Jurisprudencia de Derecho Civil

Contrato de arrendamiento con opción de compra. Duración del contrato. Prórrogas forzosas. Libertad de pactos.

Propietario que vende su vivienda y a la vez arrienda la misma al nuevo propietario con opción de compra durante los cinco años que se pactan o cualquiera de sus prorrogas que se establecen de manera indefinida.

En la sentencia de la Audiencia Provincial se estima la acción de extinción del contrato de arrendamiento al entender que el contrato no puede tener duración indefinida en aplicación del art. 1543 del C. Civil. Pero en casación se señala que el contrato analizado, es un contrato de naturaleza compleja, que excede del ámbito de un arrendamiento típico, dado que la hoy arrendataria transmitió la propiedad del inmueble al actual propietario (demandante) dos días antes de que la sociedad ahora demandante le arrendase el inmueble con opción de compra y con una prórroga convencional que solo podía ser rescindida por la arrendataria.

Sucesiones. Herencia. Aceptación de la herencia. Impugnación de la aceptación.

Se plantea como cuestión jurídica la impugnación por error de la aceptación de la herencia tras el descubrimiento de una obligación de importe superior a los bienes de la herencia. En este caso, tras la aceptación tácita de la herencia, aparece un documento otorgado por la causante en el que, para dar cumplimiento a la voluntad de su difunto esposo, reconocía el derecho de unos sobrinos políticos a cobrar, a su fallecimiento, el valor de mercado de unas fincas que ella había recibido de su marido como usufructuaria con facultad de disposición y que, haciendo uso de tal facultad, había vendido.

Se demanda la nulidad de la aceptación de la herencia por error en el consentimiento, explicando que como consecuencia de la aceptación se había convertido en deudor de una cantidad que superaba el doble del valor de la herencia, que no podía ni imaginar la existencia de la deuda ni su magnitud y que, de hecho, no conoció el valor de las fincas vendidas por la causante.

Demanda de error judicial. Uso indebido frente a la desestimación de una pretensión indemnizatoria por cancelación de vuelo que, por su cuantía, se decide en única instancia. Error no manifiesto ni arbitrario.

La demanda de error judicial se plantea a consecuencia de la sentencia desestimatoria en parte de las pretensiones ejercitadas por el demandante frente a una compañía aérea, derivadas de la cancelación de un vuelo en el que había contratado tres billetes. La sentencia estimó la pretensión relativa a la devolución del importe de los billetes de avión, pero desestimó la reclamación de indemnización de daños y perjuicios por los siguientes conceptos: el reintegro del importe no recuperado por los billetes del vuelo de conexión; la reserva y pago de una noche de hotel en la fecha de llegada al lugar de destino; el reintegro de lo no recuperado por el alquiler de un vehículo en el aeropuerto del país de destino; los gastos de requerimiento por incumplimiento de la demandada de su obligación de reembolsar los billetes y los daños morales.

Arrendamientos urbanos. Uso de vivienda. La resolución del derecho del arrendador en los casos de enajenación forzosa de la finca arrendada. Arrendamientos no inscritos. La reforma de la LAU por la Ley 4/2013.

El recurso queda circunscrito a resolver una cuestión de naturaleza jurídica, cual es si, adjudicada a la SAREB la propiedad de la vivienda arrendada en un procedimiento de ejecución hipotecaria, es posible considerar vigente un vínculo contractual arrendaticio entre la entidad actora y los demandados, de manera tal que justificase una pretensión pecuniaria de reclamación de las rentas de un subsistente contrato de alquiler de vivienda; o si, por el contrario, se encuentran los demandados, tras la adjudicación de la vivienda a la entidad actora y extinguido el arrendamiento concertado con el anterior propietario, en situación de precario, poseyendo la vivienda litigiosa por mera condescendencia de su nuevo titular, al quedar extinguido ipso iure el contrato de arrendamiento que constituía el título justificante de la ocupación de la cosa arrendada por los demandados y del que nacía, como justa contraprestación, el derecho a la percepción del precio del alquiler.

Adopción internacional. Conflicto positivo de competencia. Cataluña. Competencias en materia de relaciones internacionales y protección de menores: nulidad de preceptos de la Ley 54/2007, de adopción internacional, y de su Reglamento de desarrollo, que atribuyen funciones estrictamente ejecutivas a la administración del Estado.

El Gobierno de Cataluña invoca su competencia exclusiva en materia de servicios sociales, donde se inscribe la protección de menores que constituye el ámbito en el que de forma prevalente debe encuadrarse la regulación relativa a la intervención administrativa en materia de adopción internacional.

Responsabilidad extracontractual. Proceso Penal previo. Prescripción civil: inicio; interrupción.

