Jurisprudencia

• Allanamiento de domicilio de persona jurídica
• Decomiso autónomo y contra bienes de terceros como pena accesoria de los delitos
• Momento procesal y resolución de una cuestión previa planteada
• Fundamento y análisis de la legítima defensa en caso de provocación previa

• Reintegro a favor del cónyuge en liquidación de la sociedad de gananciales
• Motivación de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad
• Límites a las libertades de comunicación: el derecho al honor y las manifestaciones en redes sociales
• Suspensión de la pensión de alimentos por alteración de las circunstancias

• Apropiación indebida del esfuerzo ajeno o empleo de conocimientos adquiridos
• Invalidez de la renuncia a los intereses en un contrato de seguro
• Marca de la Unión Europea. Nombre geográfico. «Andorra». Percepción del público. Relación con bienes y servicios
• Hipoteca con cláusula suelo. Acuerdo posterior que modifica a la baja la cláusula e incluye una renuncia de acciones genérica

• Derecho de información de los concejales de asuntos municipales
• Remisión de expediente administrativo por la administración
• Las prórrogas en un contrato de servicios deben adoptarse por mutuo acuerdo
• La competencia municipal sobre urbanismo no ampara la regulación de clubes de cannabis

La Sala III añade que no basta con diseñar los medios técnicos y organizativos necesarios, también es necesaria su correcta implantación y su utilización de forma apropiada, de modo que también responderá (la empresa) por la falta de la diligencia en su utilización

La Sala III del Tribunal Supremo ha concluido mediante sentencia que la obligación de las empresas de garantizar la seguridad de los ficheros que contengan datos personales de sus clientes es de medios y no de resultado, aunque "es exigible la adopción e implantación de medidas técnicas y organizativas, que conforme al estado de la tecnología y en relación con la naturaleza del tratamiento realizado y los datos personales en cuestión, permitan razonablemente evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado".

• Datos sensibles en el delito de descubrimiento y revelación de secretos
• Habitualidad de la violencia domestica de los delitos contra la integridad moral
• Pena de alejamiento emparejada a una pena privativa de libertad y su cumplimiento
• Concurrencia de causa de recusación en el juzgador y plazo para alegarla

• Criterios de valoración de la compensación económica de un divorcio
• La cosa juzgada abarca lo deducido y lo deducible pero no las pretensiones diferentes sobre responsables diferentes
• No es aplicable la Ley 57/1968 a compraventas con finalidad no residencial
• Atribución de la que fue vivienda familiar a la madre y a la hija menor de edad con limitación temporal tras el divorcio

• Concurso de acreedores y compensación de crédito que no consta en la lista de acreedores
• Letras libradas como pago de entregas a cuenta de la compra de una vivienda en construcción y descuento de las mismas
• En los seguros de personas el tomador no tiene obligación de comunicar la variación de las circunstancias relativas al estado de salud del asegurado
• Validez de los préstamos hipotecarios que incorporan el IRPH como índice de referencia del tipo de interés

• Compensaciones a concesionario de autopistas de peaje: inexistencia de responsabilidad del Estado legislador
• El Tribunal Supremo reitera la nulidad e inaplicabilidad del mecanismo de financiación del bono social
• Procedimiento administrativo. Representación de personas jurídicas. Acreditación por medios electrónicos
• El recurso de casación como recurso procesal a los efectos de la exigencia de la doble instancia

La Sala Primera ha notificado hoy las primeras sentencias dictadas sobre las cláusulas que incorporan el IRPH como índice de referencia de préstamos hipotecarios, tras los autos del TJUE de 17 de noviembre de 2021, que respondieron a las nuevas preguntas formuladas por dos Juzgados de Barcelona e Ibiza.

La Sala Primera ya se había pronunciado sobre estas mismas cláusulas en noviembre de 2020. Los autos del TJUE de 17 de noviembre de 2021 (C-655/20 y C-79/21), al responder a las cuestiones específicamente planteadas sobre este tema confirman la corrección de esta jurisprudencia de la Sala.