Jurisprudencia de Derecho Mercantil

Transporte aéreo. Responsabilidad de los transportistas aéreos en caso de pérdida de equipaje. Pérdida de un animal de compañía de un pasajero. Indemnización del daño moral.

En su sentido ordinario, el término «equipaje» se refiere, con carácter general, a cualquier objeto que una persona lleve en un viaje. Si bien este objeto puede presentarse en forma de continente, como una bolsa, una maleta o una caja, que puede contener efectos personales, no sucede así necesariamente. Aunque el sentido ordinario del término «equipaje» se refiere a objetos, no permite, por sí solo, concluir que los animales de compañía no están comprendidos en dicho concepto.

Por lo que respecta al contexto en el que se menciona el término «equipaje» en el artículo 17.2 del Convenio de Montreal, ha de señalarse que este término figura también en el artículo 1 de dicho Convenio, que determina su ámbito de aplicación. Pues bien, esta disposición enumera taxativamente tres categorías de transporte internacional efectuado en aeronaves a cambio de una remuneración, a saber, el transporte internacional de personas, de equipaje y de carga.

Transporte aéreo. Crédito de compensación del pasajero derivado del retraso de un vuelo cedido a una sociedad de gestión de cobros. Demanda de compensación presentada por el cesionario contra el transportista ante el órgano jurisdiccional del lugar de salida del avión.

El órgano jurisdiccional competente para conocer de una demanda basada en un contrato de prestación de servicios es el órgano jurisdiccional del lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser prestados los servicios.

Procede determinar si el hecho de que un crédito, derivado de la ejecución de un contrato de transporte aéreo celebrado entre un consumidor y un profesional, haya sido transferido por dicho consumidor a una sociedad especializada en el cobro de los créditos de pasajeros aéreos puede impedir la aplicación del artículo 7.1 b), segundo guion, del Reglamento n.º 1215/2912, a efectos de determinar el órgano jurisdiccional competente para conocer de una demanda de compensación presentada por la sociedad cesionaria contra el transportista aéreo.

Propiedad industrial. Marcas. Registro de marcas. Riesgo de confusión. Homonimia parcial. Nombres y apellidos.

Debe extremarse el cuidado para evitar el riesgo de confusión en un consumidor medio. Como regla general, la marca compuesta por un nombre y/o un apellido, aunque sea de uso corriente o frecuente, puede tener carácter distintivo, siempre y cuando no sea descriptivo o genérico de la marca o confronte con un derecho anterior y los criterios de apreciación de la distintividad de un nombre personal no deben ser más rigurosos que los aplicables a otros tipos de marcas y su análisis debe realizarse en concreto, en consideración a los productos y servicios para los que se solicita el registro y la percepción de los sectores de los que se trate.

Seguro de vida. Acción de reclamación. Asegurado. Beneficiario. Exclusiones. Causado dolosamente. Inimputables.

La sentencia que se recurre considera que el beneficiario asesinó a su hermana, de suerte que, siendo el asesinato un delito doloso, no tiene derecho en su condición de beneficiario, a la indemnización establecida en el seguro, sin que tal aseveración quede desvirtuada por el hecho de que el beneficiario del seguro fuera inimputable porque «tal circunstancia no afecta a la naturaleza dolosa del hecho, y no es incluida en el artículo 92 LCS, por lo que su indudable trascendencia en sede penal no es extensible al contrato de seguro».

Resolución de entidades de crédito y de empresas de servicios de inversión. Amortización de los instrumentos de capital. Protección de los derechos de accionistas y acreedores. Información defectuosa. Acción de nulidad. Ejercicio anterior a la adopción de las medidas de resolución.

El Tribunal de Justicia declara que:

Las disposiciones de los artículos 34, apartado 1, letras a) y b), 53, apartados 1 y 3, y 60, apartado 2, párrafo primero, letras b) y c), de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que los derechos derivados de una acción de nulidad de un contrato de suscripción de bonos subordinados convertidos en acciones y de una acción de responsabilidad, basadas en el incumplimiento de los requisitos de información que impone la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo, se consideren incluidos en la categoría de obligaciones o reclamaciones «vencidas» o pasivos «ya devengados» en el momento de la resolución de la entidad de crédito de que se trate, en el sentido de los artículos 53, apartado 3, y 60, apartado 2, párrafo primero, letra b), de la Directiva 2014/59, cuando esas acciones se hayan ejercitado antes de la amortización total de las acciones del capital social de la referida entidad de crédito en el marco de un procedimiento de resolución.

