Artículos de Interés

Amparándose en una añeja jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión señala que dispone de una facultad discrecional en cuanto a la incoación del denominado procedimiento de infracción para el control de la aplicación del Derecho comunitario. A juicio del autor, la Comisión ejerce en este ámbito una potestad reglada y el margen de discrecionalidad que pueda ejercer tiene como límites principios fundamentales del Derecho de la Unión Europea, como los de seguridad jurídica y buena administración.

La Comisión Europea no puede tener abierto, sine díe, un procedimiento de infracción. Con base en los referidos principios, debe «herrar, o quitar el banco».

Se olvida que el ordenamiento comunitario confiere derechos a los particulares y que las dilaciones indebidas en el control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea pueden causar perjuicios a los mismos, por la tardía depuración de los incumplimientos de los Estados miembros. Es una consecuencia de los principios de buena administración y de seguridad jurídica que el procedimiento de infracción debe ajustarse en su desarrollo a pautas temporales adecuadas, sin dilaciones indebidas. Los principios de economía, celeridad y buena fe, que deben presidir la actuación administrativa (y de la Comisión Europea), son incompatibles con demoras que redundan tanto en perjuicio de los particulares como en perjuicio de la plena vigencia del Derecho de la Unión Europea.

Palabras clave: buena administración, Comisión Europea guardiana de los tratados, plazos razonables, procedimiento de infracción.

Mediante Ley 38/2011, de 10 de octubre, se reformó la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Se trata de la primera gran reforma tanto por el número de preceptos afectados como por sus incorporaciones sustantivas, que se ha efectuado sobre la Ley Concursal desde su promulgación.

En este estudio se va a tratar el cambio realizado sobre el artículo 48 de la Ley Concursal, es decir, de los efectos del concurso sobre las personas jurídicas. Se abordará en primer lugar aquellas especialidades que durante el concurso de acreedores surgen respecto al funcionamiento de la Junta general de socios. La actividad de la empresa va a continuar y con ella la prosecución de sus órganos. Pero en esta situación de insolvencia van a aparecer ciertas particularidades. Respecto a la asamblea de socios las más importantes son: la posibilidad de retraso del plazo (en el primer año) de la celebración de la Junta general ordinaria; y la obligada asistencia del/los administrador/es concursales y su facultad para vetar las decisiones emanadas de la Junta que tengan carácter patrimonial o afecten al concurso. También van a persistir los administradores sociales, los cuales van a ver intervenidas o suspendidas sus facultades de gestión y administración. La reforma concursal, además de realizar algunas incorporaciones aclarativas, agrega ciertas novedades, como, por ejemplo: la capacidad del juez de minorar, o de dejar sin efecto la retribución de los administradores sociales; y la capacidad de que la administración concursal pueda ejercer los derechos políticos que corresponda a la concursada en otra sociedad.

Palabras clave: reforma concursal, Junta general de socios, cuentas anuales, asistencia obligatoria, administración societaria y concursal.

El artículo 1.462 del Código Civil no limita sus efectos de traditio ficta a los supuestos en que la escritura pública de venta se hubiera otorgado ante notario español. La necesidad de intervención en todo caso de un notario español significaría la imposición de una limitación a la libertad de transmisión de bienes, en cuanto a su plenitud de efectos, que no resulta justificada en el estado actual de los ordenamientos comunitario y español. En el seno de la Unión Europea se tiende a evitar la duplicidad en la exigencia de requisitos de carácter predominantemente formal cuando ya se han cumplido las formas o condiciones necesarias en otro Estado miembro según una finalidad idéntica o similar a la requerida en el Estado en que el acto o negocio ha de producir efecto; duplicidad que quedaría establecida si, otorgada escritura de compraventa ante notario en un país miembro, se negara su total equiparación a la otorgada ante notario del país en que hubiera de surtir efectos, lo que en la práctica exigiría el otorgamiento de otra ante este último. Admitida la equivalencia de forma entre un documento público notarial alemán y otro español a efectos de su validez en España, carecería de sentido la exigencia de volver a escriturar el mismo negocio ante un notario nacional y habría de ser considerado dicho requisito como una reiteración en la exigencia y una duplicidad innecesaria.

