Jurisprudencia de Derecho Civil

Contratos. Nulidad. Acción de reclamación. Incumplimiento del deber de información.

Los accionistas de Banco Popular, que perdieron el valor de sus acciones por la amortización acordada por el FROB, están legitimados para solicitar la nulidad del contrato por incumplimiento del deber de información del banco emisor de las acciones y, en particular, por errores, omisiones u ocultaciones del folleto de emisión, y además para exigir la restitución procedente. La decisión adoptada por el FROB solo acuerda la reducción del capital social de Banco Popular a cero y un simultáneo aumento de capital con transmisión íntegra de las acciones a Banco Santander (accionista único), por lo que solo afecta a las acciones amortizadas, no a derechos ni a obligaciones ni, en particular, al derecho de los adquirentes para solicitar la nulidad por error en la contratación.

La situación financiera que se reflejaba en el folleto informativo no se correspondía con la situación económica financiera real, sin que el actor como inversor no profesional dispusiese de elementos para poder advertir cual era la situación cierta, y fue en un breve lapso de tiempo cuando se tuvieron noticias de la existencia de unas pérdidas muy superiores a las que constaban en el folleto informativo, se declaró la inviabilidad de la entidad, se procedió a su intervención, se acordó la amortización de las acciones a valor cero, y se efectuó su transmisión por importe de un euro. Y dado que el inversor toma su decisión sobre la información facilitada en el folleto de emisión y en la nota publicitaria de comercialización -y más, aún, el pequeño inversor- es evidente su notoria influencia al contratar, por lo que el error es invalidante.

Derecho al honor. Demanda: alegaciones complementarias. Mutatio libelli.

Es necesario y relevante concretar los hechos jurídicamente relevantes por atentar a su derecho al honor y esa especificación es esencial y relevante, porque con ella, se concreta la causa petendi, de forma que la parte demandada toma conocimiento preciso de lo que debe defenderse. Si en una materia como la que se enjuicia se demorase esa concreción a la audiencia previa, se alteraría sustancialmente la demanda, pues se haría aflorar la relevancia jurídica de ciertos hechos de forma sorpresiva, privando a la contraparte de alegaciones y proposición de pruebas tendentes a desmontar la relevancia jurídica de tales hechos. No basta con una remisión genérica al contenido del artículo, sino que deben concretarse aquellas informaciones contenidas en él que tienen relevancia jurídica para atentar al derecho al honor del personaje sobre el que se informa.

Si se admitiese el argumento de que la fijación expresa se lleve a cabo en la audiencia previa, cumpliéndose así el fin de ella, es patente que la contraparte llegaría tarde a la defensa de sus intereses, por la ambigüedad de la demanda en el ejercicio de una acción tan singular. Distinto sería que se concretase la relevancia jurídica de un hecho y el tribunal, en su labor de ponderación, precise si tiene más preponderancia en él el derecho de información o el de libertad de expresión.

Divorcio. Compensación del art. 1.438 CC. Interpretación del "trabajo para la casa". Valoración de la "precariedad" de las condiciones del trabajo del esposo en el negocio de la esposa.

El presente litigio tiene origen en la demanda de divorcio promovida por la esposa frente a la que se formuló reconvención por el esposo. Entre otras medidas, además del divorcio, y tras haber llegado a un acuerdo respecto de las medidas relativas a los hijos en común, el esposo solicitó el reconocimiento de la compensación prevista en el art. 1.438 del Código Civil, que fue concedida en segunda instancia por importe de 50.000 euros.

Arrendamientos urbanos. Local de negocio. Jubilación activa del arrendatario. Extinción: no procede

El presente litigo tiene origen en una demanda por la que se solicita la extinción del contrato de arrendamiento de local de negocio que vinculaba a las partes, por jubilación de la arrendataria. Esta pretensión fue estimada en la instancia. En el recurso de casación, la arrendataria alega como infringido el Real Decreto Ley 5/2013 de 15 de marzo, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, el cual no ha alcanzado aún los cinco años de vigencia, pues la sentencia recurrida entiende que la jubilación activa no excluye la aplicación de la Disposición Transitoria 3ª LAU 1994.

Propiedad horizontal. Obras en elementos comunes.

Demanda formulada por la Comunidad de propietarios frente a los propietarios de un local, en el conocimiento por éstos de la necesidad de obtener autorización de la Comunidad de propietarios para realizar la instalación de aire acondicionado que exigía la realización de un hueco en la fachada del inmueble; autorización que fue expresamente denegada en acuerdo comunitario, sin que éste fuera impugnado.

Existiendo más aires acondicionados en el patio comunitario instalados después de la construcción del inmueble, no puede negarse la Comunidad a permitir la nueva instalación de este aparato por uno de los locales. No acreditado en el presente caso que la instalación de aire acondicionado realizada por la parte demandada difiera en cuanto a características (tamaño, etc) y efectos (ruido etc.) de la realizada por algún otro vecino del inmueble en el mismo patio y que fue autorizada expresa o tácitamente por la Comunidad de propietarios, cabe considerar de aplicación al mismo el régimen de igualdad de trato y en consecuencia desestimar las pretensiones de la Comunidad para su retirada.

Arrendamientos urbanos. Retracto legal arrendaticio. Retracto de comuneros.

Durante el arrendamiento, se produjo la transmisión del 50% del usufructo, y no se extinguió tal derecho, por lo que el contrato de arrendamiento permanecía vigente en el momento de la venta (y, si no era así, no incumbe a la parte arrendataria, que presentó el contrato, acreditar la vigencia sino a la parte que lo niega probar su extinción.) y, en consecuencia, la demandante conserva su derecho de adquisición preferente.

El retrayente es propietaria de la mitad indivisa de unas fincas y a la vez es  arrendataria de la totalidad frente a la comunera que vende la mitad de las fincas.

Obligaciones solidarias. Acción de reembolso entre cónyuges. Préstamo personal solidario con garantía hipotecaria.

El presente litigio trae causa de la acción de reembolso ejercitada por la esposa contra su marido, casados en régimen de separación de bienes, respecto del préstamo personal solidario suscrito por ambos cónyuges y con garantía hipotecaria sobre una vivienda cuya propiedad, pro indiviso, pertenecía en un 75% a la demandante y el 25% restante al demandado. Dicho préstamo fue cancelado con la venta de la vivienda en la proporción de su titularidad.

Sucesiones. Acción de cumplimiento de legado contra la heredera. Venta de inmueble legado por la tutora de la causante, previa autorización judicial. Subrogación de los legatarios en la cantidad sobrante.

En el presente litigio se ejercita una acción de cumplimiento de legado contra la heredera, sobre un bien inmueble que fue enajenado con autorización judicial por la tutora de la causante, que es una de las legatarias demandantes. Tras el fallecimiento, los actores consideran que el bien legado ha quedado sustituido por subrogación en la cantidad de 96.513,10 euros, restantes de dicha venta, reclamando igualmente los intereses legales desde la interposición de la demanda.

Paternidad. Acción de impugnación y reclamación de la filiación paterna. Fijación del orden de los apellidos. Principio del superior interés del menor.

El presente litigio trae causa de una acción de impugnación y reclamación de paternidad en virtud de la cual, solicitaba el demandante, se declarase ser el padre biológico de la menor en cuestión, la nulidad de la filiación paterna efectuada por el codemandado y la correspondiente rectificación de los apellidos.

Arrendamientos turísticos. Libre prestación de servicios. Conceptos de «régimen de autorización» y «requisito». Medidas gubernativas de intervención del mercado de arrendamientos urbanos.

El Tribunal de Justicia declara: