Jurisprudencia

Conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2013, la interposición de querella/denuncia, interrumpirá el plazo prescriptivo de los delitos si en un máximo de 6 meses es admitida judicialmente. Entre las resoluciones con virtualidad para ratificar la suspensión de la prescripción por presentación de querella/denuncia, la más característica es el auto de admisión, necesariamente motivado al atribuir al querellado su presunta participación en hechos de apariencia delictiva. Por ello, no hace falta un auto adicional de imputación formal.  En definitiva, es la imputación de unos determinados hechos (en el caso actual los relatados en la querella) lo que interrumpe la prescripción, no la calificación formal de los mismos y siempre que el querellado haya tenido conocimiento de la totalidad de los hechos que se le imputan.

El Tribunal Supremo ha confirmado las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en las que ordenaba a la Diputación de Guipúzcoa a cumplir con la legislación de banderas y colocar la de España en el exterior de su sede y en lugar preferente.

Acuerdos del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2013

• TS. Asistencia de las partes a la Audiencia Previa del juicio Ordinario. Poder especial de representación que se puede otorgar al Procurador; requisitos y consecuencias de su no otorgamiento.
• AP. Acción de impugnación de la paternidad matrimonial: caducidad de la acción y prueba.
• TS. Propiedad horizontal. Alcance de la excepción al requisito de estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas para impugnar los acuerdos de la junta de propietarios.
• TS. Derecho de los abuelos y otros parientes paternos a relacionarse con los nietos, tras el fallecimiento del padre en accidente.
• TS. Subsanabilidad del defecto procesal de la omisión del depósito para recurrir.
• TTS. Divorcio. Modificación de medidas. Atribución de la custodia compartida. Alteración sustancial de las circunstancias. Cambios legislativos y jurisprudenciales.
• AP. Ejecución hipotecaria. Inaplicación de la D.T. 2ª de la Ley 1/2013. Primacía del Derecho Comunitario.
• TS. Las cuestiones referidas al otorgamiento de la concesión que establece la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas no son de competencia de la jurisdicción civil.
• TS. Abogados. Reclamación de honorarios. Normas orientativas del Colegio.
• TS. Proceso civil. Revisión de sentencias firmes. Aporte de documentos nuevos.
• TS. Modificación de medidas. Guardia y custodia. Atribución a padre no biológico tras impugnar él mismo la filiación.
• TS. Unificación de doctrina: alimentos. Momento a tener en cuenta para el devengo de la pensión fijada en un proceso de divorcio. Artículo 148, párrafo primero, del Código Civil.

• TS. Derecho de separación de los socios en los supuestos de transformación de sociedad Anónima a una Limitada.
• TS. Acción directa de los subcontratistas al dueño de la obra del art. 1597 Cc. Requisitos y momento de realizarla en caso de concurso del contratista.
• TS. Consecuencias de la interdicción de pago dirigida al banco emisor de un crédito documentario sobre el banco confirmante, cuanto antes de pagar la totalidad del crédito al beneficiario es advertido por el banco emisor de la orden judicial que prohíbe el pago de parte del crédito.
• TJUE. Carácter abusivo de la cláusula que obliga al comprador a pagar la plusvalía en la compraventa de viviendas.
• TS. Contratos. Transporte internacional de mercancías. Transporte marítimo. Reclamación de fletes abonados indebidamente. Prescripción de la acción.
• TJUE. Propiedad intelectual. Medidas tecnológicas de protección incorporadas a consola de videojuegos. Comercialización de software que permite eludirlas. Artículo 6.3 de la Directiva 2001/29/CE.
• AP. Concursal. Escisión de sociedades. Falta de atribución de elementos del pasivo. Proyecto de escisión.
• TS. Marcas. Carácter distintivo. Identificación por el consumidor medio. Interés casacional. Registro de un color asociado a una forma geométrica. Cuadrado de color naranja de la marca Orange.
• TS. Marcas. Uso no autorizado. Registro por el agente de la marca del principal sin autorización.
• AP. Propiedad intelectual. Solicitud por entidades de gestión al proveedor de servicios de internet para que suspenda el servicio a determinado usuario por conectarse a redes p2p y compartir archivos protegidos.

• JI. Embriaguez habitual y la imposibilidad de considerarse como atenuante.
• TS. Auto de adaptación de condena de una pena impuesta por un Tribunal extranjero que se va a cumplir en España.
• TS. Delito de falso testimonio cometido por peritos: doctrina y  elementos.
• TS. Recurso de revisión: revocación de condena en juicio rápido por delito contra la seguridad del tráfico tras anulación de sanción administrativa de pérdida de puntos del permiso de conducción.

• TS. El control jurisdiccional de los indultos del Gobierno.
• TS. Legislación estatal contra el blanqueo de capitales y la Información que deben suministrar las entidades financieras sin establecimiento permanente en España.
• TJUE. Extensión del derecho de todos los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros a los miembros de sus familias con independencia de su nacionalidad.
• TS. Notificaciones. Rectificación de la doctrina legal de la STS de 17 de noviembre de 2003. Aguas. Sanciones. Captación de aguas sin autorización de la Confederación Hidrográfica.

Un Estado miembro no puede exigir, para la concesión de un permiso de residencia, que el descendiente pruebe que ha intentado, sin lograrlo, conseguir un empleo o recibir una ayuda de subsistencia en su país de origen

El Derecho de la Unión extiende el derecho de todos los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros a los miembros de sus familias con independencia de su nacionalidad. Se consideran miembros de la familia, en particular, los descendientes directos menores de 21 años y los que están a cargo del ciudadano de la Unión.

A los efectos de la notificación de actos administrativos, el art. 58.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece lo siguiente:

“Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.”

La segunda parte del art. 18.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (49/1960) «introduce una regla de procedibilidad y una excepción condicionando la impugnación a que el propietario esté al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o haya hecho previa consignación judicial de las mismas, salvo que la impugnación de los acuerdos de la Junta tengan que ver con el establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9 entre los propietarios, es decir, a la regla de la necesidad de estar al corriente o consignar judicialmente». Afirma la sentencia que este presupuesto de procedibilidad no puede aplicarse con independencia del tipo de acuerdo que se adopte pues la finalidad de la excepción contenida en el inciso final, que exime de estar al corriente o consignar la deuda, es evitar que prospere un acuerdo comunitario que consagra una forma de repartir el gasto de forma contradictoria con las reglas de la comunidad exigiendo al propietario moroso un requisito añadido de procedibilidad.