Jurisprudencia

Los recurrentes no han aportado a la causa el informe pericial que anunciaron que presentarían contra el canon digital.

La Sala III del Tribunal Supremo ha desestimado en su sentencia de 17 de abril de 2017, la petición de resarcimiento por daños y perjuicios formulada por las entidades “Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)", "Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI)", y "Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)", por los perjuicios causados por la entrada en vigor y aplicación del Real Decreto de 2012 que implantó el denominado canon digital, anulado por el propio Supremo el pasado mes de noviembre por ser contrario al derecho de la Unión Europea. Los recurrentes reclamaban ser indemnizados por el Estado.

• Compensación de créditos en los concursos de acreedores
• Propuesta de convenio en concursos de acreedores, que atribuya un trato singular a ciertos acreedores
• Una sentencia posterior no es documento para provocar una revisión de sentencia firme
• Cláusula sorpresiva y limitativa de los derechos del asegurado en una póliza colectiva de pensión de invalidez
• La cesión contractual de derechos de propiedad intelectual frente a la obra posterior del autor
• Activos financieros depositados fuera de la Unión Europea y libre circulación de capitales

• Requisitos de admisión de los nacionales de terceros países y su denegación por "amenaza para la seguridad pública"
• Requisitos en el uso de cinemómetros para imponer sanciones de tráfico
• Revisión de oficio administrativa cuando existe una sentencia firme
• Los nacionales de Palestina no son apátridas, aunque España no lo reconozca como Estado

• Negarse a la segunda prueba de alcoholemia tras dar positivo en la primera es delito
• Conducción de un vehículo de motor careciendo de permiso de conducir y su consideración como delito
• Elementos del delito leve de usurpación de bien inmueble en su modalidad específica de ocupación pacífica
• La cadena de custodia en los procedimientos penales

• Desestimación de la pensión de alimentos a favor de hijos mayores de edad solicitada por la madre en el proceso de divorcio
• Reclamación por los vendedores de un inmueble, en régimen de propiedad horizontal, del porcentaje del justiprecio recibido por los compradores, derivado de una expropiación anterior de zona común
• El Tribunal Supremo desestima una acción de desahucio por precario al existir contrato de compraventa entre las partes
• Nulidad de la adjudicación de bien inmueble efectuada en el proceso de ejecución, que no se suspendió ante la interposición de demanda de tercería de dominio
• Vinculación de sentencias penales absolutorias en la jurisdicción civil

La Sala Primera aplica la doctrina del propio tribunal europeo, que reconoce la importancia del principio de cosa juzgada

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en un auto de 4 de abril de 2017, del que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá Jimena, ha inadmitido a trámite una demanda que pretendía revisar una sentencia firme dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 1 de Torremolinos en octubre de 2016.

El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia  de 28 de marzo de 2017, que la negativa del conductor a someterse a una segunda prueba de alcoholemia, tras ser requerido para ello por el agente de la autoridad después de haber dado positivo en el primer test, constituye delito del artículo 383 del Código Penal (que castiga con pena de 6 meses a 1 año de prisión la negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de la tasa de alcoholemia). La sentencia -que cuenta con votos particulares discrepantes firmados por 6 magistrados- destaca que las dos mediciones de alcohol deben considerarse dos fases de una única prueba, y resalta que la segunda no es sólo garantía de los derechos del conductor, sino también del sistema, por lo que es obligatoria y no potestativa del afectado.

• La nulidad del nombramiento del presidente de comunidad de propietarios no afecta a la validez de los actos realizados bajo su presidencia
• El consentimiento de un abonado telefónico a la publicación de sus datos abarca también su utilización en otro Estado miembro
• Legitimación activa del arrendador para instar el desahucio aunque en un momento posterior a la presentación de la demanda se trasmitiera la propiedad
  
• El Supremo confirma la condena a Lucía Etxebarría por intromisión ilegítima en el derecho al honor
• Régimen de la compensación por trabajo doméstico en la disolución de la separación de bienes

• Responsabilidad de la entidad bancaria domiciliataria del pago de pagaré con endoso falso por el sistema de compensación
• Dispensa de la prohibición de competencia al socio administrador de una SL. Deber de abstención en la votación del acuerdo social
• Efectos en el retraso en el pago de la prima de seguros y la suspensión de la cobertura
• La cancelación del Swap no implica la renuncia al ejercicio de la acción de nulidad
• El Tribunal General deniega la marca europea a Vega Sicilia por contener el nombre la denominación de origen "Sicilia"
• Los honorarios de abogado y procurador que actuaron en defensa y representación de una mercantil en solicitud de concurso necesario son créditos contra la masa
  

• Momento procesal para decidir sobre las objeciones de admisibilidad de una prueba de intervención telefónica
• Cómputo temporal para el cálculo de la prescripción del delito de apropiación indebida
• Condena a los autores de una estafa piramidal de 39 millones de euros con más de 1.300 perjudicados
• Delito de falsedad en documento público u oficial y la pertenencia a una organización o grupo criminal