Jurisprudencia de Derecho Civil

Obligaciones. Extinción.  Deudores solidarios. Pago. Derecho de repetición.

Acción de repetición por aseguradora frente a codeudor por defectos constructivos por el importe que correspondería de acuerdo con la sentencia de apelación. Aplicación del art. 1145 CC.

El art. 1137 del Código Civil prevé que «la concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir, ni cada uno de éstos deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria». Por su parte, el art. 1138 del mismo cuerpo legal establece que «si del texto de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior no resulta otra cosa, el crédito o la deuda se presumirán divididos en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, reputándose créditos o deudas distintos unos de otros».

Derecho de familia. Régimen económico matrimonial de gananciales. Liquidación. Inventario.

El recurso de casación versa sobre el momento de la disolución del régimen económico matrimonial del gananciales. Se reitera la doctrina de la sala acerca de que el régimen se disuelve con la firmeza de la sentencia de divorcio. La sentencia recurrida ha aplicado la jurisprudencia, y la razón por la que no incluye en el activo determinadas sumas de dinero es porque considera acreditado que se emplearon por el esposo en levantar cargas del matrimonio, lo que la recurrente no ha impugnado adecuadamente.

Cuando se trata de libre separación de hecho excluye el fundamento de la sociedad de gananciales, que es la convivencia, pues entenderlo de otro modo significaría un acto contrario a la buena fe con manifiesto abuso de derecho. Vienen estableciéndose como requisitos, para entender que procede establecer como fecha de disolución de la sociedad de gananciales la de la separación de hecho, los siguientes:

Tutela judicial efectiva sin indefensión. Derecho de acceso al proceso. Notificación por edictos tras dos intentos de emplazamiento en un único domicilio, sin llevar a cabo averiguación domiciliaria.

La prohibición de indefensión, que complementa al derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, garantiza el derecho a acceder a la jurisdicción en condiciones de poder ser oído y ejercer la defensa de los derechos e intereses legítimos en un proceso respetuoso con los principios de contradicción e igualdad de armas procesales. Por este motivo, para una correcta constitución de la relación jurídico-procesal es imprescindible la adecuada ejecución de los actos de comunicación procesal asegurando, en lo posible, su recepción por los destinatarios.

En aras, precisamente, de proteger a quienes hayan de ser parte en el proceso, el órgano judicial ha de procurar, siempre que sea posible, el emplazamiento personal de los demandados. En este sentido, ha de quedar claro que la modalidad de emplazamiento edictal, aun siendo constitucionalmente admisible, debe ser adoptada con carácter subsidiario y excepcional, lo que exige apurar previamente los medios de comunicación ordinarios, que ofrecen mayor garantía y certidumbre de la recepción por el destinatario. Dicho de otro modo, para recurrir al uso de los edictos, el órgano judicial debe haber concluido razonablemente que, por desconocerse el domicilio o ignorarse el paradero del interesado, resultan impracticables o infructuosas las otras formas de comunicación procesal, siendo preciso para llegar a esa convicción que el demandado no es localizable y que la oficina judicial haya agotado las gestiones de indagación del paradero por los medios ordinarios a su alcance. El órgano judicial habrá cumplido su especial deber de diligencia cuando la resolución por la que se tenga a la parte en ignorado paradero o con domicilio desconocido, se halle fundada en un criterio de razonabilidad que lleve a la convicción o certeza de la inutilidad de aquellos otros medios normales de comunicación.

Acuerdo corrector adoptado en el ámbito de las manifestaciones vertidas en escritos procesales, ajeno a la potestad disciplinaria de los letrados de la administración de justicia. Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías en relación con el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.

Conforme a la legislación orgánica anterior a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la Ley Orgánica 7/2015, la policía de estrados era ejercida de forma exclusiva y autosuficiente por los órganos judiciales y revisada por las Salas de Gobierno de los Tribunales, por lo que se había concluido que su regulación satisfacía las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva. No obstante, se ha descartado la naturaleza materialmente jurisdiccional de la policía de estrados señalando que el art. 117.4 CE prevé que juzgados y tribunales ejercerán también aquellas funciones no jurisdiccionales que disponga la ley en garantía de cualquier derecho y que el ejercicio de la función sancionadora sobre abogados y procuradores está desligado de la función decisoria en el proceso, en tanto no comporta la resolución de una cuestión controvertida sobre el fondo o sobre la situación jurídico-procesal de las partes. En tal medida, aunque solo los jueces y magistrados ejercen jurisdicción, no puede identificarse decisión judicial con decisión jurisdiccional.

Contratos de préstamo hipotecario. Cláusula de comisión de apertura de préstamo. Anulación. Apreciación del carácter abusivo de las cláusulas contractuales. Carácter claro y comprensible.

