Jurisprudencia de Derecho Penal

Delito contra la salud pública. Trafico de drogas. Atenuantes. Circunstancia analógica de confesión. Circunstancia de grave adicción a drogas. Dilaciones indebidas.

El recurso de casación de la condena por delitos contra la salud pública. Los acusados formaban parte de una red de tráfico de estupefacientes, involucrados en la venta de anfetaminas, cocaína y otras sustancias ilícitas. Las pruebas incluyeron vigilancias, intervenciones telefónicas, registros domiciliarios y decomisos de drogas.

Prisión preventiva. Medida de seguridad de internamiento. Eximente incompleta.

La duración de la medida de internamiento debe fijarse a partir de la pena en abstracto establecida para el delito por el que se condena, con consideración de las circunstancias de riesgo de reiteración delictiva y no de los factores de culpabilidad que determinaron la extensión de la pena privativa de libertad impuesta simultáneamente.

Delito de falsedad documental. Recetas sanitarias. Continuidad delictiva Dilaciones indebidas.

El hecho probado describe que el acusado "haciendo uso de un sello médico oficial del Hospital, denunciado como sustraído y de un talonario de recetas farmacéuticas, medicamento en varias farmacias, tras estampar el sello en tres de las recetas del talonario, rellenado las mismas y simulado la firma del facultativo autorizado para expedir tales recetas, pretendiendo crear apariencia de autenticidad de las mismas.

Delito de desobediencia. Nudismo. Libertad de expresión. Legalidad de la orden impartida por agentes de la autoridad. Alteración del orden público.

Delito de desobediencia por haberse negado a vestirse ante la orden expresa dada por unos agentes de policía. El demandante, que había escogido permanecer desnudo en público con el objeto de dar expresión al carácter inofensivo del cuerpo humano, sosteniendo que, dado que en la ciudad de Valencia no existía una ordenanza municipal reguladora de la convivencia en espacios públicos, su conducta no podía ser restringida.

Acumulación de condenas. Requisitos. Intervención del penado.

Procedimiento de acumulación de condenas llevado a cabo por una AP, pero sin que se la haya dado traslado a la dirección técnica del condenado de la documentación remitida por el Centro Penitenciario (ni hoja de cálculo, ni copia de los testimonios, ni el informe jurídico del Centro), ni tampoco del informe del Ministerio Fiscal, a fin de formular las alegaciones que hubiera tenido por conveniente realizar.

Delito de receptación. Penalidad. Delito encubierto.

El recurrente denuncia la indebida aplicación del artículo 298 del Código Penal, del delito de receptación al considerar indebidamente aplicado ese precepto. Por la existencia de error de derecho del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al denunciar la falta de acreditación del conocimiento de la ilicitud, la procedencia de los bienes que, como requisito del delito de receptación, conforma el delito contra el patrimonio, al caracterizar con el delito de receptación, el conocimiento de la ilícita procedencia y el aprovechamiento de los efectos procedentes del delito.

Robo con violencia o intimidación. Subtipo agravado. Uso de armas o instrumentos peligrosos. Empleó de un cuchillo. Requisitos.

El fundamento agravatorio del subtipo del artículo 242.3 CP (robo con violencia o intimidación) reside en que mediante el uso conminatorio con fines predatorios de armas o instrumentos peligrosos se aumenta notoriamente la capacidad agresiva del autor, poniendo en mayor peligro la vida o la integridad física de la víctima. En esa medida, los objetos típicos -arma o instrumento peligroso- referidos en el artículo 242.3 CP han de resultar objetiva y funcionalmente idóneos para privar o lesionar dichos bienes jurídicos personales.

Apropiación indebida. Distracción de dinero. Consumación del delito de apropiación indebida. Momento en el que se exterioriza la voluntad de no devolución.

Tipicidad del delito continuado de apropiación indebida de dinero por el que aquel ha sido condenado, incluidos los que conciernen a su vertiente subjetiva, ya que solo así puede entenderse en quien urde la estrategia de traspasar parte de los fondos desde la cuenta de la comunidad, que de esa manera se colocaban fuera del alcance de esta, a otra en la que quedaban a su exclusiva disponibilidad, para finalmente no destinarlos a los fines que les eran propios, lo que integra, una vez que ha concluido su mandato de administrador de la comunidad sin devolverlos ni liquidar cuentas en relación a los mismos, en un auténtico acto de apropiación.

Delitos de estafa y falsedad documental. Apropiación indebida. Administradores sociales. Coautoría.

Delitos de estafa y falsedad documental, cometidos por persona que instrumentaliza dos sociedades, en cada una de las cuales ostenta un cargo, pero de las que es el real administrador, y, valiéndose de la cobertura de un contrato ficticio, hace circular dinero de una a otra, del que se apodera para su ilícito lucro. Recurso formal, con grandes sesgos mercantiles y olvido de la realidad material que ha de primar en el ámbito del derecho penal, que gira en mantener la existencia como válido ese contrato ficticio, y el derecho a remuneración que le correspondía por uno de esos cargos. El acusado dispuso fraudulentamente de los fondos sociales sin ninguna justificación y las facturas emitidas no responden a ninguna prestación de servicios que aparentemente le servía de cobertura.

Delito contra la salud pública. Tráfico de drogas.  Intervenciones telefónicas. Inviolabilidad de las comunicaciones. Apertura de equipaje.

El derecho fundamental al secreto de las comunicaciones no tiene carácter absoluto. Puede quedar sujeto a limitaciones y restricciones que deben estar previstas por la ley en función de intereses que deban ser considerados prevalentes según los criterios propios de un Estado democrático de derecho. Para que tales restricciones puedan hacerse efectivas es preciso que, a partir de la necesaria habilitación legal, existan datos que en cada caso concreto pongan de manifiesto que la medida restrictiva del derecho es proporcional al fin pretendido, que este fin es legítimo y que es necesaria en función de las circunstancias de la investigación y del hecho investigado. No se puede convertir las intervenciones telefónicas en un instrumento de exploración destinado a obtener informaciones policialmente útiles, pero desvinculadas de una concreta actuación delictiva. De ahí su necesario anclaje, tanto de inicio como durante su vigencia a través de sucesivas prórrogas, a una base indiciaria que permita descartar su carácter meramente prospectivo, lo que solo puede garantizarse a través del efectivo control judicial.