Artículos de Interés

Se ha aprobado, por fin, y con gran algarabía, la considerada como verdadera «Ley de Emprendedores», la Ley 14/2013, tras una primera versión aguada, la representada por la Ley 11/2013. Ambas leyes hacen un intenso uso instrumental de medidas sociales y laborales para favorecer la actividad de emprendimiento. El propósito de este estudio es ver y analizar, desde el ámbito estrictamente socio-laboral (medidas de empleo, laborales, de seguridad social, de autorización para trabajar), si el estudio jurídico de las nuevas propuestas avala la fe puesta en la Ley 14/2013 para favorecer el crecimiento de nuestro tejido económico o si, al contrario, propicia más bien la multiplicación de situaciones difíciles entre el autoempleo y los «falsos autónomos». Y veremos que no solo el camino emprendido por la Ley 14/2013 es insuficiente para crear las condiciones favorables a la mejora de la actividad empresarial, sino que sigue habiendo zonas muy tortuosas cuando no, al menos algunas, erradas, pues más bien propician el retorno a estrategias de fuga o huida de lo laboral, ahora hacia el autoempleo travestido de un evanescente estatuto jurídico de «actividad emprendedora-sujeto emprendedor».

Palabras clave: políticas de mercado de trabajo, trabajo autónomo, autoempleo y emprendedores.

La reforma de la competencia desleal llevada a término en España en el año 2009 merced a la transposición de la Directivas 2005/29/CE y 2006/114/CE, sobre prácticas comerciales desleales y publicidad engañosa y comparativa, ha trastocado algunas de las bases fundamentales sobre las que se sustentan las relaciones jurídicas de empresarios con consumidores y minoristas, lo que constituye la base de un mercado transparente, operativo y eficiente. La regulación de las prácticas comerciales desleales remueve e incide transversalmente en la regulación, aplicación e interpretación de las normas sustantivas sobre la contratación de consumo y del comercio minorista, así como la publicidad e información de empresarios y profesionales. La interconexión y comunicación entre normas competenciales y la normas contractuales a través de la lealtad contractual, el principio de la buena fe, la información, la publicidad y las prácticas no consentidas en su relación con las cláusulas abusivas permiten hablar de un nuevo enfoque general con consecuencias en el funcionamiento de un mercado de bienes y servicios más eficiente y transparente. En el reconocimiento del nuevo e importante papel a usos y prácticas comerciales en la contratación privada en nuestro ordenamiento es imprescindible una adecuada traslación de herramientas extraídas del derecho contractual europeo.

Palabras clave: contratos, prácticas comerciales desleales, buena fe, publicidad y deberes de información.

La Red es un lugar propicio para cometer infracciones contra ciertos derechos (honor, intimidad, propia imagen, propiedad intelectual) particularmente propensos a sufrirlas. Habida cuenta la dificultad para determinar quién es el verdadero autor de las infracciones, la normativa atribuye, en determinados supuestos, la responsabilidad derivada de dichas infracciones a las entidades que almacenan los espacios en que se vierten los comentarios injuriosos. La noción fundamental en esta sede es la de «conocimiento efectivo del ilícito», que, en caso de concurrir, generará la responsabilidad del prestador de servicios de la sociedad de la información. La cuestión en la práctica presenta la dificultad consistente en la ausencia de un criterio estándar para determinar cuándo existe conocimiento efectivo del ilícito.

Palabras clave: prestadores de servicios de la sociedad de la información, conocimiento efectivo, derecho al honor, responsabilidad y alojamiento de datos.

Para impugnar los acuerdos que adopte la comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal y la forma de verificar la notificación de los acuerdos a los propietarios ausentes conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal y para el inicio del cómputo de plazo para la acción de impugnación, es necesario que se pruebe el conocimiento detallado del acuerdo y no su mera existencia, pues solamente el primero garantiza el ejercicio de la acción en condiciones de efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva. Los acuerdos comunitarios sobre alteración de elementos comunes que se hayan adoptado por mayoría, pese a requerir la unanimidad, quedarán convalidados si no se recurren en el plazo de treinta días, al tratarse de una infracción de la Ley de Propiedad Horizontal.

Palabras clave: propiedad horizontal e impugnación de acuerdos.

Análisis de la previsión que ya se introdujo en la reforma del Código Penal aprobada por la Ley Orgánica 5/2010 de trasladar del Estado a las empresas la obligación de introducir planes que tiendan a evitar la comisión de delitos por directivos y/o empleados, y que ha salido reforzada en la inminente reforma del texto penal al haberse incluido importantes modificaciones que aclaran y mejoran la regulación de esta obligación que tienen las empresas para estar en condiciones de acreditar que se adoptaron las medidas de diligencia exigibles para evitar la comisión de delitos, y que se les deriven responsabilidades penales. Es la figura conocida como «keeping track», que en muchas empresas ya se están implantando, bien por servicios externos, bien en la propia empresa como unidad o servicio propio.

Palabras clave: empresas mercantiles, prevención de delitos, planes de prevención empresarial y keeping track.

En esta interesante sentencia el Tribunal Constitucional viene a reafirmar el criterio legal que rige la retribución de los procuradores, que se sustenta en su naturaleza arancelaria, en función de la cuantía del litigio, sin que su fijación pueda verse alterada por otro tipo de criterios, tales como el de proporcionalidad, adecuados para fijar los honorarios de los abogados. De esta manera, a pesar de los intentos del Tribunal Supremo de establecer un sistema unificado de cara a la fijación en costas de las retribuciones de ambos profesionales, el Tribunal Constitucional deja claro que nos encontramos ante dos regímenes jurídicos diferentes con criterios, en consecuencia, divergentes.

