Jurisprudencia

En su sentencia de 20 de junio de 2019, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera que el bitcoin no es dinero, ni puede tener esa consideración legal, a los efectos de responsabilidad civil al considerar que se trata de un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio en cualquier transacción bilateral en la que los contratantes lo acepten.

En su primera sentencia por una estafa en esta criptomoneda, el tribunal confirma una condena de dos años de prisión al administrador único de la empresa Cloudtd Trading&DEVS LTD que firmó contratos de gestión con cinco personas que le entregaron los bitcoins en depósito para que, a cambio de una comisión, reinvirtiera los dividendos y entregara las ganancias obtenidas. Sin embargo, según los hechos probados, cuando se firmaron dichos contratos el condenado tenía intención de apoderarse de los bitcoins recibidos sin ánimo de cumplir con sus obligaciones.

Además de la pena de prisión, la Audiencia Provincial de Madrid impuso al acusado el pago a las víctimas de la estafa de una indemnización en el valor de la cotización de los bitcoins en el momento de la finalización de cada uno de sus respectivos contratos, que se determinaría en ejecución de sentencia, y declaró, además, la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa.

• Concepto de “circulación de vehículos” para la cobertura del seguro obligatorio de vehículos
• Convocatoria judicial de junta general extraordinaria a instancia de los socios de una sociedad anónima
• Doctrina sobre el procedimiento del artículo 38 de la Ley del contrato de seguro para la liquidación de daños

• Compatibilidad de la declaración de extradición declarada con la solicitud de asilo y condición de refugiado
• Legitimación del denunciante para recurrir una sanción intentado elevar la misma y concepto de interés legítimo
• El Constitucional anula la habilitación a los partidos para recopilar datos sobre opiniones políticas
• Fijación de precios máximos para gases licuados del petróleo y su compatibilidad con el mercado interior. Principio de proporcionalidad

• Delito continuado de estafa agravado por razón de la cuantía y de abuso de relaciones personales
• Distinción entre el delito de estafa y el delito de fraude de subvenciones
• Elementos del delito de descubrimiento de secretos
• Absolución a los administradores de "Seriesyonkis" de un delito contra la propiedad intelectual
• Inhabilitación especial un magistrado por un delito de prevaricación imprudente

• Órgano jurisdiccional competente para conocer de una demanda de indemnización por el retraso de un vuelo
• La modificación de medidas en procesos matrimoniales, no precisa de cambios sustanciales, sino en interés del menor
• Abuso de derecho en la instalación de un ascensor a cota cero en una comunidad de propietarios
• Intromisión ilegítima en el derecho al honor de un colaborador radiofónico por diversas acusaciones a través de Twitter

El Tribunal Supremo, tras la vista pública celebrada en el día 21 de junio de 2019, ha acordado estimar los recursos de casación interpuestos por las acusaciones y condenar a los acusados J.A.P.M., A.B.F., J.E.D.M., A.M.G.E. y A.J.C.E como autores de un delito continuado de violación de los arts. 178 y 179 del Código Penal, con las agravaciones específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas, a las penas de 15 años de prisión, para cada uno de ellos.

La sentencia considera que, antes de la reforma del Código Penal de 2015, la conducta de enlazar a otras webs con contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual, no estaba sancionada penalmente. La resolución hace un análisis completo e individualizado de toda la jurisprudencia que “no ha sido pacífica en esta materia sino altamente controvertida”.

La titular del juzgado de lo Penal número 4 de Murcia, Isabel María Carrillo Sáez, en sentencia de 21 de junio de 2019, absuelve de un delito contra la propiedad intelectual a los que fueran administradores de las páginas webs “películasyonkis.es”, “seriesyonkis.es” y “videosyonkis.es” de los años 2008 a 2014.

El Tribunal Constitucional ha estimado por mayoría la cuestión interna de inconstitucionalidad planteada por el Pleno respecto a los incisos “por inexistencia del hecho imputado” y “por esta misma causa” del art. 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), por vulneración de los arts. 14 y 24.2 de la Constitución.La sentencia, cuyo ponente ha sido el Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, señala que “circunscribir el ámbito aplicativo del art. 294 de la LOPJ a la inexistencia objetiva del hecho establece una diferencia de trato injustificada y desproporcionada respecto de los inocentes absueltos por no ser autores del hecho al tiempo que menoscaba el derecho a la presunción de inocencia al excluir al absuelto por falta de prueba de la existencia objetiva del hecho”.

El Tribunal, que recoge la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las SSTC 8 y 10/2017, considera que los incisos del art. 294.1 de la LOPJ “por inexistencia del hecho imputado” y “por esta misma causa” reducen el derecho a ser compensado por haber padecido una prisión provisional acordada conforme a las exigencias constitucionales y legales en un proceso que no concluyó en condena de forma incompatible con los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia.

• Declaración del carácter parcialmente abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado en un préstamo hipotecario y sus efectos
• Subcontratación en el sector del transporte: la acción directa del transportista efectivo contra el cargador principal
• Derecho de la competencia. Acción por daños resultantes de un abuso de posición dominante
• La exclusión de las sociedades mercantiles de la protección al consumidor

• Acción de modificación o extinción del acuerdo de conmutación del usufructo viudal por renta vitalicia. Regla rebus sic stantibus
• Requisitos para ejercitar la acción de responsabilidad civil nacida de infracción penal
• Doctrina del retraso desleal en el ejercicio de una acción de reclamación de cantidades
• Responsabilidad por los daños por colisión recíproca de tráfico sin probar el grado de culpa de cada conductor