Jurisprudencia

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha deliberado y resuelto el 28 de febrero dos recursos de casación en relación con sendas reclamaciones de consumidores contra cláusulas de sus escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, que les atribuían el pago de todos los gastos e impuestos generados por la operación.

El Tribunal ha partido de su propia jurisprudencia sobre la abusividad de una cláusula que, sin negociación y de manera indiscriminada, atribuye en todo caso el pago de los gastos e impuestos al consumidor, a pesar de que la ley, según los distintos supuestos, hace una distribución de los mismos.

El Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado de forma parcial el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Cataluña contra la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y ha anulado algunos de los preceptos impugnados por considerar que invaden competencias autonómicas en materia de educación. Entre otros aspectos, la sentencia considera que el sistema diseñado por la ley para garantizar la enseñanza en castellano sostenida con fondos públicos no respeta el reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma. Se refiere, en concreto, a la capacidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Alta Inspección de Educación, para decidir sobre la escolarización de esos alumnos en centros privados y a su financiación. Ha sido ponente de la resolución el Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré.

Se solicita por la madre, ante la negativa del padre, el sistema de guarda y custodia compartida de los dos hijos menores de edad, uno de ellos con una discapacidad del 33%, cuya enfermedad ha evolucionado desfavorablemente, así como la situación personal de la recurrente, que ya no dispone del apoyo familiar para el cuidado de los hijos.

El art. 90.3 del Código Civil establece: “las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los cónyuges judicialmente, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio aprobado por el Juez, cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de las circunstancias de los cónyuges. Las medidas que hubieran sido convenidas ante el Secretario judicial o en escritura pública podrán ser modificadas por un nuevo acuerdo, sujeto a los mismos requisitos exigidos en este Código”.

• Concurso culpable por falta de colaboración y de información por el concursado al juez del concurso y al administrador concursal
• El TC declara la inconstitucionalidad del artículo 76 e) de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro
• Limitación de los honorarios del abogado del deudor concursado
• Concurso de acreedores. Un crédito concursal de la AEAT por IVA a ingresar no puede compensarse con el IVA a devolver de ejercicios posteriores al concurso
• Negociación y firma de fichaje por otro club de un futbolista profesional al margen del contrato de representación en exclusiva

• La competencia del Juez Penal, no imposibilita la imposición de penas superior a cinco años, sino enjuiciar delitos cuya pena abstracta, exceda de cinco años
• Delito de asesinato cometido por unos padres al dejar morir a su bebé recién nacida
• Arquitecto municipal condenado por otorgar licencia de construcción consciente de que el proyecto no se correspondía con la clasificación equipamental del terreno
• Adaptación de la pena impuesta en otro país por traslado de personas condenadas
• El doble cómputo de la prisión preventiva sufrida por otra causa distinta

• Cosa juzgada y la preclusión de la alegación de hechos y fundamentos jurídicos
• Devengo de la pensión alimenticia a favor de hijos menores distinguiendo según se trate de fijada por vez primera o modificada
• Exclusión de la aplicación analógica de la pensión compensatoria a los supuestos de ruptura de la convivencia en parejas de hecho
• Nulidad o anulabilidad de los actos del tutor sin autorización judicial
• Acción de repetición del artículo 18.2 de la Ley de Ordenación de la Edificación ejercitada por aseguradora

• Entrada en domicilio en los procedimientos contencioso-administrativos
• Requisitos para la concesión del estatuto de refugiado y el temor a ser perseguido por razón de la orientación sexual y su comprobación
• Procedimiento administrativo. Inadmisión de recurso de alzada. Plazo. Cómputo. Ley aplicable
• Defensa de la competencia. Servicios postales Abuso de posición dominante

• Capacidad procesal del acusado para ser parte pasiva del proceso penal
• Posibilidad de aplicar al delito de quebrantamiento de condena el instituto de la continuidad delictiva
• Enfermera que accedió al historial clínico de su ex yerno obcecada por la seguridad de sus nietos
• Se confirma la condena de 70 años impuesta al llamado "pederasta de Ciudad Lineal"
• Condena a una madre por calumniar a una profesora de su hijo en un grupo de WhatsApp

• Acción imprescriptible de nulidad sobre el registro de marcas por actuar con mala fe
• Legitimación activa para recurrir de los terceros interesados como coadyuvantes al margen del administrador concursal
• Los créditos trasmitidos a la SAREB no podrán calificarse como subordinados en el concurso del deudor
• Efectos del impago de primas sucesivas en un seguro de vida en el que se fraccionó el pago: suspensión de la cobertura
• La condición de consumidor de los usuarios de Facebook y la cesión de derechos procesales a un tercero

• Resolución del contrato de arrendamiento de local de negocio por no uso
• Preclusión del artículo 400 de la LEC a los procedimientos de desahucio por falta de pago
• Acción de nulidad de contrato de compraventa ejercitada sólo por uno de los compradores: Legitimación activa «ad causam»
• Accidente de tráfico. El plazo de prescripción para reclamar la indemnización comienza en el momento del alta definitiva
• Abuso de personalidad societaria para defraudar a los acreedores. Aplicación de la doctrina del levantamiento del velo