Palabras clave: derechos del procurador, impugnación por excesivos, interpretación contraria a la ley, existencia de arancel y no aplicación del criterio de proporcionalidad.

El derecho al honor se encuentra limitado por la libertad de expresión. La limitación del derecho al honor por la libertad de expresión tiene lugar cuando se produce un conflicto entre tales derechos, el cual debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. El denominado «reportaje neutral» es aquel en el que un medio de comunicación se limita a transcribir o difundir lo dicho o declarado por un tercero, es decir, cuando únicamente cumple una función transmisora de lo dicho por otro y, por consiguiente, el responsable de cuanto se diga en las declaraciones reproducidas es su autor material. La fijación de la cuantía de las indemnizaciones por resarcimiento de daños materiales o por compensación de daños morales no tiene acceso a la casación, pues corresponde a la función soberana de los tribunales de instancia.

Palabras clave: libertad de expresión y derecho al honor y a la intimidad, prevalencia del derecho al honor y a la intimidad, reportaje neutral y revisión de la cuantía de la indemnización.

Cuando se trata de culpa de profesionales, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en lo tocante a la infracción de los deberes que la profesión entraña, exige la prueba de la culpa, como actuar culpable, negligente. El contrato de arrendamiento de servicios que subyace en la relación entre abogado y cliente exige a aquel el cumplimiento diligente de sus servicios, que deriva de las normas generales sobre obligaciones e imponen al abogado el cumplimiento «con el máximo celo y diligencia» de la misión de defensa que le sea encomendada, así como el sometimiento a la lex artis o exigencias técnicas. Tratándose de una responsabilidad profesional, la jurisprudencia y la doctrina han reiterado que la obligación del profesional es siempre de medios o actividades y no de resultado, de modo que el profesional, con tal de que actúe conforme a la lex artis, no puede considerarse responsable del resultado, y el actor tiene la carga de probar que se ha infringido por el profesional dicha lex artis, sin que baste una mera afirmación, tratándose, por lo general, de negligencias consistentes en inactividad o falta de prontitud, a consecuencia de las cuales se han producido daños y perjuicios, como en este caso donde la negligencia profesional de la abogada llevó a su cliente a perder su condición de acreedor de dominio al no solicitar la anotación preventiva de demanda, lo cual supuso que el comprador que no pagó todo el inmueble pudiese vender a un tercero, debiendo indemnizar la abogada por pérdida de oportunidad. Como el daño consistió en la frustración de una acción judicial, debe realizarse un cálculo prospectivo de oportunidades de buen éxito de la acción perdida. Hubiera sido aconsejable haber solicitado con la primera demanda o con carácter previo a su interposición la medida cautelar de anotación preventiva de la demanda y al no hacerlo la abogada omitió la diligencia exigible en el desempeño de su cometido profesional, pues no aplicó los imprescindibles conocimientos jurídicos que hubieran evitado que el demandante perdiera su condición de acreedor de dominio, y la inscripción en el Registro de la Propiedad de esta medida cautelar hubiera impedido la venta a un tercero, como ocurrió finalmente.

Palabras clave: responsabilidad contractual de abogado con su cliente, lex artis y frustración de acciones.

Según la jurisprudencia reciente de los Tribunales comunitarios, así como las Decisiones de la Comisión en su faceta de poder ejecutivo comunitario, las multas derivadas de ilícitos anticompetitivos no solo afectan a la empresa infractora, sino que también se considera responsable solidariamente a la empresa matriz a la que pertenece una determinada filial, presumiendo que por poseer el 100 % del capital social de la filial ha controlado el comportamiento de esta última. Esta interpretación de la doctrina de la entidad económica considerando un grupo de empresas como empresa en el sentido del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea plantea importantes problemas jurídicos, teniendo en cuenta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha confirmado la naturaleza penal de las sanciones derivadas de ilícitos anticompetitivos. Esta problemática tiene importantes consecuencias en la práctica, ya que determina que el importe de la multa pueda incrementarse de forma notable (o no) y que esta sea más fácil de cobrar, al afectar a varias empresas del mismo grupo.

Palabras clave: ilícitos anticompetitivos, responsabilidad, matriz, filial, imputabilidad e indefensión.

La pérdida de la vivienda familiar en un proceso de ejecución forzosa provoca situaciones dramáticas que todavía son más sangrantes si el litigio no obedece a deudas propias sino ajenas, dado que las escasas deferencias que la ley prevé en el procedimiento de apremio únicamente favorecen al deudor olvidando al fiador y al hipotecante no deudor. Tampoco el legislador otorga una adecuada protección a los terceros ocupantes de viviendas subastadas, desamparando especialmente a los titulares de un derecho de uso. Además, la ley respalda la validez de la subasta de bienes no pertenecientes al ejecutado y no permite al tercero de buena fe que ha adquirido un inmueble embargado, desconociendo dicha carga –por no constar la anotación preventiva en el Registro–, evitar su enajenación forzosa si no lo inscribe a su favor antes de la constancia del embargo.

El elenco de supuestos que pueden ocasionar que una persona pierda su vivienda por deudas de otra y la necesidad de urgentes reformas justifican un detenido análisis de esta materia en aras de aportar soluciones adecuadas y propuestas de lege ferenda.

Palabras clave: hipoteca, embargo, derecho de uso, gananciales, tercería de dominio y subasta.