Jurisprudencia

Los encausados ofrecieron 6.000 euros a un ciudadano marroquí en situación irregular en España por el trasplante de uno de sus riñones a uno de los condenados, que estaba enfermo

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado, en su sentencia de 23 de octubre de 2017, las penas de hasta seis años de prisión por un delito de tráfico ilegal de órganos principales humanos impuestas por la Audiencia Provincial de Barcelona a los tres miembros de una familia y a un amigo que ofrecieron 6.000 euros a un ciudadano marroquí en situación irregular en España, que vivía de la mendicidad, por el trasplante de uno de sus riñones a uno de los condenados, que estaba enfermo.

Para el Tribunal Supremo, no es admisible una actuación por vía de hecho “dirigida a procurarse un órgano a espaldas del ordenamiento y de los principios que lo informan y que dan razón de ser al sistema público de trasplantes diseñado según los principios básicos de actuación de altruismo, gratuidad, solidaridad y objetividad en la asignación de los órganos para el trasplante”.

• Condiciones que se han de tener en cuenta para establecer la pensión compensatoria por desequilibrio económico con duración indefinida
• Las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia no son susceptibles de error judicial, sino de reclamaciones por mal funcionamiento de la administración de justicia
• Revisión de sentencia firme por ocultación maliciosa del domicilio del demandado a efectos de citación al juicio
• Legitimación del precarista para el ejercicio de la acción indemnizatoria derivada de la responsabilidad por culpa extracontractual
• Allanamiento de la entidad bancaria en procedimiento de nulidad de cláusula suelo: no imposición de costas
• Denegación de la custodia compartida por traslado de domicilio de uno de los progenitores
• El TS confirma que un periodista vulneró el derecho al honor de Pablo Iglesias

• Requisitos de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente
• Uso del twitter para el enaltecimiento del terrorismo y el discurso del odio
• Posibilidad de concurso real de los delitos de lesiones y de maltrato habitual del CP
• Delito continuado de defraudación a la Seguridad Social. Infracciones cometidas con anterioridad y posterioridad a la LO 7/2012 y problemas de régimen transitorio

• Obligación de los opositores a la Administraciones Pública de indagar acerca de la existencia de causas legales de exclusión en los miembros del tribunal
• Responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria por retraso en el diagnóstico
• Denegación de compensación por privación de valor al dinero republicano tras el inicio de la Guerra Civil
• Impugnación del Real Decreto 413/2014, sobre producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables

¿Pueden los socios exigir de la sociedad el cumplimiento de un pacto parasocial omnilateral, aunque dicha sociedad no haya sido parte del mismo? La sentencia 251/2017, de 28 de junio, de la Audiencia Provincial de Valladolid analiza esta duda recurrente, haciendo uso de la última doctrina jurisprudencial sobre la materia.

Se nota enseguida tras la lectura de una sentencia cuándo el ponente es especialista en la materia. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la resolución hoy comentada, dictada por la Sección 3ª de la Audiencia de Valladolid –la especializada en asuntos mercantiles-, a propósito de un pacto parasocial omnilateral, suscrito por los socios de una sociedad limitada.

El Fiscal general del Estado ha presentado hoy, 30 de octubre, una querella en el Tribunal Supremo contra Dª Carme Forcadell i Lluis, Presidenta del Parlament de Cataluña, y contra los miembros de la Mesa del Parlament D. Lluís María Corominas i Díez, Vicepresidente primero entre el 22 de octubre de 2015 y el 25 de julio de 2017 y, desde el 17 de ese mismo mes, presidente del grupo parlamentario Junts pel Sí; D. Lluis Guinó y Subirós, Vicepresidente primero desde el 25 de julio de 2017; Dª. Anna Simó i Castelló, Secretaria primera y Dª. Ramona Barrufet i Santacana, Secretaria cuarta, todos ellos miembros de la diputación permanente del Parlament, así como contra D. Joan Josep Nuet i Pujals, Secretario Tercero de la Mesa, en razón de las decisiones y actos adoptados en el ejercicio de su cargo.

Véase el contenido de la querella

• No es necesario que el traslado del domicilio social de una sociedad a otro estado miembro deba acompañarse del traslado de su domicilio real para estar amparado por la libertad de establecimiento
• Propiedad industrial y la marca API para los  Agentes Profesionales Inmobiliarios
• Prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores cuestionando la ley que prohíbe las ventas a pérdidas
• Pactos reservados y su oponibilidad a la sociedad
• Concesión de patente posterior a la entrada en vigor del ADPIC. Validación en España mediante pliego de reivindicaciones de procedimiento

La Sala Tercera fija como doctrina que la Administración tiene potestad para sancionar en esos casos

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina legal que la Administración tiene potestad para sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios “sin necesidad de previa declaración judicial del orden civil” sobre la abusividad de dichas cláusulas. En una sentencia, el Supremo estima un recurso en interés de la Ley presentado por la Junta de Andalucía contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anuló cuatro multas impuestas por la Secretaría General de Consumo andaluza a Unicaja por cláusulas abusivas.

El traslado del domicilio social de una sociedad sin que se produzca el traslado de su domicilio efectivo está comprendido en la libertad de establecimiento protegida por el Derecho de la Unión

Polbud es una sociedad constituida en Polonia. Mediante un acuerdo adoptado en 2011, la junta general extraordinaria de socios de la mencionada sociedad decidió trasladar su domicilio social a Luxemburgo. Del mencionado acuerdo no resulta que también fuesen trasladados a Luxemburgo el lugar de la dirección empresarial y el ejercicio efectivo de la actividad económica de Polbud.

El Pleno de Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, en su sentencia de 11 de octubre de 2017,  ha resuelto el recurso de casación interpuesto por el periodista Alfonso Rojo contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que declaró vulnerado el derecho al honor del dirigente de Unidos Podemos Pablo Iglesias por las expresiones empleadas por el primero en el programa de televisión “La Sexta Noche”, reiteradas en su cuenta personal de Twitter y en el programa “El Cascabel” («chorizo» y «mangante» y «gilipollas»).

El alto tribunal confirma la vulneración del derecho al honor apreciada en la sentencia y casa exclusivamente el pronunciamiento relativo al importe de la indemnización concedida, que reduce de 20.000 euros a 6.000 euros.