El Tribunal de Justicia declara que:

1. El artículo 5 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una jurisprudencia nacional que, a la vista de la normativa nacional que preceptúa que la comisión de apertura de un préstamo hipotecario retribuye los servicios relacionados con el estudio, la concesión o la tramitación del préstamo o crédito hipotecario u otros servicios similares, considera que la cláusula que impone tal comisión al consumidor satisface la exigencia de transparencia derivada del citado artículo 5, sin que dicha cláusula especifique detalladamente todos los servicios prestados a cambio de esa comisión al comunicarse el tipo de interés propuesto ni indique una tarifa horaria y sin que la entidad bancaria facilite al consumidor facturas detalladas en las que figure el desglose de esos servicios y los impuestos correspondientes, siempre que el consumidor esté en condiciones de evaluar las consecuencias económicas que se deriven para él, de comprender la naturaleza de los servicios proporcionados como contrapartida de los gastos previstos por la referida cláusula y de comprobar que no hay solapamiento entre los distintos gastos previstos por el contrato ni entre los servicios que dichos gastos retribuyen.

Cláusula de vencimiento anticipado. Control jurisdiccional. Inexistencia de normativa nacional que regule la cláusula de vencimiento anticipado. Criterios de apreciación del carácter abusivo.

El Tribunal de Justicia declara que:

1. El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de la apreciación del posible carácter abusivo de una cláusula de vencimiento anticipado incluida en un contrato de préstamo personal, puede tomarse en consideración el hecho de que esta cláusula permite al consumidor evitar el vencimiento anticipado del préstamo o poner remedio a los efectos del mismo, sin que sea necesario que esta posibilidad esté prevista en una norma de Derecho nacional específicamente aplicable a los contratos de préstamo personal.

División judicial de la herencia. Matrimonio. Separación de hecho. Sociedad de gananciales. Liquidación.

Jurisprudencia aplicable a los casos de largas separaciones de hecho con ruptura de vínculos entre los cónyuges a efectos de liquidación del régimen de gananciales y atribución de la condición o no de privativo de bienes.

La ley permite que los cónyuges pacten libremente el régimen jurídico al que someten sus relaciones económicas. Dentro de estos regímenes económicos matrimoniales se encuentran los de comunidad, caracterizados por la constitución de una masa común bienes que atiende a las necesidades del consorcio. A este grupo pertenece el de la sociedad de gananciales conforme al cual «se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que les serán atribuidos por mitad al disolverse aquella. Es cierto que la separación de hecho no produce como efecto la disolución de tal régimen; pero si dura más de un año permite a cualquiera de los cónyuges solicitar su extinción por medio de la obtención de la correspondiente resolución judicial.

Derecho de familia. separación matrimonial. Negocios jurídicos de derecho de familia. Autonomía de la voluntad de los cónyuges. Usufructo constituido en convenio regulador.

Actualmente impera, en el ámbito del derecho de familia, la plena vigencia del principio de la libre autonomía de la voluntad, otorgando a los cónyuges plenas facultades configuradoras en el ámbito horizontal de sus relaciones personales y patrimoniales, constreñidas, no obstante, en el plano vertical de los pactos concernientes a sus hijos, por la vigencia del principio de orden público del interés superior del menor. Por tanto, el interés superior del menor opera como límite a la autonomía de la voluntad de los progenitores en los negocios jurídicos de familia.

Protección del honor. Aforamiento de diputados. Procedimiento de responsabilidad civil de aforados en única instancia. Libertad de expresión. Debate político.

Declaraciones de autoridad pública sobre la pareja de una conocida política. La inviolabilidad e inmunidad parlamentarias son dos prerrogativas, que, teniendo distinto contenido y finalidad específica, encuentran su fundamento en el objetivo común de garantizar la libertad e independencia de la institución parlamentaria, y en tal sentido son complementarias.

Procedimiento civil. Recurso de casación. Requisitos formales. Caratula y extensión máxima.

Causa de inadmisión del recurso de casación porque los recurrentes han incumplido varios de los requisitos establecidos en el Acuerdo de 8 de septiembre de 2023 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión y otras condiciones extrínsecas de los escritos de recurso de casación y oposición civiles.

En concreto, ha alegado que los recurrentes han incumplido varias de las exigencias que, respecto de la carátula de recurso de casación, establece el citado Acuerdo, así como que no concurre circunstancia especial de carácter excepcional que justifique la superación de la extensión máxima del escrito establecida en el Acuerdo, ya que la parte recurrente justifica su extralimitación en la extensión por la jurisprudencia citada en el recurso, motivo que no puede considerarse en ningún caso como «especial de carácter excepcional. Respecto de los requisitos de la carátula, son ya varias las resoluciones de esta sala que han declarado que la falta de cumplimiento de los requisitos de la misma es subsanable, Pero no ocurre lo mismo con lo relativo a la extensión del escrito del recurso, ya que el acuerdo mencionado, estableció una extensión máxima de 50.000 "caracteres con espacio", equivalente a 25 folios.