Jurisprudencia

Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-351/23.

Así sucede si se ha privado a esos consumidores de la posibilidad de obtener por vía judicial la suspensión o la nulidad de esa ejecución debido a la existencia de una cláusula abusiva en el contrato que dio lugar a la ejecución, a pesar de los indicios concordantes sobre el carácter potencialmente abusivo de esa cláusula y del hecho de que el adquirente estaba informado de la existencia de dicho procedimiento judicial en el momento de la transmisión de la propiedad.

Un tribunal regional eslovaco conoce de un litigio en el que una sociedad, a la que se ha atribuido una vivienda familiar a raíz de una subasta extrajudicial, trata de obtener el desalojo de los antiguos propietarios del inmueble. Estos son los beneficiarios de un préstamo hipotecario relativo a dicha vivienda. Invocan la vulneración de sus derechos como consumidores y se niegan a abandonar la vivienda. Dicho tribunal preguntó al Tribunal de Justicia si semejante procedimiento judicial está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores¹. Asimismo, pregunta si dicha Directiva se opone a una normativa nacional que permite la ejecución forzosa extrajudicial de una garantía hipotecaria a pesar de la existencia de una solicitud de suspensión, basada en una posible cláusula abusiva en el contrato de préstamo. El Tribunal de Justicia responde afirmativamente a estas dos cuestiones.

• Fundamento y presupuestos aplicativos de la Regla de Exclusión Probatoria en el procedimiento penal
• Relación concursal entre el delito de robo con violencia y el delito de lesiones agravadas
• Registro sin presencia del detenido no morador
• Delito de explotación de la prostitución y concepto de lucro

• Exclusión de los créditos públicos de la exoneración de deudas
• Seguro de responsabilidad civil por la circulación de automóviles. Accidente en el que interviene un vehículo robado
• Infracción de los derechos de autor afectando al derecho de reproducción
• Validez del consentimiento del liquidador de una sociedad de responsabilidad limitada ya extinguida

• Control del carácter abusivo de la comisión de apertura de préstamo
• Enervación o evitación en plazo de la cláusula de vencimiento anticipado. Normativa nacional
• Jurisprudencia aplicable a los casos de largas separaciones de hecho y disolución del régimen de gananciales
• Usufructo constituido en convenio regulador de separación y carácter vinculante de lo pactado

• Legitimación activa de asociación de vecinos residentes en las inmediaciones de una incineradora
• Constitucionalidad del Decreto-ley de Cataluña 3/2023, sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico
• Las "mobile-home" son asimilables a las casas prefabricadas por lo que se exige licencia urbanística por uso de suelo
• Inexportabilidad de un bien susceptible de ser declarado Bien de Interés Cultural

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha dictado hoy auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, al considerar confirmados los indicios de presunto delito de revelación de secretos contra ambos en la instrucción desarrollada en los últimos meses.

El auto señala que, a nivel indiciario, cabe presumir que el fiscal general del Estado facilitó a un medio de comunicación el confidencial contenido de un correo electrónico, de 2 de febrero de 2024, que había remitido el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, al fiscal del caso que se seguía contra dicha persona. Un correo que le fue remitido a su vez al fiscal general por la fiscal jefe provincial de Madrid.

El magistrado instructor destaca que dicho correo contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, en una conversación privada entre letrado y fiscal que está sujeta a criterios de reserva y confidencialidad.

En su auto, el juez da traslado de lo actuado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.

• Redondeo hacia abajo, de la medición de los miligramos de alcohol por litro de aire espirado
• Personación en el proceso penal después de las calificaciones y adhesión a acusaciones
• Alevosía no se aplica en el delito de robo y sí y solo en el de lesiones
• Consentimiento sexual dentro de las relaciones de pareja

• Medidas paternofiliales y régimen de visitas con el progenitor no custodio
• Extensión del recurso de casación que excede el límite máximo de caracteres establecido
• Procedimiento de responsabilidad civil de aforados en única instancia