidente, y la propia concesionaria que recibe el pago. Son muchos los supuestos de hecho que pueden concurrir, pero en todos ellos subyace la responsabilidad objetiva como cobertura jurídica que permite imputar la responsabilidad a la concesionaria y su aseguradora a la hora de indemnizar al lesionado. Las características de este tipo de vía obligan a la concesionaria al mantenimiento de una diligencia extrema en el mantenimiento de las condiciones de seguridad.

Palabras claves: accidentes de tráfico; autopistas; responsabilidad contractual; responsabilidad objetiva.

La jurisprudencia más moderna también fundamenta la responsabilidad extracontractual del artículo 1.902 del CC en la culpa. No es solo la falta de diligencia por acción u omisión, sino la prueba del acto generador del daño imputable a alguien, la prueba del hecho y de la culpabilidad. Y en cuanto a la imputación objetiva a efectos de la determinación de la responsabilidad civil, el nexo causal entre el hecho probado y el daño es determinante. Lo impugnable no es la elección por el tribunal de una alternativa u otra en la producción del daño, sino la operación de deducción lógica realizada por el tribunal inferior. Si bien la redacción actual del artículo 219 de la LEC nos conduce a la evitación de otro proceso para el cálculo indemnizatorio en sentencias ilíquidas, la tutela judicial efectiva, en su versión de prohibición de la indefensión, puede llevarnos a una interpretación más flexible del precepto.

Palabras claves: incendio; responsabilidad extracontractual; prueba; imputación objetiva; indemnizaciones.

La cláusula suelo no es en sí misma nula. Esto es, no se considera abusiva y, por tanto, nula como consecuencia de un control de contenido. Sería nula si se hubiera introducido sin cumplir con las exigencias de transparencia previstas en el artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE, en la medida en que la falta de transparencia con carácter abstracto pueda incidir en la prestación del consentimiento del consumidor. La cláusula suelo que se incluya en el contrato de préstamo hipotecario debe superar los controles de incorporación y de transparencia, en otro caso será declarada nula por abusividad. Por tanto, es necesaria una información precontractual suficiente que incida en la transparencia de la cláusula inserta en el contrato que el consumidor ha decidido suscribir.

Palabras claves: préstamo hipotecario; cláusula suelo.

El caso que se propone aborda la importancia de la calificación jurídica como consumidor o como profesional de los prestatarios de un préstamo hipotecario, en los procesos judiciales en los que la demandante (prestatarios) promueve la declaración de nulidad de la cláusula suelo, pues cabe la posibilidad de que dicha nulidad solo sea declarada respecto de uno de los prestatarios, pero no respecto del otro, en función de la diferente calificación jurídica antes citada. Si el préstamo hipotecario tenía como finalidad la refinanciación de una deuda empresarial, no podrán los prestatarios pretender la aplicación de las normas protectoras de los consumidores a su favor, en el ejercicio de su acción encaminada a la declaración de nulidad. Ahora bien, dos personas que se hallan casadas y cuyo régimen económico matrimonial sea el de separación de bienes, pueden estar obligadas de distinta forma y alcance como prestatarias de un mismo préstamo hipotecario, pudiendo acordarse la devolución de cantidades indebidamente abonadas solo respecto de un cónyuge y no del otro.

Palabras claves: cláusula suelo; nulidad; prestatario consumidor; prestatario profesional.

El presente caso nos trae el análisis de la responsabilidad civil de los asesores fiscales a la hora de confeccionar la declaración de la renta de un cliente, tras haber cometido un error y una vez que la AEAT detecta el mismo e impone una sanción. Es muy frecuente, como sucede en el caso que se propone, que el asesor fiscal trate de exonerarse de responsabilidad alegando que su cliente no le ha proporcionado este o aquel dato o documento que era decisivo. El caso analiza a quién corresponde la responsabilidad en materia de obtención de los datos precisos para elaborar la declaración tributaria, si al cliente o al asesor fiscal, para llegar a la conclusión de que es a este último a quien, como profesional experto, corresponde esta tarea como parte de sus obligaciones.

Palabras claves: asesor fiscal; responsabilidad civil; declaración tributaria; error.