Jurisprudencia de Derecho Penal

Falsedad documental. Estafa y apropiación indebida. Dilaciones indebidas. Apropiación indebida por parte de abogado externo de Compañía de seguros de cobros e indemnizaciones recibidos a favor de éste. Si bien es cierto que cuando hay un entrecruce de intereses entre las partes con deudas y créditos recíprocos, es absolutamente necesaria la previa y definitiva liquidación para realizar el tipo objetivo de la apropiación indebida, que sólo se produciría cuando, tras la definitiva liquidación el imputado intenta hacer suyos y no entregar el crédito que se le ha reconocido a la parte contraria.

Recurribilidad del auto de sobreseimiento libre. Procedimiento abreviado. Auto de sobreseimiento libre dictado en Procedimiento Abreviado sin previa imputación formal al no haberse dictado auto del artículo 779 1. 4ª LECRIM. En relación al tema que nos ocupa, es decir la recurribilidad en casación del auto que acuerda el sobreseimiento libre en el marco de un Procedimiento Abreviado, no basta con que se haya acometido una investigación judicial y tras ella acordado el sobreseimiento, sino que es imprescindible para que la resolución que acuerda éste pueda ser fiscalizada a través del recurso de casación, que haya existido una resolución previa equivalente a un procesamiento o acto de inculpación, con la plasmación de los hechos indiciariamente delictivos, las normas en que se subsumirían esos hechos y los sujetos presuntos autores de los mismos. Y como tal se ha considerado el auto que se dicta al amparo del artículo 779,1.4º LECRIM acordando seguir los trámites con arreglo al procedimiento abreviado, o como mucho el auto que acuerda determinadas medidas cautelares que contaron con una descripción de indicios contra personas determinadas, acompañada de una subsunción de la conducta en una norma penal y la intervención de un posible autor.

Declinatoria de jurisdicción. Competencia del tribunal del Jurado. Juez ordinario predeterminado por la Ley. La mera existencia de una discrepancia interpretativa sobre la normativa legal que distribuye la competencia entre órganos de la jurisdicción penal ordinaria, no constituye infracción del derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la Ley. Y dicho derecho no resulta vulnerado cuando se trate de un mero deslinde y amojonamiento de distintos y colindantes ámbitos de actuación en hipótesis polémicas o en situaciones problemáticas, no suponiendo por tanto la ruptura deliberada del esquema competencial que las discrepancias interpretativas relativas a la competencia entre órganos de jurisdicción penal ordinaria no pueden dar lugar a la infracción del derecho constitucional al juez predeterminado por la Ley. Interpretación que deba darse de las reglas de competencia objetiva del Jurado.

Homicidio imprudente. Imprudencia grave profesional. Imprudencia grave de una médica al dar el Alta a una niña de 19 meses sin realizar la prueba, broncoscopia, para confirmar o descartar la presencia de cuerpo extraño (sin que las radiografías mostraran presencia del cuerpo extraño), palomita de maíz, alojada en vías respiratorias, actuando con dejación de la mínimas reglas de la lex artis y con el resultado de muerte por asfixia. Se impone un año de prisión, tres de inhabilitación profesional e indemnización a los padres de la menor con 130.000 euros. La facultativa médica cometió "una imprudencia grave" y que la profesional sanitaria "minusvaloró el episodio de atragantamiento y la hipoventilación pulmonar" que presentaba la niña en el momento de su consulta, siendo su conducta "constitutiva de un delito de homicidio imprudente por imprudencia grave profesional". No atendió a la niña con el arreglo de 'lex artis', puesto que tuvo ocasión de acordar una broncoscopia y no lo hizo. Para el magistrado esa prueba, aun con riesgos, hubiese permitido certificar la existencia del grano de maíz e incluso habría permitido su extracción y, por tanto, evitar la muerte posterior de la menor.

Delitos contra la Constitución. Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales. Delito contra la libertad religiosa. Derechos en conflicto.  Un grupo de treinta personas, en el que estaban los acusados, entró en el templo mientras se celebraba la misa de 12 del domingo, “lo que sabían sobradamente”. Avanzaron en tropel por el pasillo hasta aproximadamente la mitad del templo, gritando al unísono y repetidamente "aborto libre y gratuito" y "fuera los rosarios de nuestros ovarios”; y desplegaron una pancarta con esos lemas y otros símbolos. El personal de la iglesia y los feligreses formaron una barrera y extendiendo los brazos y las manos, consiguieron hacer retroceder hasta la salida al grupo, que continuó gritando sus consignas. Es delito contra la libertad religiosa quienes con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia (si bien, la Iglesia Católica está exenta de inscripción en el registro en virtud del acuerdo entre España y la Santa Sede). 