El día inicial para el ejercicio de la acción de responsabilidad extracontractual, es aquel en que puede ejercitarse; la acción que todavía no ha nacido no puede prescribir. El plazo de un año de prescripción extintiva de la acción aquiliana cuando existe un proceso penal, no se inicia hasta que éste ha terminado, puesto que mientras esté subsistente, cualesquiera que sean las personas implicadas, el perjudicado no puede formular la demanda civil, ni contra ellas, ni contra otras distintas. Las actuaciones penales que se hubieren dirigido contra personas indeterminadas e incluso distintas de aquella contra quien se esgrime la actio civile no puede ser obstáculo al efecto interruptivo de la prescripción. 

(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 22 de febrero de 2021, recurso 3135/2018)

Responsabilidad civil extracontractual. Contaminación ambiental. Amianto. Doctrina del riesgo. Indemnización.

Daños sufridos a causa de la actividad industrial por fabricación de elementos para la construcción mediante el uso de amianto.

Los perjuicios alegados en la demanda por responsabilidad extracontractual, se basaban en la inhalación de fibras de amianto, en primer lugar, por los familiares de los trabajadores de la empresa, que retornaban a sus respectivos domicilios con las ropas de trabajo contaminadas (los llamados pasivos domésticos) y, en segundo lugar, por las personas que vivían en las proximidades de la fábrica a consecuencia de las emanaciones y residuos procedentes de la misma (los llamados pasivos ambientales). Los demandantes accionaron con fundamento en su condición de perjudicados por padecer alguna de las enfermedades relacionadas con el amianto y también en su condición de herederos de personas fallecidas por esas patologías.

Resolución de un contrato de arrendamiento de vivienda de protección pública por expiración del plazo. Acción de desahucio. Vivienda vendida por el IVIMA al propietario demandante. Adquisición declarada nula por sentencia tras presentarse el escrito de oposición del arrendatario a la apelación.

Procede admitir los documentos presentados por la parte recurrida con su escrito de oposición al recurso de casación, por tratarse de resoluciones judiciales de fecha posterior al escrito de oposición de la demandada-recurrida al recurso de apelación de la demandante y porque dichas resoluciones pueden resultar condicionantes o decisivas para resolver el presente recurso al afectar al título con base en el cual la parte hoy recurrente interpuso su demanda. Así, aunque la parte recurrente, en su escrito de oposición a la admisión de los referidos documentos, afirma "su posición de dueña", lo hace únicamente por constar todavía como titular registral de la vivienda arrendada, pero no porque niegue la nulidad de la compraventa entre ella y el IVIMA. La realidad indiscutible es la firmeza del pronunciamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa que declara la nulidad de todo el procedimiento que culminó en el otorgamiento de la escritura de compraventa, nulidad fundada en la falta de justificación de la no necesidad de las viviendas para el cumplimiento de los fines del IVIMA.

Acción de regreso. Deuda derivada de la condena por cesión ilegal de trabajadores. Cosa juzgada.

El recurso plantea si la condena solidaria en el orden social de las empresas cedente y cesionaria a responder de las consecuencias de un despido improcedente en caso de cesión ilegal de trabajadores excluye que en el ejercicio de la posterior acción de regreso por parte de quien ha pagado la indemnización pueda valorarse el grado de participación de cada una de las empresas.

La Audiencia estimó el recurso de apelación y la demanda, basando su decisión en que la cuestión había quedado ventilada en el pleito anterior y en virtud de ello se estableció la solidaridad, que se rompería si posteriormente se establecían cuotas. Consideró que, por aplicación del efecto positivo o prejudicial de la cosa juzgada, la condena solidaria en el orden social determinaba que en la relación interna las cuotas deban ser iguales pues, de lo contrario, se alcanzarían pronunciamientos contradictorios en las resoluciones judiciales, de manera incompatible con la seguridad jurídica. La recurrente reprocha a la sentencia de la Audiencia que haya atribuido indebidamente la eficacia de cosa juzgada positiva a la sentencia del orden social sin entrar a valorar el grado de participación de las partes en la cesión ilegal.

Responsabilidad civil por circulación de vehículos a motor. Seguro de vehículos. Intereses moratorios. Derecho aplicable.

Interpretación del Convenio de La Haya sobre ley aplicable en accidentes de circulación. Accidente de circulación en Marruecos de vehículo matriculado y asegurado en España, resultando un fallecido y una persona con lesiones residentes en Marruecos y otra más fallecida residente en España.

Los tribunales españolas gozaban de jurisdicción para el conocimiento del proceso, por aplicación de lo dispuesto en el art. 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La ley aplicable para la resolución del litigio venía determinada conforme al Convenio sobre accidentes de circulación por carretera hecho en La Haya el 4 de mayo de 1971, ratificado por España.