Jurisprudencia de Derecho Penal

Delito de asesinato. Tribunal del Jurado. Motivación del objeto del veredicto y sentencia del Tribunal de Jurado. Recurso de casación.

El Tribunal Superior de Justicia tiene una función revisora, en virtud del recurso de apelación, y debe comprobar la racionalidad del ejercicio de la jurisdicción que le compete al Tribunal del Jurado. Este es el fundamento de la revisión, no una revaloración de la prueba sino la constatación del correcto funcionamiento del sistema jurisdiccional con las distintas funciones encomendadas a los órganos de la jurisdicción. El enjuiciamiento y valoración de la prueba para conformar el hecho probado al Jurado y la revisión, en términos de racionalidad y observancia de los derechos fundamentales y procesales, en la instancia la realiza el Tribunal Superior de Justicia. Los jueces valorando en conciencia las pruebas practicadas en el juicio oral, declararan el hecho probado.

Delito de prevaricación administrativa. Características.

El delito de prevaricación administrativa del art. 404 CP, tutela el correcto ejercicio de la función jurídica de acuerdo con los parámetros constitucionales que orientan su actuación, cuales son:

1. El servicio prioritario de los intereses generales.
2. El sometimiento a la Ley y al Derecho.
3. La absoluta objetividad e imparcialidad en el cumplimiento de esos fines conforme al art. 108 CE.

Delito de apropiación indebida. Autoría.  La apropiación indebida es delito especial que solo puede ser cometido por quien ha recibido el objeto del delito en virtud de una de las relaciones jurídicas que se mencionan en el tipo penal. Desde esa perspectiva, autor es el que infringe el deber de custodia, depósito, administración que la obliga a una obligación específica que infringe. Los extraños a la relación pueden intervenir como partícipes para lo que es imprescindible que determinen al autor material a su reclusión, caso de la inducción, a o que realicen una aportación relevante a la ejecución, sea esta necesaria (cooperador necesario) o de menor entidad (complicidad).

Delitos contra la constitución. Delito contra los sentimientos religiosos. Libertad de expresión. Derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto. Condena a seis meses de prisión por un delito contra los sentimientos religiosos impuesta a hombre que interrumpió, junto a otras personas, una misa en una iglesia de Girona con gritos a favor del aborto, exhibió una pancarta en el altar con el slogan “fuera rosarios de nuestros ovarios” y arrojando pasquines por extralimitarse en el ejercicio de la libertad de expresión, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto.

Delitos contra la intimidad, Revelación secretos por particular. El médico acusado reconoció dicho acceso al historial médico sin autorización del paciente y sin responsabilidad asistencial sobre dicha persona como paciente. Los hechos son legalmente constitutivos de un delito contra la intimidad por acceso inconsentido a datos personales del artículo 197.2 CP. Imposición de pena de 2 años y 7 meses de prisión, multa de 19 meses e inhabilitación absoluta por 6 años y un mes para el ejercicio de la medicina.

Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos. Delito leve de maltrato animal. Encargado de hecho de cuidar y alimentar a un perro, el cual permanecía en una caseta abandonada, y durante una semana aproximadamente dejó de acudir a darle comida y bebida, poniendo la vida del animal en peligro de morir.

El delito leve del artículo 337 bis del Código Penal no exige un resultado de muerte o lesión en el animal, sino un abandono del mismo en condiciones tales que puedan poner en peligro su vida o integridad, circunstancia esta última que resulta sobradamente acreditada y la conducta del denunciado, con el mero hecho de abandonar al animal en las condiciones descritas, de las que necesariamente era conocedor, sin cerciorarse de que efectivamente recibía los cuidados y atención necesarios, ya resulta subsumible en el tipo penal, probado el estado de abandono del animal, que resulta de la documental fotográfica que obra en el atestado.

