Jurisprudencia de Derecho Civil

Sucesiones. Desheredación. Falta de prueba del maltrato alegado en el testamento.

El recurso se plantea en un procedimiento iniciado por demanda interpuesta por la hija desheredada por el padre en un testamento en el que invoca, además de la existencia de maltrato de obra e injurias, la falta de relación.

La sala recuerda que en el diseño legal actualmente vigente la legítima es configurada como un derecho del que solo puede privarse al legitimario de manera excepcional cuando concurra causa de desheredación. El testador debe expresar alguna de las causas que de manera tasada ha fijado el legislador y al legitimario le basta negar su veracidad para que se desplace la carga de la prueba al heredero.

Divorcio. Separación de bienes. Liquidación. Compensación económica del trabajo doméstico. Desequilibrio económico.

El origen del pleito se encuentra en las demandas de divorcio acumuladas interpuestas por los dos esposos en las que se promovió también la adopción de medidas definitivas. El régimen económico del matrimonio era el de separación de bienes. La esposa interesó el reconocimiento de una compensación económica y el establecimiento de una pensión compensatoria. Recurre en casación el exmarido que, de un lado, impugna la cuantía de la compensación fijada por el trabajo doméstico y, de otro lado, solicita que la pensión compensatoria tenga carácter temporal y no indefinido.

Protección de datos personales. Tratamiento de datos personales. Derecho a indemnización por los daños y perjuicios causados por un tratamiento de datos. Requisitos del derecho a indemnización. “Umbral de gravedad”. Reglas de determinación de la indemnización.

El derecho a indemnización establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) está supeditado de forma unívoca a tres requisitos acumulativos: una infracción del RGPD, unos daños y perjuicios materiales o inmateriales consecuencia de esa infracción y una relación de causalidad entre los daños y perjuicios y la infracción. Por lo tanto, no toda infracción del RGPD da lugar, por sí sola, al derecho a indemnización. Otra interpretación sería contraria al claro tenor del RGPD. Además, con arreglo a lo expuesto en los considerandos del RGPD relativos, en concreto, al derecho a indemnización, la infracción del Reglamento no conlleva necesariamente daños y perjuicios, y debe existir una relación de causalidad entre la infracción en cuestión y los daños y perjuicios sufridos para fundamentar un derecho a indemnización. De este modo, la reclamación de daños y perjuicios se diferencia de otros recursos previstos por el RGPD, en particular, de aquellos que permiten imponer multas administrativas, para los que no es necesario demostrar la existencia de daños y perjuicios individuales.

Sociedad de gananciales. Liquidación. Formación de inventario. Carácter ganancial de la vivienda familiar. Reembolso de dinero privativo empleado para su adquisición.

El recurso se plantea contra una sentencia dictada en un procedimiento de liquidación del régimen económico de gananciales que existió entre las partes durante su matrimonio. Conforme al art. 1355 CC, los cónyuges pueden atribuir carácter ganancial en su totalidad a bienes adquiridos mediante precio en parte ganancial y en parte privativo.

Arrendamientos urbanos. Desahucio. Expiración del plazo contractual. Código de Buenas Prácticas.

El origen del procedimiento que da lugar a este recurso es una demanda de desahucio por expiración del plazo de dos años desde la celebración del contrato de arrendamiento conforme al Código de Buenas Prácticas aprobado por el RD-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. A la demanda se acumula una reclamación por las rentas que se devenguen hasta la restitución de la finca. Los arrendatarios se oponen al desahucio argumentando que a falta de cobro de las rentas las han consignado en la cuenta del juzgado, y que el contrato no se ha extinguido porque se prorrogó por cinco años más como consecuencia de la modificación del Código de Buenas Prácticas llevada a cabo por el art. 1.2 del RD-Ley 5/2017, de 17 de marzo. La demanda fue estimada parcialmente por la sentencia de apelación, que declaró extinguido el contrato de arrendamiento, pero denegó la reclamación de rentas.

Propiedad horizontal. Acuerdo de junta de propietarios. Impugnación. Mayorias necesarias. Pisos turísticos

Para aprobar la limitación del alquiler turístico por una comunidad de propietarios bastará el voto de los 3/5 partes del total de los propietarios que representen las 3/5 partes de las cuotas de participación.