Delito contra la seguridad vial. Conducción con carnet cancelado. Conducción de un vehículo de motor sin carnet vigente por pérdida de puntos. El delito del art. 384.1 CP sanciona con toda claridad la conducción de un vehículo a motor en los casos de cancelación de vigencia del permiso por pérdida total de puntos, sin introducir matización o especificación alguna. La conducta es punible sin necesidad de apreciación de un riesgo concreto ni una peligrosidad necesitada de acreditación.

(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo penal,  de 27 de noviembre de 2017, recurso 764/2017)

Delito contra la salud pública. Fraude alimentario. Elementos.  Delito contra la salud pública en su modalidad de fraude alimentario en concurso con tres delitos de lesiones y once faltas de lesiones, por vender pescado en mal estado. Los acusados, propietario y dependiente de una pescadería, obrando con absoluto desprecio hacia la salud pública y siendo conscientes del elevado riesgo que con su conducta creaban para la salud de los consumidores y asumiendo plenamente, así, la posibilidad del menoscabo para la integridad corporal de los consumidores que su conducta pudieran causar, pusieron a la venta un mero de cerca de 30 kilos de peso que había estado previamente en el expositor de la pescadería y sin haber llevado a cabo los controles que establece la ley.

Delito continuado de estafa.  Condena por estafa a un año de prisión a una mujer que  aprovechó que conocía la contraseña de su exmarido para utilizar su cartilla bancaria y, en dos ocasiones (650 euros en total), extraer dinero sin su consentimiento.  Así lo corroboran las imágenes de las cámaras de seguridad de la Entidad Bancaria, en las que se aprecia a la mujer sacando el dinero y el “contundente” testimonio del ex marido, quien señaló que al poner al día la cartilla advirtió dos cargos en su cuenta, negó haberla dejado a nadie y admitió que no había cambiado la contraseña tras el divorcio producido desde hace mas de tres años.

Prescripción de delitos.  Pena concreta o pena en abstracto.Entre la fecha de los hechos y la apertura del procedimiento judicial han transcurrido dieciocho años y la discrepancia estriba en determinar a qué plazo de los fijados en el art. 132 CP hay que estar a efectos de la prescripción del delito.  El plazo de prescripción del delito por el que ha sido objeto de condena (según la legislación vigente en el momento de los hechos: no es aplicable retroactivamente la reforma de 1999 que para el caso de víctimas menores desplazó el dies a quo del cómputo) es de veinte años, pues la pena asignada en abstracto al delito podía alcanzar los quince años de prisión.

Delito continuado de Estafa.Insolvencia y falsedad de las cuentas sociales. Concurso medial. Caso AFINSA.Delito de blanqueo de capitales.  Contratos de compraventa de sellos a un precio muy superior al valor que pudieran alcanzar en el mercado. Se aseguraba al cliente la posibilidad de recomprar los mismos sellos al menos al mismo precio y una revalorización determinada, que era independiente de la que los sellos concretos experimentaran en el mercado. En la generalidad de los casos, los clientes ejercitaban la opción, de manera que AFINSA siempre recompraba los sellos, entregando finalmente al cliente la cantidad pagada por los sellos más la revalorización. AFINSA invertía una cantidad en la compra de los sellos pero recibía del cliente una cantidad muy superior, en la que la propia compañía los valoraba según su criterio; empleando ese dinero en el funcionamiento de la sociedad, con sus variados gastos; pagando con ese dinero la revalorización pactada Cuando finalizaba el plazo, si, como era habitual, el cliente solicitaba la devolución, pagaba la misma, en parte, con el dinero sobrante y, en otra parte, con el dinero recibido de los nuevos clientes ya que el dinero recibido por AFINSA no generaba ningún ingreso, y la compañía carecía de otra fuente de ingresos, de manera que para devolver lo antes recibido no disponía de aquella parte que ya había gastado en su funcionamiento. A cambio, AFINSA, recibía los sellos que había vendido, por los que había pagado en el mercado un precio muy inferior.