Jurisprudencia de Derecho Civil

Familia. Guarda y custodia compartida. Solicitud de suspensión mientras dure el estado de alarma decretado por el Covid-19. Inexistencia de riesgo.

En el presente caso, solicita la demandante como medida de protección de los hijos menores, la suspensión cautelar de la rotación de los turnos de custodia compartida entre ambos progenitores mientras dure el estado de alarma decretado, acordándose que los mismos deberán permanecer en el domicilio materno, con el fin de evitar graves perjuicios para la salud de los menores.

Derecho al honor y libertad de expresión. Artículo de opinión criticando a un exmagistrado. Inexistencia de intromisión ilegítima.

El presente litigio versa sobre la tutela del derecho fundamental al honor promovido por el demandante- recurrente, un conocido exmagistrado, en relación con un artículo de opinión que le criticaba por cobrar una conferencia en "dinero negro".

Contratos. Incumplimiento contractual. Posibilidad unilateral de resolver un contrato. Cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores. Abuso de derecho. Eficacia de cosa juzgada material

Abusividad en la redacción de las condiciones generales de una empresa de apuestas deportivas. Y abuso de derecho del usuario que se aprovecha del error del cálculo padecido por la empresa.

Propiedad horizontal. Impugnación de acuerdos. Gastos comunes. Cuota de participación.

Cuota de participación que las fincas de su propiedad tienen asignadas en el título constitutivo de propiedad horizontal respecto de su contribución al sostenimiento de los gastos generales.

Acción de retracto. Ejercicio de retracto de comuneros respecto de la venta del derecho de un copropietario posterior a la disolución judicial de la comunidad y anterior a su efectiva extinción mediante venta en subasta de la finca en copropiedad.

El retracto de comuneros se caracteriza por ser un derecho real limitado de adquisición preferente que se otorga a los copropietarios de una cosa en común cuando se enajena a extraños la cuota de alguno o de los demás condueños. Su finalidad radica en evitar el excesivo fraccionamiento de la propiedad.

En el presente caso se da la doble circunstancia de que, por un lado, se ha ejercitado judicialmente la acción de división y, por otro, se ha ejercitado también por una de las comuneras la facultad de enajenar su parte en la comunidad, generando esto último la pretensión objeto de este pleito.

Derecho al honor. Intromisión ilegítima. Inclusión en ficheros de solvencia patrimonial sin comunicación previa.

El pleito tiene origen en una demanda por intromisión en el derecho al honor por inclusión en un registro de morosos sin comunicación previa, por la que se reclama una indemnización y la cancelación de los datos.

La sala ha declarado que la interpretación de las normas sobre protección de datos de carácter personal, no puede llevar a que el responsable del registro de morosos, esto es, la empresa titular del fichero común en el que se incluyen los datos sobre incumplimientos de obligaciones dinerarias procedentes de los ficheros de distintos acreedores, esté excluido de la obligación de velar por la calidad de los datos, y, por tanto, de cancelar o rectificar de oficio los que le conste que sean no pertinentes, inexactos o incompletos.

Arrendamiento de vivienda con opción de compra. Interpretación de los contratos.

En un contrato de arrendamiento de vivienda con opción a compra, la sala declara que se deduce con toda claridad, sin margen a la interpretación, que si el arrendatario no ejercitaba la opción en el plazo de cinco años concedido, perdía la prima. Era indiferente que los arrendatarios desistiesen de la opción con anterioridad al término de los cinco años, pues ese era un plazo máximo que no se podía superar pero del que se podía desistir a criterio del arrendatario, pero siempre perdiendo la prima, tanto si se superaban los cinco años, como si se anticipaba la renuncia a la opción.

Responsabilidad extracontractual.  Reclamación de cantidad por accidente de tráfico. Interrupción de la prescripción de la acción por envío de telegramas.

El plazo de prescripción de un año establecido en nuestro ordenamiento jurídico para las obligaciones extracontractuales es indudablemente corto aplicable  a la demanda por responsabilidad civil extracontractual, derivada de un accidente de tráfico.

El instituto de la prescripción extintiva de acciones viene sustentado sobre un principio de abandono o inactividad que provoca como consecuencia la pérdida de un derecho, pero debe ser objeto en su aplicación de un trato cauteloso y por ende restrictivo, de tal modo que cuando se patentice clara y fehacientemente el "animus conservandi" debe quedar interrumpido el tempus praescriptionis. Por ello en el caso de la reclamación extrajudicial del acreedor, el efecto interruptor no requiere, en cuanto se basa en una intimidación al sujeto pasivo del derecho, que tal declaración de voluntad sea conocida en plazo por ese sujeto ya que se trata de un mero acto volitivo de reclamación. No se exige fórmula instrumental alguna para la reclamación extrajudicial como medio para interrumpir la prescripción, por lo que cualquiera de ellos, puede servir para tal fin; es decir, se puede plantear un problema de prueba -de la existencia de la reclamación y de su fecha- pero no un problema de forma.

Liquidación de la sociedad de gananciales. Derecho de reembolso del dinero privativo invertido en la adquisición de un bien ganancial.

El presente recurso plantea como cuestión jurídica el reconocimiento del derecho de reembolso del dinero privativo invertido en la adquisición de un bien ganancial aunque no se hiciera reserva del reembolso en el momento de la adquisición, en concreto, que se declare el derecho de reembolso de la esposa, ahora recurrente, del importe actualizado del dinero privativo empleado en el pago del precio de unos inmuebles situados en el extranjero.

Comunidad de propietarios de hecho. Impugnación del acuerdo de formalización de la constitución de la comunidad. No exige la unanimidad.

La posibilidad de que haya situaciones regidas por las normas de la propiedad horizontal sin que haya habido título constitutivo de la misma es evidente y así la reconoce el art. 2 de la Ley de Propiedad Horizontal, en la redacción que le dio la Ley 8/1999, de 6 de abril, cuando dice que la ley será de aplicación no sólo a las comunidades de propietarios constituidas con arreglo a lo establecido en el art. 5, mediante otorgamiento de título, sino también a aquéllas comunidades que, reuniendo los requisitos del art. 396 CC, no lo hubiesen otorgado.