La pretensión de la demandante de que el acuerdo de prohibición de alquiler turístico necesitaba unanimidad, lo era antes de la entrada en vigor del apartado 12 del art. 17 LPH (6 de marzo 2019) introducido por ley 7/2019 de 1 de marzo, pues con la reforma operada por esta ley se trata de permitir adoptar un acuerdo que excluya un uso concreto, el de cesión para uso turístico, no por unanimidad, lo que ya hubiera sido posible en el ámbito de la propiedad horizontal antes de la ley 7/2019, sino por una mayoría cualificada, de no ser así, seguiría siendo necesario contar con el consentimiento del propietario potencialmente afectado para adoptar este acuerdo, lo que, desde luego, no responde al sentido de la reforma.

Pensión de alimentos. Requisitos. Extinción. Desafección del hijo respecto de su progenitor.

La Audiencia Provincial exime a un padre de la obligación a seguir pagando la pensión de alimentos a su hija de 29 años por su desinterés para buscar trabajo. Asimismo, el tribunal señala que concurre una causa que, por sí sola, ya es suficiente para acordar la extinción: la falta de relación entre padre e hija "imputable solo a ésta". Entendemos por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable.

Sucesiones. Cooperación judicial. Renuncia de un heredero ante tribunal del Estado miembro en el que reside posterior, Solicitud posterior, por distinto heredero, de inscripción de la renuncia en un registro de otro Estado miembro.

Con arreglo al artículo 13 del Reglamento n.º 650/2012, además del tribunal que sea competente para pronunciarse sobre la sucesión en virtud del referido Reglamento, los tribunales del Estado miembro de la residencia habitual de cualquier persona que, con arreglo a la ley aplicable a la sucesión, pueda efectuar ante un tribunal una declaración relativa a la aceptación de la herencia, de un legado o de la parte legítima o a la renuncia a los mismos, o una declaración de limitación de su responsabilidad respecto a las deudas y demás cargas de la herencia, serán competentes para conocer de esas declaraciones.

Sociedad legal de gananciales. Cargas y obligaciones. Delito fiscal de cónyuge.

Improcedencia de la consideración como deuda ganancial de la responsabilidad civil en que incurrió el marido por la comisión de un Delito fiscal en su condición de administrador de hecho de una cooperativa.

Las obligaciones contraídas por uno de los cónyuges en el ejercicio del comercio, si lo hace con conocimiento y sin oposición del otro, tienen carácter ganancial de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Código de Comercio y 1.362.4 y 1365.2 del Código Civil y no resultó acreditado que la esposa codemandada mostrara su oposición al ejercicio del comercio en la cooperativa por parte de su marido.

Recurso de casación. Recurso extraordinario por infracción procesal. Error en la valoración de la prueba. Protección de un menor en situación de desamparo.  Acogimiento de menores. Interés superior del menor.

Lo trascendente en el recurso extraordinario por infracción procesal no es el error en la valoración de la prueba en la segunda instancia, sino más bien la interpretación del artículo 752 de la LEC, que permite examinar nueva prueba aportada por el Fiscal en su dictamen, actualizando así las circunstancias o los parámetros de valoración del caso al tratarse de un menor de edad. De ahí que el Tribunal Supremo analiza, en el punto 2.2 del Fundamento Segundo de la sentencia, lo que rubrica “La flexibilidad procedimental de los procedimientos especiales del Libro IV de la LEC”. El Supremo no comparte el argumento de la sentencia del tribunal provincial de que la situación a analizar sea la concurrente al tiempo de la adopción de las medidas administrativas de protección, en virtud de los principios de litispendencia y perpetuación de la jurisdicción, como si de una fotografía se tratase, que congelase en el tiempo una imagen o el estado de cosas existentes al momento de dictarse la resolución administrativa objeto de oposición en este trance. En estos procedimientos especiales, tuitivos frente a las situaciones de riesgo en las que puedan hallarse los menores, y con la finalidad de preservar el libre desarrollo de su personalidad y garantizar su interés superior, se sustancian con gran flexibilidad procedimental, de manera tal que las partes gozan de un amplio margen para formular nuevas alegaciones y proponer pruebas sobre ellas, susceptibles de ser sometidas al principio de contradicción.