Servicios de la sociedad de la información. Libre prestación de servicios. Asistencia sanitaria transfronteriza prestada mediante telemedicina. Estado miembro de tratamiento.

El Tribunal de Justicia declara que:

1. El artículo 3, letras d) y e), de la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de asistencia sanitaria transfronteriza prestada en el caso de la telemedicina, a efectos de dicha disposición, corresponde únicamente a la asistencia sanitaria proporcionada a un paciente por un prestador de asistencia sanitaria establecido en un Estado miembro distinto del Estado miembro de afiliación de ese paciente, a distancia y, por tanto, sin la presencia física simultánea en el mismo lugar del citado paciente y del referido prestador, exclusivamente por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

Transporte internacional de mercancías. Seguro de mercancías. Acción directa. Legitimación activa. Responsable civil. Legislación aplicable.

Ley aplicable a la acción directa del perjudicado contra el asegurador de la responsabilidad civil y el Reglamento 864/2007, referido a relaciones extracontractuales (Roma II).

Más allá de que las discusiones sobre la naturaleza contractual o extracontractual de la acción directa del perjudicado en el seguro de responsabilidad civil están superadas por la jurisprudencia de la sala, que la configura como una acción especial y autónoma que deriva de la Ley se ha reconocido legitimación activa al perjudicado contra el asegurador de la responsabilidad civil del transportista en el transporte internacional por cuanto «el artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro atribuye acción directa al perjudicado frente al asegurador en materia de responsabilidad civil, sin distinguir si es extracontractual o contractual».

Cesión de crédito. Consentimiento del deudor a la cesión: consecuencias en orden a imposibilitar la oposición de determinadas excepciones a la exigencia de pago por el cesionario.

La cesión de crédito, como sustitución de la persona del acreedor por otra respecto al mismo crédito, es admitida, con carácter general, por los artículos 1112 y 1203.3.º del Código Civil y está regulada, con carácter particular, en los artículos 1526 y siguientes del mismo cuerpo legal, como negocio jurídico, sea o no contrato de compraventa. Supone un cambio de acreedor, quedando el nuevo con el mismo derecho que el anterior, permaneciendo, en lo demás, inalterada la relación obligatoria.

Comercialización de alimentos para usos médicos especiales. Medicamentos de uso humano. Presentación.

El Tribunal de Justicia declara que:

1. El artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en su versión modificada por la Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, debe interpretarse en el sentido de que la expresión «producto contemplad[o] por otras normas comunitarias», que figura en ese apartado 2, no se refiere «a los medicamentos de uso humano destinados a ser comercializados en los Estados miembros y preparados industrialmente o en cuya fabricación intervenga un proceso industrial», contemplados en el apartado 1 del mencionado artículo 2, sino a otros productos regulados, tal como se definen en los actos del Derecho de la Unión que rigen estos últimos.
2. El artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2001/83, en su versión modificada por la Directiva 2004/27, debe interpretarse en el sentido de que

Derecho de la competencia. Acciones por daños por infracciones. Plazo de prescripción. Dies a quo. Efecto vinculante de una resolución de una autoridad nacional de competencia no firme.

El Real Decreto-ley 9/2017, por el que se transpuso la Directiva 2014/104, entró en vigor el 27 de mayo de 2017, cinco meses después de expirar el plazo de transposición. Hasta la entrada en vigor del citado Real Decreto-ley, el plazo de prescripción aplicable a las acciones por daños por infracciones del Derecho de la competencia se regía por el régimen general de la responsabilidad civil extracontractual y, en virtud del artículo 1968.2 del Código Civil, ese plazo de prescripción de un año no empezaba a correr hasta el momento en que la persona que se considerase perjudicada hubiera tenido conocimiento de los hechos de los que nacía la responsabilidad. A raíz de una modificación legislativa introducida en 2007, la legislación nacional ya no exige que la resolución de la autoridad nacional de competencia adquiera firmeza para que nazca el derecho a la reparación del perjuicio causado por la infracción de que se trate. Así pues, el órgano jurisdiccional remitente considera que el inicio del plazo de prescripción aplicable a la acción por daños coincide con la fecha de publicación de la resolución de la CNMC en su sitio de Internet, y no con la fecha de publicación de la sentencia del Tribunal Supremo por la que dicha resolución adquirió firmeza.