Palabras clave: compraventa de inmueble, notario alemán, Registro de la Propiedad español.

Las capitulaciones matrimoniales en sí mismas y el negocio que incluyen relativo al cambio de régimen no tienen causa onerosa o gratuita, en el sentido de que los artículos 1.261 y 1.274 del Código Civil otorgan a la causa. Pero al darse la circunstancia, que se ha declarado probada, de la falsedad de la declaración en relación con la existencia de bienes en el régimen que se disolvía, se deduce la concurrencia de falsedad de la causa en el otorgamiento de las capitulaciones, puesto que se expresan unas razones para el pacto de separación de bienes –la no existencia de gananciales– que no coinciden con la realidad patrimonial de los cónyuges.

Palabras clave: Derecho de familia, régimen económico-matrimonial, nulidad de las capitulaciones matrimoniales, falta de causa, no liquidación del régimen económico-matrimonial preexistente.

Economía y ética se encuentran estrechamente vinculadas y entrelazadas desde sus orígenes. No en vano, la economía, en cuanto ciencia social, tiene una indudable dimensión moral que debe ser tomada en consideración. Una de sus manifestaciones más sobresalientes ha sido, precisamente, el movimiento en pos de un comercio justo, entendido como comercio solidario o alternativo, imbuido y fundado, en última instancia, sobre un consumo auténticamente responsable. Se trata de un objetivo apoyado y promocionado en los últimos tiempos por la propia acción positiva de los poderes públicos, en especial, a través de la articulación y garantía de la compra pública ética, en cuanto a la contratación del sector público se erige, sin lugar a dudas, en un medio apto para la consecución de fines ulteriores. De ahí la importancia, auténtica necesidad, de entrar a analizar las posibilidades reales, tanto políticas como legales, que brinda nuestro ordenamiento jurídico para la introducción de criterios válidos orientadores de la contratación de las Administraciones públicas hacia el desarrollo de un consumo responsable, la promoción de un aumento de la conciencia global de nuestro estilo de vida y una mayor apuesta, en fin, hacia la transparencia y el comportamiento ético en los intercambios económicos.

Palabras clave: comercio justo, contratación pública socialmente responsable, consumo responsable.

La principal motivación por la que se presenta este trabajo de investigación estriba en la necesidad de encontrar una explicación lógica, coherente y, por supuesto, razonada en Derecho, que justifique la supervivencia de la condición de beneficiario del derecho de realojo en aquellas personas que, en el momento de concertarse la operación «Área de Renovación Urbana» para la unidad de actuación urbanística donde se encuentra el grupo de viviendas de protección oficial de promoción pública en que habitan, ocupaban con justo título esas viviendas sociales, si bien después y, en todo caso, con anterioridad a la ejecución material del realojamiento, ven cómo sus contratos de arrendamiento son resueltos por incumplimiento imputable a ellas mismas mediante las correspondientes resoluciones de desahucio administrativo, no siendo todo esto obstáculo para que esas personas de escaso haber material y cultural sigan disfrutando del uso y disfrute de tales inmuebles llamados a desalojar a la vista, paciencia y consentimiento de la propiedad (Administración autonómica) y la entidad (servicio técnico-medio propio instrumental) responsable de la administración de esos bienes patrimoniales.

Palabras clave: renovación urbana, contratos de arrendamiento para inserción social, posesión ilegítima, ocupación consentida, derecho de realojo.

En este artículo, los autores desarrollan el contenido de los artículos 5 bis, 71.6 y de la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con las modificaciones realizadas por la Ley 38/2011, de Reforma de la Ley Concursal.

Se exponen con claridad los conceptos recogidos en cada disposición y se indican las ventajas e inconvenientes de acudir o no al preconcurso y los requisitos necesarios que deben cumplir los acuerdos de refinanciación para ser recogidos dentro del marco legal de la Ley Concursal. Igualmente se analiza el privilegio del fresh money y, por supuesto, los requisitos y ventajas de la homologación judicial de los acuerdos de refinanciación.

