Jurisprudencia de Derecho Civil

Inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la sentencia dictada en apelación. Ausencia de motivación razonable.

Cuando el planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones resulte procedente, su inadmisión supone una preterición del mecanismo de tutela pertinente ante la jurisdicción ordinaria. No puede considerarse el incidente como un mero trámite formal previo al amparo constitucional, sino como un verdadero instrumento procesal que, en la vía de la jurisdicción ordinaria, podrá remediar aquellas lesiones de derechos fundamentales que no hayan podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario. Asimismo, la motivación que necesariamente ha de ofrecer el órgano judicial para inadmitir el incidente de nulidad, aunque sea sucinta, debe precisar el recurso extraordinario que a su parecer cabría interponer, teniendo para ello en cuenta las posibilidades reales de procedencia de tal recurso en el caso concreto, habida cuenta su regulación legal, pues no hacerlo así conlleva la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del justiciable.

Créditos para bienes inmuebles de uso residencial. Información general sobre los productos ofertados. Obligación de facilitar un “ejemplo representativo”. Ficha de información que únicamente incluye ejemplos de uno de los tipos de crédito ofertados.

La Directiva 2014/17, cuyo objeto es establecer un marco común para los contratos de crédito al consumo en relación con bienes inmuebles de uso residencial, expone, en su artículo 13.1, la información general relativa a los contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial que los Estados miembros deben garantizar que sea facilitada en todo momento por los prestamistas a los consumidores; su letra g) establece que el prestamista debe facilitar, en particular, «un ejemplo representativo del importe total del crédito, del coste total del crédito para el consumidor, del importe total adeudado por el consumidor y de la TAE».

Sucesiones. Legitimarios. Herencia repudiada. Donaciones. Reducción por inoficiosa. Reducción de donaciones por inoficiosas.

La cuestión jurídica que se plantea en el recurso de casación versa sobre la imputación de las donaciones hechas a los hijos que repudian la herencia en la que fueron instituidos testamentariamente por la causante a partes iguales junto con sus hermanos. Se desestima el recurso de casación interpuesto por los donatarios y se confirma la sentencia recurrida, que en atención a la escritura de repudiación de la herencia que otorgaron entiende que renunciaron también a la condición de legitimarios, de modo que las donaciones que recibieron se imputan al tercio de libre disposición y, en

Derecho de familia. Menores. Régimen de visitas. Interés del menor. Relación personal del menor con sus abuelos. Voluntad de los menores.

Relación personal del menor con sus abuelos a raíz del artículo 160.2 del Código civil que señala que “no podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados”.

Al interpretar y aplicar este precepto, sobre todo en las relaciones entre abuelos y nietos, el Supremo ha dicho:

(i) que la complejidad de las relaciones entre familiares se evidencia en los asuntos referidos a las relaciones entre parientes más alejados que los progenitores, que pueden verse impedidos de una normal relación con sus descendientes o ascendientes;
(ii) que la sala se ha manifestado a favor de estas relaciones y establecido como regla que no es posible impedir el derecho de los nietos al contacto con sus abuelos únicamente por la falta de entendimiento de estos con los progenitores, pues, aunque la relación prioritaria es la paterno filial, debe prestarse una especial atención a la relación abuelos-nietos, en interés del propio menor, ya que aquellos ocupan una situación respecto de los nietos de carácter singular y desempeñan un papel fundamental de cohesión y transmisión de valores en la familia, que es el agente de solidaridad por excelencia de la sociedad civil;

Potestad de los letrados de la administración de justicia para corregir a abogados y procuradores.

La presente cuestión de inconstitucionalidad se plantea respecto de dos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial por posible contradicción con el art. 24.1 CE en relación con el art. 117.3 CE. Uno, el art. 555.1 en la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, en la medida en que pueda interpretarse que la referencia a «la autoridad ante la que se sigan las actuaciones» como titular de la potestad de sancionar a quienes intervienen en los pleitos o causas incluye al letrado de la administración de justicia. Y, dos, el art. 556 en la redacción de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, con la modificación operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, en cuanto contempla a los letrados de la administración de justicia como autoridad que resuelve el recurso de audiencia y que informa en el recurso de alzada ante la Sala de Gobierno. El auto de planteamiento de la cuestión interna de inconstitucionalidad considera que la lectura conjunta de ambas previsiones suscita dudas fundadas sobre su constitucionalidad, por haber equiparado la potestad sancionadora de la llamada «policía de estrados» ejercida con carácter jurisdiccional por los jueces y tribunales, a quienes, conforme a la Constitución, corresponde en exclusiva la potestad jurisdiccional, con la que puedan ejercer los letrados de la administración de justicia, que carecen de dicha potestad, en el contexto de los procedimientos que se sigan ante ellos en su condición de directores de la oficina judicial.

