Jurisprudencia

• TJUE. No se puede imponer una obligación general de conservación de datos a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas
• TJUE. Autoridades nacionales de reglamentación. Independencia. Cese de Presidente y Consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones antes de la expiración de sus mandatos, tras la creación de la CNMC. Falta de previsión en el derecho español de la causa de cese
• AN. Vinculación del contratista a las modificaciones que se acuerden respecto de un contrato originario en cuanto lo asuma con su firma
• TS. Riesgo de confusión de marcas, con la asociación de administradores de fincas de España
• TS. Jerarquía normativa. Acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales. Vías de acceso. Intervención de los Consejos Generales. Composición de la comisión evaluadora. Paridad 
• TC. Relaciones paterno-filiales. Competencias estatales y autonómicas en la Comunitat Valenciana
• TSJ. Nulidad de la declaración del «Toro enmaromado de Astudillo/Toro del pueblo» como espectáculo taurino tradicional. Ausencia de características distintivas y singulares. Falta de acreditación de la antigüedad y continuidad histórica del festejo. Discrecionalidad

• TS. Requisitos de la prescripción adquisitiva sobre bienes muebles. Espada del Cid Campeador
• TS. Responsabilidad extracontractual. Solidaridad impropia. Reclamaciones extrajudiciales. Interrupción de la prescripción. Lesiones causadas por una caída
• TS. Demanda de error judicial por una resolución del Letrado de la Administración de Justicia
• TS. El TS rechaza la demanda de José María Aznar por lesión a su honor a raíz de un artículo publicado sobre "contrapartidas" exigidas a Miguel Blesa
• AP. Obras de urbanización. Reintegro de costes de las redes de telecomunicaciones solicitada por la promotora/constructora a la compañía de telefonía. Propiedad horizontal tumbada

• AN. Atenuante muy cualificada de confesión tardía
• AP. La Audiencia Provincial de Madrid absuelve a Rita Maestre del delito contra los sentimientos religiosos
• TS. Se confirma la condena a un joven por elogiar a ETA y justificar atentados contra policías en Facebook
• TS. Abono de prisión provisional. Doctrina del doble cómputo
• TS. Expulsión de extranjero, el nuevo régimen legal de sustitución de todas las penas

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Andrés Palomo del Arco, instructor de la causa seguida por delitos de prevaricación y desobediencia contra el actual diputado y exconseller de Presidencia de la Generalitat de Catalunya Francesc Homs i Molist en relación a la consulta del 9-N de 2014, ha dictado el auto de 29 de diciembre, de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, con lo que pone fin a la instrucción y da un plazo de diez días a la Fiscalía para que solicite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, o bien el sobreseimiento de las actuaciones, o, excepcionalmente, alguna diligencia complementaria.

Los Juzgados de Primera Instancia número 10 de Barcelona y de Oviedo dictan sendas sentencias aplicando la nulidad de dichas cláusulas y obligando a la entidad bancaria a devolver la totalidad de lo percibido en su virtud

Centrándonos en la sentencia que se encuentra disponible, la magistrada titular del Juzgado del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Oviedo, Carolina Serrano, ha dictado la primera sentencia de Asturias desde que se tuvo conocimientode la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la nulidad de las cláusulas suelo bancarias–la fecha de la sentencia del juzgado es del mismo día, el 21 de diciembre-.

Para la Sala II las frases publicadas en Facebook por el acusado, sobre todo tres de ellos, "contienen una manifestación del discurso del odio al propiciar y alentar una incitación o provocación, aunque sea indirecta, a la violencia terrorista”

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado en su sentencia de 15 de diciembre de 2016, la condena a un año de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo que la Audiencia Nacional impuso a un joven que publicó en Facebook mensajes en los que elogiaba a ETA e ironizaba con matar a policías.

El Derecho de la Unión se opone a una conservación generalizada e indiferenciada de los datos de tráfico y de localización, pero los Estados miembros podrán establecer, con carácter preventivo, una conservación selectiva de esos datos con la única finalidad de luchar contra la delincuencia grave, siempre que tal conservación se limite a lo estrictamente necesario por lo que se refiere a las categorías de datos que deban conservarse, los medios de comunicación a que se refieran, las personas afectadas y el período de conservación establecido. El acceso de las autoridades nacionales a los datos conservados debe estar sujeto a requisitos, entre los que se encuentran en particular un control previo por una autoridad independiente y la conservación de los datos en el territorio de la Unión.

Conforme a la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016, tal limitación da lugar a una protección de los consumidores incompleta e insuficiente, por lo que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas

En España, muchos particulares han iniciado procesos judiciales contra entidades financieras solicitando que se declarara que las cláusulas suelo incluidas en los contratos de préstamo hipotecario celebrados con los consumidores eran abusivas y que, en consecuencia, no vinculaban a los consumidores. Las cláusulas en cuestión prevén que, aunque el tipo de interés se sitúe por debajo de un determinado umbral (o «suelo») fijado en el contrato, el consumidor seguirá pagando unos intereses mínimos que equivalen a ese umbral y sin que le resulte aplicable un tipo inferior al mismo.

La Sección 16 estima el recurso de apelación de la portavoz del Ayuntamiento madrileño y revoca la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 6 de Madrid, que la condenó a una multa de doce euros diarios durante doce meses por la comisión de un delito de ofensa los sentimientos religiosos.

La Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso de apelación formulado por la portavoz del Ayuntamiento de la Capital, Rita Maestre, contra la sentencia de 18 de marzo de 2016 del Juzgado de lo Penal nº 6 de Madrid por la que fue condenada a una multa de doce euros diarios durante doce meses por la comisión de un delito de ofensa a los sentimientos religiosos, recogido en el artículo 524 del Código Penal.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en una sentencia de 30 de noviembre de 2016, de la que ha sido ponente el Excmo. Sr. Pedro José Vela Torres, ha resuelto estimar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra en el recurso de apelación n.º 275/2014, que anula parcialmente.

Los demandantes habían solicitado la nulidad de los contratos de suscripción de dichos productos financieros por error vicio del consentimiento, y la restitución del total capital desembolsado.