Artículos de Interés

Doctrina general sobre la imparcialidad de los tribunales, en casos de recurso resuelto por miembros de un órgano superior frente a la decisión de sobreseimiento y archivo del juez instructor, quien consideró los hechos no constitutivos de delito. La previa intervención de jueces resolviendo recursos contra decisiones del juez instructor no siempre determina una afectación negativa de la imparcialidad. Cuando se trata del procesamiento penal, la doctrina jurisprudencial distingue entre aquella intervención en la que la Audiencia se limita a resolver un recurso interlocutorio contra tal procesamiento acordado por el juez instructor, confirmándolo sobre la base de un relato que el tribunal ni ha construido ni ha preparado, y sin tener contacto alguno con el material de hecho objeto de la investigación, en cuyo caso se estima que no queda afectada su imparcialidad objetiva, y aquellas otras en las que es la propia Audiencia la que dicta un procesamiento ex novo, u ordena dictarlo, sobre la base de imputaciones que no han sido formuladas o aceptadas por el juez instructor, en las que sí cabe aceptar dicha pérdida de imparcialidad. Cuando el derecho fundamental a que le juzgue un juez imparcial aparece objetivamente conculcado, sin que requiera actividad probatoria alguna, puede alegarse y, en su caso, estimarse si los contornos de su configuración se encuentran comprometidos y eventualmente transgredidos.

Palabras clave: derecho a un juez imparcial, recusación, derecho a la tutela judicial efectiva y estafa.

La guarda compartida está establecida en interés del menor, no de los progenitores. La norma que admite la guarda y custodia compartida no está pensada para proteger el principio de igualdad entre ambos progenitores, porque la única finalidad que persigue es que se haga efectiva la mejor forma de procurar la protección del interés del menor.

Palabras clave: derecho de familia, disolución del matrimonio y guarda y custodia compartida de los hijos.

En esta investigación se estudian los antecedentes históricos, la evolución y el reconocimiento legal de los acuerdos de refinanciación tras la aprobación, primero, del Real Decreto-Ley 3/2009 y, segundo, la Ley 38/2011, que lo introducen en nuestro sistema concursal contenido en la Ley 22/2003. Asimismo, se analizan y reflexionan con exactitud en torno al concepto, naturaleza jurídica, tipología y funcionalidad de los acuerdos de refinanciación, así como se examinan (su) comparativa con otras legislaciones concursales y se aportan y debaten soluciones interpretativas sobre los diferentes criterios de «inmunidad» (prededucibilidad, suspensión de ejecuciones singulares y privilegios), que han de concurrir para el buen éxito de estos acuerdos y, especialmente, se evalúan y valoran los inconvenientes y ventajas que suponen para el deudor en situación de dificultades económicas respecto a (su) implicación en la mecánica operativa y práctica del concurso.

Palabras clave: acuerdos de refinanciación, derecho concursal y preconcursal y crisis económica.

El Tribunal Supremo considera que el indulto, en su día concedido a un alto cargo de una entidad bancaria por parte del Gobierno en 2011, constituye una clara extralimitación del poder conferido al Ejecutivo por la Ley de Indulto de 1870, ultra vires competencial que se manifestó al extender sus efectos a unas consecuencias de índole administrativa y no penal, no contemplados en la ley. De esta manera a través de la prerrogativa del indulto se ha producido una intromisión del Gobierno en el resultado de un proceso penal al anular cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria, declarando la ilegalidad del real decreto de indulto toda vez que la ley no autoriza a condonar una cosa distinta de la pena o penas impuestas, excepcionándose singularmente a los indultados del requisito de honorabilidad establecido en el Real Decreto 1245/1995, requisito del que carece el que tiene antecedentes penales.

Palabras clave: indulto, alcance del derecho de gracia, efectos, problemas de legitimación y consecuencias penales y administrativas.

La naturaleza y función de la pensión compensatoria en los casos de divorcio obligan al órgano judicial a tomar en cuenta para su fijación, cuantificación y determinación del tiempo de percepción factores numerosos y de imposible enumeración, entre los más destacados, los que menciona el artículo 97 del Código Civil. Todos estos factores operan a la vez como elementos determinantes del desequilibrio y, en caso de apreciarse la existencia de este y la procedencia del reconocimiento del derecho, como factores que deben ser valorados para su cuantificación y para fijar la duración de su percepción.

Palabras clave: derecho de familia, efectos de la sentencia de divorcio y pensión compensatoria.