Todos estos conceptos son aspectos de gran interés en la actual economía española, teniendo en cuenta la grave situación por la que atraviesan las empresas y las familias, siendo de aplicación a todas ellas y especialmente a las PYMES. Como se indica a lo largo de la exposición que se realiza, a pesar de las ventajas que se ofrecen, existen una serie de inconvenientes que han de ser sopesados antes de tomar una decisión u otra, que, en cualquier caso, afectará enormemente al futuro de la sociedad.

Palabras clave: preconcurso, acuerdos de refinanciación, plan de viabilidad, homologación judicial, fresh money.

La Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 6 de octubre de 2011 condena a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía por su implicación en el cártel de la uva y del mosto de Jerez. Este pronunciamiento supone una extensión inadmisible del ámbito de aplicación subjetivo de las prohibiciones de prácticas anticompetitivas contenidas en la Ley de Defensa de la Competencia y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Aunque la conducta de la Junta era reprochable, las autoridades administrativas de defensa de la competencia no están habilitadas o legitimadas legalmente para sancionar un ejercicio irregular y desviado de potestades públicas que favorezca o promueva un cártel.

Palabras clave: defensa de la competencia, España, cártel, poderes públicos.

La preocupante situación de crisis económica en que nos hallamos y el alto porcentaje de desempleo ha suscitado un excesivo número de ejecuciones hipotecarias en nuestros juzgados.

La acción para exigir el pago de deudas garantizadas por prenda o hipoteca puede dirigirse directamente contra los bienes pignorados o hipotecados, sujetando su ejercicio a lo dispuesto en el Título IV del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativo a la ejecución dineraria, con las especialidades que se establecen en su Capítulo V (arts. 681 a 698). Dichos preceptos, lejos de solventar la dramática situación en que se hallan inmersas miles de familias en España, que, a consecuencia de la falta de ingresos, no pueden atender el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los préstamos hipotecarios concertados para la adquisición de su vivienda, adolecen de demasiadas lagunas e imperfecciones que ponen en entredicho el derecho de tutela judicial efectiva, lo que justifica un estudio detallado de esta materia en aras de solventar los problemas que se presentan en la praxis y de aportar soluciones útiles y eficaces.

Palabras clave: hipoteca, dación en pago, embargo de sueldo, subasta, tercerías.

La lucha contra la piratería en Internet es un reto de nuestra sociedad. Sin embargo, el marco jurídico europeo no es claro. No hay una respuesta sencilla a la necesidad de buscar un equilibrio entre la protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual en Internet, por un lado, y la protección de la libertad de expresión e información, así como de la intimidad, con su particular vertiente de la protección de datos personales, por otro. Las estrategias nacionales seguidas hasta la fecha resultan poco definidas respecto de los intereses en juego de los varios sujetos intervinientes: los autores, los usuarios, los proveedores de acceso a Internet y de almacenamiento de datos. En este trabajo, se realiza un estudio comparado de las soluciones normativas y de las tendencias jurisdiccionales llevadas a cabo en otros países de nuestro entorno en los que se da una protección equivalente o parecida de los derechos de propiedad intelectual. A saber, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Suecia, Alemania, Austria, Bélgica y Francia. Tras ello, se expone de manera detallada la solución adoptada por nuestro legislador –los denominados «Ley Sinde» y «Reglamento Wert»– y el contexto español que explica su adopción. Esta nueva regulación española establece un procedimiento administrativo en el que, al estar implicados derechos fundamentales, como la libertad de expresión e información y la protección de datos personales, se requiere para su instrucción y su efectiva ejecución de una serie de autorizaciones judiciales. Tras ello, se incluye una valoración personal de las medidas y una reflexión de futuro, teniendo en cuenta las particularidades del contexto español y los resultados alcanzados en otros países del entorno.

Palabras clave: propiedad intelectual, protección de datos personales, libertad de expresión y derecho a la información, derecho a la intimidad personal y familiar, Internet.