Conflicto entre los derechos al honor y a la producción y creación literaria. Relato de ficción que un cargo político entiende referido a sí.

No se discute que el artículo controvertido constituye un relato de ficción que se enmarca en el derecho a la libertad de producción y creación literaria del art. 20.1.b) CE, como tampoco se discute el carácter potencialmente ofensivo del texto. El debate suscitado ante los órganos de la jurisdicción, y ahora en amparo, se centra en la identificación del personaje con la demandante, como presupuesto necesario para poder entender prima facie concernido su derecho fundamental al honor. Solo en caso de verificarse este presupuesto procedería entrar propiamente en el terreno de la ponderación –en sentido técnico– entre tal derecho y la libertad de producción y creación literaria del autor y del editor del relato.

Juicio de precario. Acción de precario. Ejecución hipotecaria. Fiadores.

Es objeto del presente recurso, la acción de precario ejercitada por la entidad Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria. Procedimiento idóneo para obtener el lanzamiento del fiador que no es deudor hipotecario, ni hipotecante deudor, ni tercer poseedor y que ocupa la vivienda objeto de ejecución hipotecaria titularidad del adjudicatario demandante.

Este tribunal ha tenido ocasión de enfrentarse a la cuestión relativa a la idoneidad del procedimiento de desahucio por precario para obtener el lanzamiento de los deudores hipotecarios ocupantes de la vivienda, objeto de venta forzosa en un procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando esos deudores son potenciales beneficiarios de la suspensión de los lanzamientos prevista en el art. 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, siempre que cumplan los requisitos.

Arrendamientos urbanos. Derecho de tanteo y retracto. Exclusiones. Transmisión de la totalidad del inmueble.

La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 (LAU) reconoce unos derechos de adquisición preferente (tanteo y retracto) al arrendatario de finca urbana, tanto de vivienda (art. 25 LAU), como de uso distinto (art. 31 LAU). En particular, el retracto, que es la institución a la que se refiere el recurso de casación, supone un límite legal al dominio, concretamente a la libre transmisibilidad del bien y una excepción a la fe pública registral conforme al art. 37.3º de la Ley Hipotecaria (LH), según el cual, si bien las acciones rescisorias, revocatorias y resolutorias no se darán contra el tercero que haya inscrito su título adquisitivo con los requisitos de los arts. 32 y 34 LH, se exceptúan las acciones de retracto legal que sí podrán ser hechas efectivas en perjuicio de tercero hipotecario en los casos y términos que las leyes establecen.

Artículo 34 de la Ley Hipotecaria. Buena fe. Protección como tercer adquirente de la adjudicataria en subasta judicial. Perfección de la enajenación forzosa por la aprobación del remate.

La buena fe del tercero adquirente, que se presume según el párrafo segundo del art. 34 LH, no ha sido desvirtuada. No se ha probado que la demandada, a cuyo favor se llevó a cabo la cesión del remate de la finca, que se encuentra en posesión de la demandante y recurrente, tuviera conocimiento de la compra realizada por esta última mediante escritura pública años antes. Por tanto, tratándose de un adquirente de buena fe, debe ser mantenida en su adquisición, al haber inscrito en el Registro de la Propiedad y figurar en la actualidad en el mismo como titular registral de la citada finca.

Cláusula suelo en préstamo hipotecario concertado con consumidores. Control de transparencia en los acuerdos de novación con renuncia al ejercicio de acciones.

La validez de los pactos de renuncia al ejercicio de acciones relacionadas con la cláusula suelo, incluidos en acuerdos transaccionales, viene determinada por el objeto de la renuncia (debe ceñirse a la validez de la cláusula suelo originaria y a las liquidaciones y pagos realizados hasta la fecha de la renuncia); por la situación jurídica existente al tiempo de la firma de la cláusula (la certeza o no de la abusividad de cláusula, y el conocimiento o no por el banco de que la declaración de nulidad determinaba la devolución íntegra de las cantidades abonadas en aplicación de la cláusula); y por la información aportada en cumplimiento de la exigencia de transparencia (si permite o no al prestatario comprender las consecuencias jurídicas de la renuncia).