Legislación

El pasado viernes 22 de octubre, el BOPV publicó la nueva Ley aprobada por el Parlamento Vasco 11/2012, de 14 de junio, de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi que regula en un único texto la regulación de las cajas de ahorros con domicilio social en la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como de las actividades desarrolladas en la Comunidad Autónoma por cajas de ahorros con domicilio social fuera de ella, derogando en su totalidad la anterior normativa legal autonómica vigente. Deroga la Ley 3/1991, de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Euskadi. No obstante, se mantienen expresamente vigentes, en tanto no se dicte la normativa reglamentaria que los sustituya, el Título II del Decreto 240/2003, de 14 de octubre, de Cajas de Ahorros, y la Orden de 18 de enero de 2005, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, sobre organización y funcionamiento del Registro de Cajas de Ahorros de Euskadi y del Registro de Altos Cargos.

Las principales novedades que contiene la nueva Ley con respecto a la anterior regulación de cajas de ahorro son las siguientes:

La Región de Murcia, a través de la Ley 4/2012, de 15 de junio, de modificación de la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia, adapta la legislación regional sobre cajas de ahorros a los establecido en la legislación estatal.

Esta modificación normativa otorga a las cajas la capacidad de emitir cuotas participativas con derecho de voto. Además se abren dos posibles modificaciones en su estructura: su integración en sistemas institucionales de protección y la cesión de su negocio financiero a un banco, buscándose, a través de estos nuevos modelos organizativos que las cajas puedan hacer frente a las mayores exigencias de capital y a contar con una mayor disciplina del mercado, lo que redundará en mejoras en su gestión.

El DOGC ha publicado la LEY 7/2012, de 15 de junio, de modificación del libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, en cuyo articulado (consta de 16 artículos) introduce reformas encaminadas a incluir medidas de simplificación administrativa establecidas por la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, que ha extendido la aplicación de estas medidas de simplificación a que obliga la Directiva de servicios a toda la actuación administrativa.

Como establece el propio Preámbulo de la Ley, el sector fundacional, dada su incidencia en la reactivación económica del sector servicios, no puede quedar al margen del marco legal mencionado, que justifica una reforma de la normativa fundacional orientada a obtener ganancias de eficiencia, agilidad y autonomía de gestión en las entidades y, consecuentemente, una simplificación de procedimientos administrativos, pero sin renunciar al control y la supervisión necesarios sobre su actividad.

El BOCM ha publicado la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial que persigue fundamentalmente suprimir en el ámbito de la actividad comercial minorista, las licencias urbanísticas anteriormente exigibles conforme a lo previsto en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y por otra parte eliminar las últimas restricciones en materia de horarios comerciales previstas en la Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid, posibilitando que cada comerciante pueda determinar libremente los días en que ejercerá su actividad.

La ley se estructura en cuatro capítulos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, siete disposiciones finales (que modifican la Ley del Suelo y la Ley sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos) y un Anexo relativo a las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de los Capítulos II y IV de la Ley comentada.

Con el objeto de reducir las cargas administrativas que dificulten el comercio y, por otro, dinamizar el sector permitiendo un régimen más flexible de aperturas, el Gobierno en su Consejo de Ministros del viernes 25 de mayo, ha aprobado, con entrada en vigor inmediata, el Real Decreto-ley 19/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.

Las cargas administrativas constituyen obstáculos cuyos objetivos pueden alcanzarse mediante procedimientos de control que no retrasen ni paralicen el desarrollo de la actividad. En este sentido, especialmente gravosas resultan determinadas licencias. Por ello, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, modificó la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, al objeto de someter los actos de control preventivo de ámbito municipal a sus principios cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios. Posteriormente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, incorporó a la citada ley de Régimen Local la inexigibilidad de licencia u otros medios de control preventivos para el ejercicio de actividades, salvo que resultase necesario para la protección de la salud o seguridad públicas, el medioambiente o el patrimonio histórico-artístico, o cuando requiriesen de un uso privativo y ocupación del dominio público.