Prevaricación administrativa. Prevaricación urbanística. Delito de tráfico de influencias. Delito contra la ordenación del territorio. No se describe en los hechos probados cuál ha sido la resolución dictada por el acusado que se considera arbitraria para la existencia del delito prevaricación. Cuando la resolución que se considera arbitraria ha sido dictada por un órgano colegiado, es necesario establecer la asistencia del acusado y el sentido de su voto. Para afirmar la existencia de un delito de prevaricación no basta con describir los aspectos fácticos de una conducta que pudiera merecer alguna clase de reproche, sino que es necesario, por razones obvias, que el relato de hechos probados contenga todos los elementos fácticos que exija el tipo. Entre ellos, la resolución dictada en asunto administrativo.

Respecto al delito de tráfico de influencias, en el relato de hechos probados debe constar una conducta que pueda considerarse como una presión moral eficiente. O, en otro caso, la descripción de una situación en la que la única explicación a la conducta del funcionario o autoridad sea la existencia de aquella presión, constitutiva del acto de influencia. No se describe en los hechos probados los actos de influencia. El tipo exige, por lo tanto, la existencia de una relación personal del sujeto con una autoridad o funcionario público.

Competencia objetiva de los órganos jurisdiccionales. Delito continuado. Delito de prevaricación. Cuando se ha procedido a la apertura del juicio oral --recuérdese que su dictado corresponde en el Procedimiento Abreviado al Juez de Instrucción--, no cabe modificación de la competencia objetiva declarada y hay que estar necesariamente a la doctrina de la perpetuatio iurisdiccionis, en cuanto ello supone el mantenimiento de una competencia declarada abierto el juicio oral, incluso en los casos en los que la acusación desistiera de la calificación más grave que dio lugar a la atribución de la competencia. Dicho de otro modo, abierto el juicio oral ante un órgano judicial, en el presente caso ante la Audiencia Provincial, el proceso solo puede terminar por sentencia o por similar resolución. Para la determinación de la competencia ha de estarse a las pretensiones de las partes que, en atención al delito por el que han calificado, informan sobre el órgano competente.

Estafa informática. Principio acusatorio. Extracciones bancarias de cajeros automáticos no consentidas por el titular, a través de la utilización del número secreto. No pueden calificarse como un delito de hurto y aunque sea utilizada una "libreta de ahorros", instrumento no mencionado en el art. 248.2.c), conforme a la jurisprudencia de la Sala Segunda, nada impide su calificación a través del art. 248.2.a) como delito de estafa.

La actuación de la acusada descrita reúne todos los elementos del delito de estafa, pues en los mismos se relata la forma en que la acusada obtuvo la cartilla de ahorros y la clave de su propietario, y su actuación efectuando reintegros y una transferencia (empleando en cajeros automáticos los documentos y clave identificativa del titular de la Cuenta de Ahorros) en su propio beneficio, sin conocimiento ni autorización de quien resultó perjudicado al imputarse a su cuenta el importe de las operaciones, ya que las mismas se realizaron engañando a la entidad financiera sobre la legitimidad de quien las realizaba. Para operar en los cajeros automáticos, hubo de utilizar un número secreto o si se prefiere, clave de acceso o pin. Pero esa consecución del número pin, que el relato fáctico recoge, no determina por sí sola, desplazamiento patrimonial alguno.

Alzamiento de bienes. Falsedad en documento mercantil. Simulación de deudas para aplicar a su pago los escasos activos de la empresa y falsedad en documento mercantil de autoría compatible con la actuación de otra persona interpuesta, cuando existe concierto previo y distribución funcional en la mecánica delictiva.

El delito de alzamiento de bienes del artículo 297 del Código Penal es un delito especial propio, puesto que la ley delimita el círculo de sus posibles autores a quienes tienen la consideración de deudor, y considerando además que el Código Penal no incluye un delito equivalente y común para quienes participen en la ejecución de los hechos y carezcan de tal condición. Pero por más que el "extraneus" deba responder por su participación delictiva conforme al principio de accesoriedad en relación con el delito realmente ejecutado, el artículo 65.3 del Código Penal, introducido por LO 15/2003, dispone que " Cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción de que se trate".