Jurisprudencia

• Competencia para la regulación de la cooficialidad de la lengua propia de cada Comunidad Autónoma
• Recepción de publicidad proveniente de un tercero con el que ha contratado el responsable ante el que se ha ejercitado el derecho de oposición
• Los familiares de un ciudadano de la Unión Europea con tarjeta de residencia permanente no necesitan visado para entrar en un Estado miembro
• La industria farmacéutica no puede obsequiar a los farmacéuticos con muestras gratuitas de medicamentos sujetos a receta médica

• Responsabilidad solidaria de los administradores de una sociedad por no promover su disolución estando incursa en causa legal
• Seguro de responsabilidad civil por fabricación de productos sanitarios. Limitación de la cobertura al territorio de un Estado miembro
• Gran retraso en vuelo causado por un pasajero conflictivo. Concepto de circunstancias extraordinarias y de medidas razonables
• Qué debe entenderse por condena a la cobertura del déficit en un concurso culpable

• Transcurso de los plazos para recurrir y tutela judicial efectiva
• Enriquecimiento injusto por cobro de indemnización del anterior propietario
• Derecho de reembolso del dinero privativo procedente de una donación ingresado en una cuenta conjunta del matrimonio
• Solicitud de la renovación de pasaporte para conservar la nacionalidad española
• Préstamo falsificado. Retención por el prestamista de cantidades sin la debida justificación o identificación

Confirma una multa de 40.000 euros de Protección de Datos a Mutua Madrileña por la publicidad que recibió un cliente que rechazó expresamente el uso de sus datos

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha establecido en su sentencia de 15 de junio 2020, que la externalización de las campañas publicitarias no exime a las empresas de su obligación de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de sus clientes a oponerse a recibir publicidad.

• Datos relativos al comerciante en los formularios para ejercer el derecho de desistimiento. Número de teléfono
• Indemnización por resolución unilateral sin justa causa y sin preaviso de un contrato de transporte continuado
• Legitimación de los acreedores personados en la sección de calificación para recurrir
• La Audiencia Provincial de Madrid declara que la cláusula IRPH de un préstamo hipotecario no es abusiva
• Análisis de cuándo nacen las deudas sociales

• Doctrina jurisprudencial sobre la nulidad del planeamiento urbanístico: nulidad parcial e imposibilidad de subsanación de los trámites omitidos
• Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Nulidad del último inciso de la DA 5ª.1 del RD 128/2018
• Impugnación del Decreto 12/2017, sobre apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico de Galicia
• No pueden utilizarse banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos
• No se puede cargar al prestatario los gastos del registro de transmisiones de hipotecas acordadas entre entidades bancarias

• Posesión por un coheredero de vivienda integrada en los bienes de la herencia yacente. Precario. Desahucio
• Es válida la cláusula de subrogación en el préstamo hipotecario como forma de pago de parte del precio en un contrato de compraventa
• Nulidad de cláusula abusiva inserta en una hoja de encargo profesional de defensa jurídica
• El Sahara no puede ser considerado España a los efectos de la nacionalidad de origen
• Responsabilidad extracontractual médica

• Los delitos de maltrato animal
• Apropiación indebida del dinero entregado a los acusados para la construcción de vivienda
• Acumulación de condenas
• Enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la monarquía y fuerzas del estado

La Sala desestima los recursos de casación interpuestos por la Comunidad Autónoma de Canarias, el Ayuntamiento de Yaiza (Lanzarote) y una empresa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anuló el Plan General de Ordenación Supletorio de Yaiza solo en la parte que estaba situada en la costa

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija doctrina sobre los efectos de la declaración de nulidad de los Planes de Urbanismo por vicios de procedimiento esenciales en la elaboración de los mismos.

Esta sentencia, que establece el criterio de la sala, es la primera que dictan los tribunales madrileños desde la resolución sobre esta materia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE,) el 3 de marzo de 2020.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, reunida en pleno, ha desestimado íntegramente mediante sentencia, el recurso de apelación presentado por dos particulares y ha fallado que la aplicación de la cláusula hipotecaria denominada IRPH-Cajas no es abusiva, tal y como ya señaló en primera instancia el juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid.