Jurisprudencia de Derecho Administrativo

Salud Pública. Acción administrativa. Ejecución forzosa. Autorizaciones o ratificaciones de medidas sanitarias.

Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución, y en este caso asi ocurre con los artículos 1 a 3 de la ley 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Por ello, un Juzgado de lo Contencioso autoriza el sometimiento forzoso a la prueba de covid-19 de un varón de 80 años residente en un centro para mayores, ante su negativa a someterse al test y “empleando para ello la fuerza mínima indispensable o el medio menos invasivo posible.

Obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Actos administrativos de aplicación. Inexistencia de vulneración del derecho de la Unión Europea. Actos propios y confianza legítima. Prestaciones patrimoniales de carácter público.

Derecho de acceso a la información pública. Información anterior al 10 de diciembre de 2014. Acción previa de reelaboración. Solicitud de información que no obra en poder del sujeto al que se dirige la petición. Interés casacional.

Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Se impugna la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial a la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Comunidad de Madrid, por los daños y perjuicios provocados en una explotación ganadera por los ataques de lobos.

Proceso contencioso-administrativo. Representación procesal. Letrado de oficio. Tutela judicial efectiva. Extranjería. Infracciones y sanciones.

En procedimiento de expulsión de extranjero se solicita asistencia letrada de oficio para recurrir que se concede, y tras el nombramiento de letrado se pide a la persona beneficiaria que ratifique su voluntad de presentar el recurso en el momento de su interposición por cualquier medio que deje constancia expresa de su identidad y del conocimiento de la resolución. La letrada de la Administración de Justicia requiere a la letrada del turno de oficio que acredite la representación que dice ejercer y ante la no respuesta, tiene lugar el archivo de las actuaciones.

Contratos del sector público. Concesión sobre líneas de transporte urbano. Extinción por término del período de 30 años a partir de su adjudicación. Régimen transitorio. Dies a quo.

De las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición del Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión Europea de una interpretación autónoma y uniforme, que ha de buscarse teniendo en cuenta el contexto de dicha disposición y el objetivo que la normativa de que se trate pretende alcanzar.

Convenios urbanísticos. Norma reguladora del plazo de prescripción de las reclamaciones basadas en incumplimientos.

Las normas jurídicas que se aplican en el momento de la extinción de los contratos administrativos -y de los convenios-, según de forma reiterada señalan los sucesivos textos legales en materia de contratación pública son:

Registros administrativos. Registro Central de Delincuentes Sexuales. Afectación de principios constitucionales.

Denegación de cancelación de los datos inscritos aplicando el plazo de cancelación previsto en el RD 1110/2015.

El Real Decreto 1110/2015 tiene por objeto crear y regular la organización y funcionamiento del Registro Central de Delincuentes Sexuales previsto en la Ley 26/2015 de infancia y adolescencia, así como el régimen de inscripción, consulta, certificación y cancelación de los datos contenidos en aquél. Este Real Decreto tiene cobertura en la habilitación otorgada por la Disposición Final Decimoséptima de la Ley 26/15, sin que las limitaciones para el ejercicio de determinadas profesiones o actividades en contacto con menores -cuya causa no es otra que la potencial peligrosidad de los pederastas- vulneren el principio de legalidad (art. 25 CE), entre otras razones porque no estamos ante sanciones, sino ante medidas limitativas de derechos, de naturaleza tuitiva.

Dominio público hidráulico. Infracciones. Sanción y reposición al estado primitivo. Prescripción de la infracción y prescripción de la acción de reposición.

La obligación de reponer las cosas a su estado primitivo o de reparar los daños causados al dominio público prescribirá a los quince años.

Ejecución de sentencia. Procedimiento sancionador. Falta de determinación del plazo de cumplimiento del fallo judicial. Caducidad del procedimiento sancionador.

Las cuestiones planteadas en el recurso de casación que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consisten en determinar si en los supuestos en que la sentencia no hubiere fijado plazo de cumplimiento del fallo, puede la Administración dictar la nueva resolución sin límite temporal alguno, o si, por el contrario, está condicionada temporalmente a la hora de dictar la nueva resolución -a efectos de una eventual concurrencia de caducidad del procedimiento administrativo sancionador- por el tiempo que empleó en dictar la resolución sancionadora primeramente anulada. Asimismo, se debe fijar doctrina respecto de los supuestos en que el Tribunal sentenciador decidiera fijar un plazo de cumplimiento del fallo -conforme a lo previsto en el artículo 71.1.c) LJCA-; la cuestión se centra en determinar si para concretar su extensión en cada caso debe el Tribunal sentenciador tener en cuenta únicamente las particulares circunstancias concurrentes, sin límite alguno, o si, por el contrario, debe tener en cuenta, a efectos de una eventual caducidad del procedimiento administrativo sancionador, el tiempo que hubiera empleado anteriormente la Administración para dictar la resolución sancionadora primeramente anulada.