Jurisprudencia

En el escrito inicial del recurso, el Abogado del Estado solicitó la suspensión cautelar del acuerdo, por considerar que podría ser nulo de pleno derecho, al rebasar el límite de inicio de la restricción de la libertad de circulación.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha acordado, como medida cautelar, suspender la vigencia del acuerdo de 16 de enero del 2021, del Presidente de la Junta de Castila y León, que estableció el inicio del horario de limitación de la libertad de circulación de las personas, en todo el territorio de Castilla y León, a partir de las 20,00 horas.

• Funcionario de la Seguridad Social que cobró durante 16 años la pensión de su abuelo fallecido
• Derecho a guardar silencio y a no contribuir a su propia inculpación
• Lo que no está expresamente prohibido está permitido en el estado de Alarma
• Dos años de prisión y multa de 342.000 euros por no abonar las cuotas de la Seguridad Social en cuatro años

• Un prestador de servicios de la sociedad de la información de alojamiento de datos no está sujeto de manera directa a las normativas sectoriales
• Exclusión de las universidades privadas de la Comunitat Valenciana del sistema de becas. Vulneración del derecho a la igualdad
• Reagrupación familiar en la UE en el supuesto de menores en la solicitud y mayores en la resolución
• Debe haberse convalidado previamente el título extranjero de Letrado, para realizar Máster de Abogacía

• Concursal. Deudas de la concursada por impagos en contratos de suministro
• Protección de los consumidores. Cláusulas abusivas. Arrendamiento financiero de acciones
• Lidl ha invadido la patente del robot de cocina Thermomix y condena a la retirada de todas sus máquinas
• Falta de diligencia de la aseguradora en la liquidación de un siniestro e incumplimiento de sus obligaciones
• Control de transparencia de la cláusula suelo en caso de subrogación en el préstamo hipotecario

• Condena en costas en los litigios sobre cláusulas abusivas en caso de estimación total de la demanda con apreciación de serias dudas de derecho
• El principio de tutela del interés de los menores e integral de los hijos resulta incompatible con la rigidez procesal que impone la perpetuatio iurisdictionis
• No imposición de costas en los recursos de casación declarados desiertos por falta de personación
• Resolución del contrato de compraventa de vestido de novia por cancelación de la boda durante el estado de alarma
• Intromisión ilegítima en el derecho al honor de una Congregación religiosa

Sentencia 36/2021, de 27 de enero, recurso 1358/2018, sobre reclamación extrajudicial sobre cláusula suelo anterior al RDL 1/2017.

Imposición de las costas procesales a la entidad financiera que, tras haber rechazado la reclamación extrajudicial del consumidor, se allanó luego a la demanda.

En esta sentencia 35/2021, de 27 de enero de 2021, el Pleno resuelve sobre los efectos económicos de la declaración de nulidad de la cláusula de gastos de los préstamos hipotecarios entre bancos y consumidores.

El Tribunal Supremo resuelve que los gastos de tasación, cuando no sea aplicable la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, incumben al banco y no al consumidor.

La Sala estima el recurso de casación interpuesto por dicha empresa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que confirmó el requerimiento de la Generalitat de Catalunya

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado la orden de la Dirección General de Turismo de la Generalitat de Catalunya, de 13 de enero de 2015, que ordenó a la empresa Homeaway Spain S.L.U. que procediese al bloqueo, la supresión o suspensión definitiva en su web, en el plazo de 15 días, de todo el contenido relativo a empresas y establecimientos de alojamiento turístico localizados en Cataluña en los que no conste el número de inscripción en el Registro de Turismo de dicha comunidad autónoma.

El tribunal explica que esta entidad, que en la actualidad se llama Vrbo Spain, es un prestador de servicios de la sociedad de la información (PSSI) de alojamiento de datos, que está obligado a suprimir los anuncios, o a vedar el acceso a ellos, que incumplan una obligación legal cuando la Administración competente haya declarado dicho incumplimiento y lo comunique al PSSI, pero la Administración no puede trasladar a éste la obligación de vigilancia que le compete.

• Protección post mortem de los derechos de la personalidad y defensa de la memoria de persona fallecida
• Falta de motivación en la denegación de la exploración de menores en un proceso de guarda y custodia compartida
• Momento del devengo de la pensión de alimentos y fijación de pensión compensatoria indefinida
• Inmueble ganancial cuyo usufructo se lega a la segunda esposa.Desahucio por precario

• Prescripción de las infracciones y de las sanciones continuadas sobre competencia
• Autorizaciones o ratificaciones de medidas sanitarias forzosas por covid-19
• Sanción por uso inconsentido de datos personales en campañas publicitarias. Retroactividaddel Reglamento (UE) 2016/679
• La Administración no está obligada a convocar concurso para la concesión de licencias de radio una vez cumplidos los requisitos del art. 27 de la Ley 7/2010