Este trabajo se centra en analizar el significado del término emprendimiento social, con el propósito de aproximar esta realidad a la disciplina jurídica mercantil, en consideración a los nuevos planteamientos desarrollados en el área de conocimiento del Derecho empresarial y en relación con la responsabilidad corporativa. Conforme al marco disciplinario descrito, la pretensión principal del texto presentado consiste en resaltar la aportación que el emprendimiento social pudiera conllevar para garantizar modelos organizativos y/o societarios más transparentes y responsables, en atención al cumplimento de los actuales requerimientos cualitativos –técnicos, jurídicos y sociales–, los principios del desarrollo sostenible y de transparencia informativa. Con base a este planteamiento, en este estudio se exponen y analizan los principales modelos actuales de reporting corporativo, configurados como modelos integrados de información y documentación societaria, destacando su posible funcionalidad técnica y jurídica (integrando contenidos/aspectos financieros y no financieros), conforme al marco de recomendaciones europeas e internacionales al respecto.

Palabras clave: emprendimiento social, transparencia informativa, responsabilidad social corporativa (RSC), responsabilidad social empresarial (RSE), responsabilidad social (RS), informes de RSC y memoria de sostenibilidad.

En este trabajo se identifican algunos aspectos de la vigente norma de control de los seguros privados que resultan inconsistentes con los rasgos identitarios de las entidades aseguradoras de la Economía Social (cooperativas, mutuas y mutualidades de previsión social) y se sugieren algunas líneas de revisión de su estatuto jurídico al hilo de la reforma de la normativa de rango legal y reglamentario sobre ordenación y supervisión de los seguros privados como consecuencia de la transposición de la Directiva 2009/138/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II).

Palabras clave: economía social, Solvencia II, cooperativas de seguros, mutuas y mutualidades de previsión social.

El Tribunal Supremo entiende que la responsabilidad es consiguiente y automática a que se haya calificado como culpable el concurso, sea cual sea el motivo aplicado, y se proyecta sobre las personas afectadas por la calificación. Luego, más allá del juicio de imputación de las conductas que merecen la calificación culpable del concurso, no sería necesario acudir a ninguna justificación adicional para imponer la responsabilidad de los administradores a cubrir el déficit concursal. La única justificación adicional sería la que admitiría una moderación de la condena, que permitiría graduar la responsabilidad (que siempre existiría), «en atención a factores tales como la gravedad de la conducta determinante del carácter culpable del concurso, la intensidad de la participación de cada administrador o liquidador en la misma, etc.». La calificación del concurso será culpable si se aprecia una presunción que no admita prueba en contrario, con posibilidad del juez de condenar al administrador de la empresa concursada al pago del déficit comercial.

Palabras clave: concurso de acreedores, calificación culpable del concurso, presunciones legales que fundamenten la calificación y condena al pago del déficit concursal.

La reproducción asistida, en nuestro país, plantea una abundante casuística y una compleja y delicada problemática jurídica que no está exenta de polémica. El derecho a la identidad genética, derecho fundamental para el desarrollo y libre desenvolvimiento de la persona, se ve seriamente conculcado por la Ley de Reproducción Humana Asistida, al no prever esta que los hijos nacidos como consecuencia de la aplicación de estas novedosas técnicas puedan acceder al conocimiento de sus orígenes genéticos, a conocer quiénes son sus progenitores, los aportantes del material genético necesario para llevar a cabo, con éxito, estas técnicas. Muchas son las razones que pueden darse para la preservación de un derecho tan esencial para el ser humano como lo es el de identidad genética, pero, en el caso de las técnicas de reproducción asistida, el legislador ha optado por hacer prevalecer el derecho a la intimidad de los donantes de gametos y preembriones, lo que conduce, inevitablemente, a la postergación del derecho a la identidad genética frente a otro derecho fundamental también como lo es el derecho a la intimidad.

Palabras clave: identidad genética y reproducción asistida.

A pesar de que el artículo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, faculta al acreedor a reclamar al deudor una indemnización por los costes de cobro generados a causa de la mora en el pago de deudas derivadas de operaciones comerciales, la falta de coordinación entre la referida normativa y la ley procedimental impide hacer plenamente efectiva la recuperación de todos los gastos derivados de la reclamación. Concretamente, en el supuesto del proceso monitorio, mecanismo generalmente empleado para promover judicialmente las reclamaciones de cantidades derivadas de operaciones comerciales, así como en otros procedimientos judiciales en que tampoco es preceptiva la intervención de letrado y procurador (cual es el caso de las reclamaciones mediante juicio verbal y ejecuciones, por importe no superior a 2.000 euros), no se habilita instrumento alguno para recuperar los costes de cobro que hayan podido originarse una vez iniciada la reclamación judicial.

Después de analizar los diferentes posicionamientos de jurisprudencia y doctrina al respecto, se concluye proponiendo un sistema análogo a la condena en costas, que permitiría armonizar la norma sustantiva, que otorga el derecho a percibir una indemnización por los costes generados en la reclamación, con la norma procesal, que no habilita el mecanismo adecuado para la viabilidad del referido derecho.

Palabras clave: ley antimorosidad, costes de cobro, monitorio, honorarios de letrado y procurador.