Jurisprudencia

En su sentencia de 30 de septiembre de 2019, el Tribunal Supremo desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los herederos de Francisco Franco contra los acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de febrero y 15 de marzo de 2019 que, en aplicación de las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, en la Ley 52/2007, de 16 de diciembre, conocida popularmente como ley de memoria histórica, deciden la exhumación de los restos de Francisco Franco de su sepultura en la Basílica del Valle de los Caídos y su traslado e inhumación en el  Cementerio de El Pardo-Mingorrubio.

En su recurso, los familiares del difunto plantean alegaciones –que recoge el fundamento jurídico tercero- sobre la posible inconstitucionalidad del mencionado Real Decreto-ley 10/2018 por carecer de presupuesto habilitante e infringir los derechos a la igualdad, la libertad religiosa y a la intimidad personal y familiar, así como sobre la ilegalidad de los citados acuerdos del Consejo de Ministros, por vulnerar el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos con la Santa Sede, la legalidad urbanística y las normas sobre sanidad mortuoria. Tras  exponer en el  fundamento jurídico cuarto la contestación del Abogado del Estado, que interesa la desestimación del recurso, el Tribunal pasa a dar respuesta a las alegaciones reseñadas.

• La continuidad delictiva en delitos contra el patrimonio que ya ha apreciado el perjuicio total causado
• Descubrimiento y revelación de secretos y el acceso por médico a la historia clínica de su exmujer
• Falsedad de las cuentas anuales  de la Caja de ahorros del Mediterráneo
• La Tutela judicial como derecho al proceso frente a la jurisdicción universal: el caso José Couso
• Las comparecencias apud acta después de celebrado el Juicio deben computarse en la aplicación del art. 59 del CP

La Audiencia de Almería ha condenado a la pena de prisión permanente revisable a la mujer que asesinó a un menor en la localidad almeriense de Níjar, según declaró probado un jurado popular. En la sentencia, notificada hoy a las partes, se la considera autora de un delito de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco. La condenada tendrá también que indemnizar a cada uno de los padres del menor con 250.000 euros.

También ha sido condenada por dos delitos de lesiones psíquicas cometidos en las personas de los padres del menor a tres años de prisión en la persona del padre, por la concurrencia de la agravante de parentesco, y a dos años y nueve meses de prisión en la persona de la madre. Y por dos delitos contra la integridad moral a un año y seis meses en la persona del padre, al concurrir la agravante de parentesco, y un año en la persona de la madre.

En concepto de responsabilidad civil, la sentencia la obliga a abonar por daños morales a los padres del menor la cantidad de 250.000 euros a cada uno de ellos. Tampoco podrá acercarse a ellos a menos de 500 metros por un periodo de 30 años. Junto a ello, tendrá que abonar los gastos ocasionados al Estado en las labores de búsqueda del menor, que ascienden a la suma de 200.203 euros.

• Competencia judicial en materia de responsabilidad parental. Excepción a la regla de competencia del lugar de residencia habitual del menor
• El TS declara la abusividad de un contrato de mantenimiento de ascensores y da la razón a la comunidad de propietarios
• Reglas de imputación de las donaciones hechas a los legitimarios
• Privación de la patria potestad por graves incumplimientos del progenitor

El marido suscribió diversos préstamos al consumo en su nombre por valor de casi 18.000 euros falsificando su firma.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de septiembre, ha exonerado a una mujer de devolver una deuda de 17.808 euros de diversos préstamos al consumo y de tarjeta de crédito que su marido suscribió en nombre de ella, falsificando su firma, al haberse acreditado que el banco incumplió su protocolo por permitir que los documentos se firmasen fuera de la entidad.

El Tribunal estima de forma parcial el recurso de la mujer y, además de confirmar la nulidad de los contratos de préstamo por falta de consentimiento, declara que la recurrente no está obligada a pagar ninguna cantidad a Aiqon Capital Lux S.A.R.L. por los contratos declarados nulos. En esta cuestión, discrepa del fallo del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cáceres y de la Audiencia Provincial de dicha ciudad que entendieron que la consecuencia de la nulidad de los contratos era que cada parte se reintegrara recíprocamente las cantidades percibidas con sus intereses.

• Momento al que ha de referirse la valoración en una expropiación legal y legislación aplicable
• Sanción a Bankia por prácticas de autocartera
• La aplicación de la reforma local en el Territorio Histórico de Álava. Anulación parcial de la Norma Foral 4/2015
• El Supremo confirma la anulación parcial de la Norma Foral 4/2015, que aplicaba la reforma local en el Territorio de Álava

• El TS exonera a una mujer del pago de unos préstamos bancarios suscritos por su marido falsificando su firma.
• Competencia judicial en los casos de acuerdos colusorios sobre fijación de precios.
• Indemnización por el salario dejado de percibir por cancelación de vuelos.
• El interés de demora por un accidente aéreo se rige por la Ley de Contratación de Seguros.

El Pleno de la Sala de lo Civil analiza en esta sentencia los criterios de nulidad de las cláusulas de duración insertas en el condicionado general de determinados contratos de mantenimiento de ascensores. En el caso resuelto, se trataba de un contrato de los calificados como «a todo riesgo», con una duración de cinco años, que se prorrogaban tácitamente por periodos iguales, salvo denuncia de alguna de las partes con noventa días de antelación. Para el caso de que alguna de las partes desistiera del contrato, se establecía una penalización del 50% de las cuotas pendientes hasta la fecha establecida para su finalización.

La sentencia recurrida había estimado la demanda de la empresa de mantenimiento y había condenado a una comunidad de propietarios a abonar la indemnización correspondiente por haber desistido unilateralmente del contrato en el tercer año de vigencia.

• Delito de blanqueo de capitales cometido por imprudencia grave
• Plazo que hay que tener en cuenta para el cómputo de la prescripción de delitos
• La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: su régimen de aplicación según el artículo 49 CP

• El contratista cedente de certificaciones de obra carece de legitimación para reclamar interés de demora si el Ayuntamiento pagó al cesionario
• Necesidad de ocupación e información pública en la expropiación forzosa
• Las costas procesales en la jurisdicción contencioso-administrativa en caso de allanamiento en primera instancia
• Interposición de recurso contencioso-administrativo sin haber sido resuelto el recurso potestativo de reposición