Legislación Estatal

En el BOE de 22 de junio de 2017, se publica la Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. La presente reforma pretende afianzar el carácter de servicio público de esta actividad prestacional, reforzándola y garantizando que esté debidamente subvencionada por los poderes públicos y reconociendo el abono de las correspondientes indemnizaciones a favor de los profesionales obligados a su prestación.

En el BOE de 12 de mayo y con entrada en vigor el 1 de julio de 2018, se publica el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, por el que se dota a las Entidades Locales de una estructura común de control interno, tomando como referencia el modelo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), con pleno respeto al principio de la autonomía local y a su capacidad para auto organizarse y con el que se pretende asegurar la gestión regular de los fondos públicos, el empleo eficiente de los mismos y la sostenibilidad financiera de las Entidades Locales.

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, del 27 de diciembre de 2013, encomendaba al Gobierno la regulación de los procedimientos necesarios para establecer un control económico-presupuestario más riguroso en el ámbito de las Entidades Locales, reforzando el papel de la función interventora.

Se publica en el BOE del 10 de mayo, la Circular 1/2017, de 26 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre los contratos de liquidez, con entrada en vigor el 10 de julio de 2017 y que sustituye a la Circular 3/2007, al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento (UE) 596/2014, e introducir mejoras en su configuración a la luz de la experiencia recabada en relación con los contratos de liquidez que han estado operativos en los últimos años.

Se aprueba mediante este Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que consta de ciento quince artículos, divididos en once títulos, seis disposiciones adicionales y un anexo.

Regula por primera vez el procedimiento de tramitación para la concesión, con examen previo de novedad y actividad inventiva para comprobar que tanto la solicitud de la patente como la invención reúnen todos los requisitos formales y técnicos. Centrándonos en la patente de invención y dejando aparte los modelos de utilidad, podemos destacar la siguiente regulación:

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la junta de planificación y evaluación normativa.

La Ley del Gobierno contemplaba, en la redacción dada por la de Régimen Jurídico del Sector Público del 1 de octubre de 2015, la aprobación por el Gobierno de un plan normativo de carácter anual, que recogerá las iniciativas reglamentarias o legislativas que habrán de ser elevadas cada año al Consejo de Ministros para su aprobación.

El Ejecutivo ha acordado ampliar hasta 2020 la moratoria de los desahucios a los colectivos más afectados por la crisis, flexibilizar los criterios para beneficiarse de las medidas de protección y posibilitar la opción de alquiler de la vivienda habitual ejecutada a precio reducido. Además, el Gobierno pone a disposición del sector industrial más de 600 millones de euros en préstamos.

El Consejo de Ministros ha aprobado el viernes  3 de marzo (BOE de 4 de marzo), el Real Decreto 195/2017, por el que se modifica la demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, sobre Demarcación Registral por el que se ajusta el número de registros a las necesidades actuales del servicio y se mejora la prestación que reciben los ciudadanos.

El largo plazo transcurrido desde la última revisión de la demarcación registral exige adecuar las condiciones del servicio que prestan los registradores a las demandas actuales de la sociedad como garantía de control de legalidad y de la seguridad jurídica preventiva de las operaciones que se realizan. Para ello se deben adoptar medidas que afectan a la organización del Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles con la finalidad de ofrecer una más efectiva y eficiente prestación del servicio público registral en atención a la situación económica actual del país y a las previsiones de evolución.

• La norma, que actualiza la Ley Orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje, pondrá a España en disposición de solventar la situación de "no cumplimiento" con el Código de la Agencia Mundial Antidopaje.
• La reforma introduce nuevas infracciones, endurece las sanciones e incrementa su período de prescripción al tiempo que refuerza la autonomía e independencia de la Agencia Española con la reubicación de las competencias en materia de protección de la salud.

El Consejo de Ministros ha aprobado, el Real Decreto 112/2017, de 17 de febrero, por el que se aprueba el nuevo Reglamento Penitenciario Militar, con lo que se deroga el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios Militares vigente desde 1992.

El objeto de este Real Decreto es regular los establecimientos penitenciarios militares, adecuando la normativa en vigor a los diferentes cambios que se han producido en las Fuerzas Armadas. Su finalidad es procurar la reinserción social o, en su caso, la reinserción a la Fuerzas Armadas de los internos, de forma personalizada y destacando que el trabajo penitenciario no tiene carácter productivo.

El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, que persigue desvincular del IPC la revisión de precios de bienes y servicios en el ámbito del sector público. Esta Ley estaba pendiente de desarrollo reglamentario para su plena aplicación.

En el Reglamento aprobado de entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, que se produce en el 4 de febrero, se tasan las excepciones en las que se permiten las revisiones y se establecen los requisitos que han de cumplirse para estos casos; por ejemplo, que la revisión refleje una estructura de costes basada en los principios de eficiencia y buena gestión empresarial. De esta manera, se evita que la Administración o los usuarios de servicios públicos tengan que soportar los costes de aquellas prácticas empresariales que no sean las mejores del mercado.