Jurisprudencia de Derecho Administrativo

Contratos administrativos. Medida cautelar. Reclamación de principal e intereses. Abono de los intereses de demora derivados del retraso en el pago de las certificaciones.

El procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas contenido en el art 199 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector público, faculta al contratista/acreedor para que, transcurridos los plazos de pago impuestos a la Administración (actualmente 30 días), pueden reclamar por escrito el pago y, transcurrido un mes sin verificarse, entienda reconocido el vencimiento del plazo de pago y pueda formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda y, en su caso, de los intereses de demora. Resulta razonable interpretar que el precepto pretende alcanzar la indemnidad total del acreedor lo que, obviamente, solo puede ser alcanzado si comprende principal e intereses.

Administración corporativa. Cuotas colegiales distintas para colegiados individuales y sociedades profesionales. Condiciones desiguales para el ejercicio de la actividad. Resolución sancionadora de la CNMC.

No puede estimarse que en este caso el Colegio Profesional sancionado haya aplicado condiciones desiguales y discriminatorias en los procedimientos de incorporación de las sociedades profesionales al Colegio, porque el trato discriminatorio se afirma con referencia a la inscripción de los colegiados individuales, que no puede considerarse un término válido de comparación. El TJUE viene considerando que no es necesario examinar los efectos de una práctica concertada cuando quede acreditado su objeto contrarío a la competencia y, a sensu contrario, cuando no pueda considerarse que los acuerdos tengan por objeto, por su propia naturaleza, restringir la competencia, entonces debe examinarse si tales acuerdos producen el efecto de restringir la competencia. La distinción entre «infracciones por objeto» e «infracciones por efecto» reside en el hecho de que determinadas formas de colusión entre empresas pueden considerarse, por su propia naturaleza, perjudiciales para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia.

Recurso de amparo. Especial trascendencia constitucional. Responsabilidad patrimonial del Estado por sufrir prisión provisional y ser posteriormente absuelto. Derecho a la libertad, a la igualdad y a la presunción de inocencia. Agotamiento de la vía judicial.

El Tribunal Constitucional aprecia especial trascendencia constitucional porque el recurso se refiere a una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre la que no hay doctrina, como es la eficacia del derecho a la presunción de inocencia en los procedimientos administrativos y contencioso-administrativos seguidos por responsabilidad patrimonial del Estado por prisión preventiva según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, el recurso da ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, en relación con el fundamento constitucional de la indemnización por prisión preventiva.

Derechos fundamentales. Derecho a la información. Libertad de empresa. Resúmenes deportivos. Futbol.

Conflicto Audiovisual, entre Mediaset España Comunicación y la Liga Nacional de Futbol Profesional. Equilibrio entre el Derecho a la información, y los Derechos a la propiedad y a la libertad de empresa. Se avala la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre los resúmenes de los partidos de La Liga de futbol.

Extranjería. Residencia temporal. Arraigo social. Requisitos.

No se estima acertada la interpretación que se postula en el escrito de interposición del presente recurso de casación, de estimar que es suficiente con la mera aportación del documento para estimar acreditadas las condiciones que se imponen para la concesión del permiso por residencia por circunstancias excepcionales por arraigo, en contraposición con lo exigido en el artículo 66 del Reglamento para el permiso de trabajo. Deben "interpretarse los artículos 64.3º.e ) y 124.2º.b) del Reglamento de la Ley de Extranjería en el sentido de que, conforme al segundo de los mencionados preceptos y con exclusión de aquel primero, es suficiente para la solicitud de permiso temporal de residencia por razones de arraigo la aportación por el interesado de "un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud para un periodo que no sea inferior a un año", sin mayores requisitos; pero que ello no impide que la Administración, en la tramitación del procedimiento, pueda examinar la falta de viabilidad de la actividad empresarial en que se inserta el mencionado contrato.

Personal al servicio de las AAPP. RD 943/2017. Cese del Vicepresidente y los Consejeros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña y del personal eventual adscrito, ex 155 CE.

