Jurisprudencia

El Código de fronteras Schengen se opone a que Alemania obligue a los operadores de transporte en autocar que explotan líneas transfronterizas a controlar el pasaporte y permiso de residencia de los pasajeros antes de que entren en territorio alemán. Dichos controles tienen un efecto equivalentea las inspecciones fronterizas, por lo que están prohibidos

Según el Derecho alemán, cualquier empresa de autocares de línea que atraviese una frontera interior Schengen, con destino al territorio de dicho Estado miembro, tiene que controlar el pasaporte y el permiso de residencia de los pasajeros antes de cruzar la frontera alemana. Con dicho control se pretende prevenir el transporte de nacionales de países terceros que carezcan de dichos documentos de viaje al territorio alemán. A fin de lograr el cumplimiento de dicha obligación de control, las autoridades policiales pueden adoptar órdenes de prohibición de dicho transporte, con apercibimiento de imposición de multa coercitiva, contra empresas de transportes, cuando se constate que han transportado a territorio alemán a nacionales de países terceros que carezcan de esos mismos documentos de viaje.

En Alemania, la radiodifusión pública se financia principalmente mediante el canon audiovisual que deben pagar, en particular, todas las personas mayores de edad que habiten una vivienda en el territorio nacional. Dicho canon audiovisual sustituyó, a partir del 1 de enero de 2013, a la antigua tasa audiovisual que se devengaba por la posesión de un aparato receptor de imagen y sonido. En lo que respecta a la recaudación del canon audiovisual, se ha conferido a las entidades públicas de radiodifusión, en virtud de disposiciones excepcionales respecto del Derecho común, potestades que les permiten proceder por sí mismas a la ejecución forzosa de los créditos impagados.

Acción de un tercero para reclamar, en vía de regreso, el pago liberatorio de lo satisfecho tras asumir la deuda de un prestatario.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha resuelto en sentencia de 19 de diciembre de 2018, sobre un recurso de casación donde se plateaba la procedencia de la acción ejercitada por el cesionario del remate para recuperar del prestatario ejecutado el importe de la deuda pendiente del préstamo hipotecario que no quedó cubierta por la subasta y que, junto al importe de la adjudicación, también pagó.

En el caso, tras la celebración en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria de la subasta pública sin postores y tras adjudicarse la entidad bancaria ejecutante la vivienda objeto de ejecución por el 50% del importe de tasación, los padres de uno de los dos prestatarios y la entidad bancaria ejecutante acordaron en documento privado realizar los trámites oportunos para la cesión del remate por el importe de la adjudicación. En el mismo documento los padres se comprometían, además, a satisfacer a la entidad las cantidades pendientes de pago por parte de los prestatarios por no haber quedado cubiertas por el importe de la adjudicación. La entidad se comprometía a colaborar con los padres en el ejercicio de las acciones de reclamación contra los prestatarios por este último importe. Tras realizar el pago, los padres se dirigen contra uno de los prestatarios (expareja de su hijo) con el fin de recobrar la mitad de dicha cantidad.

Revoca la absolución de una pareja que acordó la Audiencia de Zaragoza y condena al hombre a la pena de 6 meses de prisión con orden de alejamiento y sus accesorias y a la mujer a una pena de 3 meses con iguales accesorias y alejamiento.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha adoptado en Pleno y en su sentencia de 20 de diciembre de 2018, que los actos de violencia que ejerce el hombre sobre la mujer con ocasión de una relación afectiva de pareja constituyen actos de poder y superioridad frente a ella con independencia de cuál sea la motivación o la intencionalidad.

En el presente caso la Audiencia Provincial de Zaragoza había confirmado la absolución, que también acordó un juzgado de lo penal de esta localidad, de una pareja en la que se habían agredido mutuamente hombre y mujer.

• Consideración de personas especialmente relacionadas con la deudora concursada a efectos de clasificación de créditos
• Concurso de acreedores. Efectos de la impugnación del inventario de la masa activa fuera del plazo legal
• Intereses devengados por las cantidades que el banco debe abonar al prestatario tras la anulación de la cláusula de gastos de una hipoteca
• Infracción del deber de declaración del riesgo en la contratación de un seguro de vida

• Presunción de inocencia y el control de la licitud de la prueba
• Presupuestos para la aplicación de la excusa absolutoria del art. 268 CP
• El Tribunal Superior de Justicia tiene una función revisora en virtud del recurso de apelación
• Naturaleza jurídica las características del delito de prevaricación administrativa

• Pago de costas tras obtener el beneficio de justicia gratuita por haber venido a mejor fortuna
• El TS mantiene la pensión compensatoria a favor de la esposa pese a la liquidación de la sociedad de gananciales y la recepción de una herencia
• Naturaleza de las arras entregadas en un contrato de compraventa: penitenciales o confirmatorias
• Fijación del régimen de guarda y custodia del menor trasladado a España junto con la madre desde EEUU

• El pago voluntario, tras la propuesta de resolución, de una sanción pecuniaria implica la terminación del procedimiento
• El Tribunal Supremo anula dos requisitos del Decreto de 2014 que regula los apartamentos de uso turístico en la Comunidad de Madrid
• Nulidad parcial del Decreto que regula las viviendas de uso turístico en la Comunidad de Madrid
• Potestad sancionadora del Consejo General del Poder Judicial e independencia judicial

Intereses devengados por las cantidades que la entidad prestamista debe abonar al prestatario tras la anulación de la cláusula de gastos de un préstamo hipotecario

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto en mediante sentencia de 19 de diciembre, cómo deben calcularse los intereses devengados por las cantidades que el banco debe abonar al prestatario tras la anulación de la cláusula de gastos de un contrato de préstamo hipotecario. La nulidad de dicha cláusula, declarada por el Juzgado de Primera Instancia y confirmada por la Audiencia Provincial, no ha sido discutida ante el Tribunal Supremo y, por ello, el pronunciamiento de la Sala Primera se limita a la cuestión de los intereses.

Fijada en más de 1.500 millones de euros, deberán repartirse entre los Estados español y francés, la Xunta de Galicia y otros 269 afectados por el vertido entre particulares, empresas, mancomunidades, ayuntamientos y sociedades. 

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia definitiva sobre la responsabilidad civil derivada de la catástrofe del ‘Prestige’, que fija indemnizaciones por importe superior a los 1.500 millones de euros, que deben repartirse entre el Estado español -como principal perjudicado-, el francés, la Xunta de Galicia y otros 269 afectados por el vertido que son particulares, empresas, mancomunidades, ayuntamientos y sociedades.