Como ya adelantamos en esta página, el Gobierno aprobó en el pasado Consejo de Ministros del viernes su segunda reforma financiera para alejar del sector  el fantasma del ladrillo y se ha hecho a través del Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo, publicado en el BOE del sábado.

El Real Decreto-Ley establece en la misma línea marcada por el anterior Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, requerimientos de cobertura a la actividad inmobiliaria clasificadas como en situación normal (es decir, el foco se pone en el crédito teóricamente sano), de modo análogo a lo anterior, por una sola vez, de manera diferenciada en función de las diversas clases de financiaciones y tiene por objeto, y en concreto, las exigencias adicionales de provisiones, reforzar la solvencia del sector financiero y sanear sus balances.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico, con el que se finaliza la transposición completa de la Directiva 2009/110/CE, de 16 de septiembre, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE, ya incorporada en su mayor parte al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 21/2011, de 26 de julio.

La norma tiene tres objetivos fundamentales:

• Precisar el régimen jurídico aplicable a la emisión de dinero electrónico y clarificar su definición y el ámbito de aplicación de la misma.
• Completar el diseño de un régimen jurídico mas proporcionado para estas entidades que, hasta ahora soportaban costes elevados.
• Establecer regímenes de supervisión y sancionador para estas entidades, similar al de las entidades de crédito.

La norma su estructura en 27 artículos, distribuidos en siete Capítulos, una disposición transitoria, una derogatoria del Real Decreto 322/2008, de 29 de febrero, sobre régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico (aunque esta norma ya estaba derogada desde el 28 de julio de 2011 por  la Ley 21/2011, de 26 de julio) y tres disposiciones finales.

La Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, publicada en el BOE el 29 de octubre de 2011, establece en su disposición final quinta un periodo de vacatio legis de seis meses desde su publicación en el BOE, es decir, la norma entrará en vigor el próximo 29 de abril. No obstante, establece dos excepciones:

• Lo previsto en el capítulo II del Título III (relativo a las normas relativas a los créditos y préstamos hipotecarios), a excepción de la sección 3ª (relativa a los tipos de interés, que entrará en vigor el 29 de abril), entrará en vigor a los nueve meses de la publicación de la Orden en el BOE, es decir, el 29 de julio.
• La previsión a la que se refiere el apartado 4 del artículo 8, sobre remisión a los clientes durante el mes de enero de cada año de una comunicación que recoja de manera completa y detallada toda la información sobre comisiones y gastos devengados y tipos de interés aplicados durante el año anterior, que comenzará a aplicarse en 2014 sobre los servicios prestados el año anterior.

La norma se estructura en tres Títulos, distribuidos en capítulos:

El pasado 21 de abril el Gobierno de Canarias, en uso de la habilitación que le había conferido la disposición final primera de la Ley 8/2011, aprobó el Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de ordenación de la actividad comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial, que ahora se publica.

El texto refunde la mencionada Ley 8/2011 y las Leyes 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias y 12/2009, de 16 de diciembre, reguladora de la licencia comercial en un total de 84 artículos y nueve disposiciones.

Tanto la Ley 4/1994 como la Ley 12/2009 han reconocido las particularidades de orden social, económico y jurídico que inciden de manera sobresaliente en la configuración de la ordenación jurídica de la actividad comercial en Canarias y las implicaciones de su régimen especial como región ultraperiférica en relación con dicha ordenación.

Acaba de aparecer publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears la Ley 2/2012, de 4 de abril, de apoyo a los emprendedores y las emprendedoras y a la micro, pequeña y mediana empresa, versión corregida y aumentada del Decreto-ley 5/2011, de 29 de agosto, convalidado en su día por el Parlamento autonómico y ahora derogado por esta Ley, que asume su contenido.

La norma parte del reconocimiento de la realidad económico-empresarial de las Islas, sustentada sobre los autónomos y pequeños y medianos empresarios –un 95,6% son microempresas-, señalándolos como determinantes para el crecimiento económico y la innovación, y de la correlativa obligación y la responsabilidad de los poderes públicos de promover un marco favorable para que se desarrollen sus capacidades  y la riqueza que generan repercuta en el conjunto de la sociedad y en la mejora y el mantenimiento del bienestar social.