No estamos ante una actividad llevada a cabo en sustitución del Presidente, Vicepresidente y Consejeros sino frente a la consecuencia, inmediata y automática, del cese de estos últimos que dispone el propio Consejo de Ministros conforme a la legislación catalana, con la única salvedad de que, en vez de publicarse en el DOGC, se publicó en el BOE, ya que se estaba aplicando el remedio extraordinario previsto por el artículo 155 CE. Si tal legislación catalana, en consonancia con lo establecido en el TREBEP, prevé el cese automático del personal eventual cuando cesa la autoridad o cargo que les nombró o al que asiste, es porque se trata de personal de asesoramiento y confianza de esa autoridad o cargo y sólo a esa circunstancia debe su nombramiento.

Urbanismo. Suelo no urbanizable. Protección ambiental. Transformación urbanística de los terrenos pertenecientes a la red Natura 2000. Inconstitucionalidad mediata.

Para que se produzca el vicio de inconstitucionalidad mediata o indirecta, es decir, el derivado, no de las prescripciones establecidas en la Constitución, sino de los preceptos aprobados por el Estado en su aplicación, será necesario, primero, que la norma estatal vulnerada por la ley autonómica sea, en el doble sentido material y formal, una norma básica y, por tanto, dictada legítimamente al amparo del correspondiente título competencial que la Constitución haya reservado al Estado; y, segundo, que la contradicción entre las normas estatal y autonómica sea efectiva e insalvable por vía interpretativa. La red ecológica europea Natura 2000 es un sistema coherente de protección compuesto por los lugares de importancia comunitaria, hasta su transformación en zonas especiales de conservación, y las zonas de especial protección para las aves. A partir del momento en que, a instancia de las administraciones competentes (con carácter general, las comunidades autónomas en los espacios terrestres y el Estado en los espacios marinos), un espacio queda incluido en la Red Natura 2000, la Ley 42/2007 impone que su gestión se guíe por la adopción de las medidas de conservación necesarias y apropiadas.

Cuestión prejudicial. Concepto de “miembro del Parlamento Europeo. Prisión preventiva. Privilegios e inmunidades de la Unión Europea. Inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento Europeo. Solicitud de suspensión de la inmunidad.

Ciudadano de la Unión Europea que resulta electo al Parlamento Europeo cuando se encuentra en situación de prisión provisional en el marco de un proceso penal y verificación de las credenciales de los diputados al Parlamento Europeo tras la proclamación oficial de los resultados electorales. Los miembros de la institución de la Unión que constituye el Parlamento Europeo son elegidos por sufragio universal directo, libre y secreto, para un mandato de cinco años y de esta disposición resulta que la condición de miembro del Parlamento Europeo se deriva del hecho de ser elegido por sufragio.

Responsabilidad patrimonial de la Administración. Medio ambiente. Especies protegidas. Daños producidos por lobos.

Explotación que viene sufriendo continuos ataques de lobos. En España, la condición legal del lobo es doble, dependiendo de si se encuentra al norte o al sur del río Duero. Al norte del río Duero, la caza del lobo puede ser autorizada, mientras que al sur está prohibida su caza deportiva. La finca donde se encuentra su explotación ganadera se sitúa al sur del río Duero, donde la caza del lobo está totalmente prohibida. Y, precisamente, al estar prohibida, la recurrente no puede adoptar medidas eficaces para evitar los daños que produce esta especie a su ganado.

Responsabilidad patrimonial de la Administración. Responsabilidad solidaria entre ayuntamientos y comunidad autónoma por actuaciones urbanísticas. Determinación del grado de participación de cada administración para determinar la cuantía por la que responde.

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si, en supuestos de deudas solidarias de distintas Administraciones Públicas, es aplicable la presunción de mancomunidad de las deudas, que divide entre los deudores por partes iguales, por no poder establecerse el porcentaje concreto de culpa de cada Administración.