Jurisprudencia

• TJUE. Propiedad industrial. Marca que se ha convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que está registrada.
• TS. Para la aplicación analógica del artículo 28 de la Ley 12/1992, a la liquidación de un contrato de distribución, se precisa la prueba de la existencia de un cierto nivel de integración del distribuidor en la red comercial del fabricante y, en todo caso, de la aportación de nueva clientela al mismo.
• TS. Transporte terrestre. Régimen de la prescripción relativa a la reclamación de portes.
• TS. Sociedad de responsabilidad limitada. Junta General. Impugnación de acuerdos sociales. Acta notarial. Representación. Suficiencia del apoderamiento. Conflicto de intereses. Mutatio libelli. Prueba. Carga.
• TS. Sociedad Cooperativa.  Reembolso y valoración de aportaciones a socios que causan baja. Deducción de pérdidas. Inversiones no amortizadas. Ley aplicable.  
• SJM. Propiedad intelectual. Existencia y titularidad del derecho de autor. Marcas. Nulidad. Indemnización. Daños. Publicación de la sentencia. Derecho aplicable. Reconocimiento de sentencias extranjeras.
• SAP. Concurso. Calificación. Culpable. Incumplimiento de la obligación de presentar declaración de concurso. Falta de legalización de los libros de contabilidad.

• TS. Prescripción del delito de estafa: "dies a quo" y ley aplicable en supuestos de modificación legislativa.
• TS. En el delito de falsedad por funcionario en el marco de sus competencias se aplica el artículo 390 del Código Penal; fuera de ese marco se aplicaría el artículo 392 del Código Penal.
• TS. Atentado contra un Alcalde: quien sabe que intimida o acomete a una persona que ejerce como autoridad,  tiene el propósito de atentar contra la misma.
• TS. La valoración de las mercancías sustraídas en establecimientos comerciales, a efectos del delito de estafas, se fijará atendiendo a su precio de venta al público", precio que indudablemente incluye el IVA.
• TS. Prueba testifical. Prueba pericial. Valoración de la prueba.  Incomunicación de los testigos en el plenario. 

• TJUE. Derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Derecho de residencia de un nacional de un tercer Estado, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, en el Estado miembro del que este ciudadano es nacional.
• AN.  Condenado el Estado a devolver a un funcionario de prisiones la parte proporcional de la paga extra suprimida por la ley de estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
• TS. Expropiación forzosa. Declaración de urgente ocupación. Motivación. Suficiencia. Prueba. Valoración.
• TS. Urbanismo. Participación pública en el planeamiento. Inaplicación de la legislación autonómica;  planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad; aplicación directa de la legislación básica estatal.
• TS. Sanciones. Utilización del término “txacolí” sin pertenecer a la denominación de origen. Menciones tradicionales. Negativa a plantear una cuestión prejudicial de validez ante el TJUE.
• TS. Responsabilidad patrimonial. Legislación antitabaco. Principios de buena fe y confianza legítima. Obras acometidas para acotar un espacio para fumadores inservibles tras la prohibición total de fumar en espacios públicos cerrados.

La Directiva 2004/38/CE concede a los ciudadanos de la Unión y a los miembros de su familia el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. A este respecto, el Raad van State neerlandés (Consejo de Estado) remitió al Tribunal de Justicia dos peticiones de decisión prejudicial distintas, en relación con cuatro litigios relativos a la denegación, por parte de las autoridades neerlandesas, del derecho de residencia a un ciudadano de un tercer Estado, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión de nacionalidad neerlandesa.

El tribunal ante el que se haya presentado la segunda demanda deberá inhibirse entonces en favor del tribunal ante el que se haya presentado la primera demanda

El Derecho de la Unión [Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil], establece que, cuando se formulen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante tribunales de Estados miembros distintos, el tribunal ante el que se interponga la segunda demanda deberá inhibirse en favor del tribunal ante el que se haya interpuesto la primera cuando éste se haya declarado competente.

Conforme al artículo 131 del Código Civil: “Cualquier persona con interés legítimo tiene acción para que se declare la filiación manifestada por la constante posesión de estado. Se exceptúa el supuesto en que la filiación que se reclame contradiga otra legalmente determinada.”

Por su parte, el artículo 7 de la ley 14/2006, de reproducción asistida; regula la filiación de los hijos nacidos mediante técnicas de reproducción asistida; y establece que:

• TS. La filiación de los niños nacidos de un vientre de alquiler no tiene acceso al registro civil español.
• TS. La decisión de privar a un menor en acogida del derecho a relacionarse con sus progenitores biológicos no puede ser adoptada únicamente por la autoridad administrativa, sino que requiere de una resolución judicial fundada.
• TS. Usucapión "contra tabulas". Primacía de lo dispuesto por el artículo 36 de la ley hipotecaria frente a lo establecido en el artículo 1949 del código civil, que ha de considerarse derogado.
• TS. El Tribunal Supremo condena a Le Monde por vincular al Real Madrid con un doctor relacionado en una trama de dopaje.
• TS. Derecho al honor. Protección de datos. Mantenimiento indebido de datos en registro de solvencia patrimonial. Principio de calidad de los datos.
• AP. Proceso de determinación de filiación paterna no matrimonial. Pensión de alimentos. Cuantía. Régimen de visitas paternofiliales.

• JM. Condenado el banco que comercializo las aportaciones financieras subordinadas de EROSKI, por vicios del consentimiento que anulan cláusulas contractuales.
• TS. Fraude de ley en el desembolso de acciones y consecuentemente la improcedencia de hacer uso de los derechos de voto correspondientes a esas acciones.
• TJUE. Puede obligarse al titular de una marca renombrada, en virtud de una justa causa,  a tolerar el uso por un tercero de un signo semejante a esa marca para un producto idéntico a aquel para el cual se registró, siempre que ese signo se haya utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la misma marca y que el producto idéntico haya sido utilizado de buena fe.
• TS. Quiebra. Retroacción. Nulidad de pagos. Acción rescisoria. Caducidad. Inaplicabilidad del régimen de la acción pauliana. 
• AP. Concurso. Créditos de la AEAT devengados tras la aprobación del convenio y antes de la reapertura del concurso por el incumplimiento del convenio. El informe de la disposición transitoria cuarta.2 de la Ley 38/2011.

• TC. Violencia de género como circunstancia que puede afectar al orden de los apellidos inscritos en el registro civil.
• TC. Extradición que permite el Tribunal Constitucional de un ciudadano a las autoridades de su país para que cumpla la condena que le fue impuesta en rebeldía "sin condicionamiento alguno”.

• AN. La Agencia Estatal de Protección de datos Personales, no tiene competencia para incoar, tramitar y resolver la reclamación de tutela del derecho de cancelación de los datos del denunciante que aparecen en las resoluciones de la web del Tribunal Constitucional y que se indexan en Google.
• TS. Impugnación de un acuerdo de fijación de justiprecio de una expropiación y la extensión de los efectos de una prueba realizada en otro procedimiento.
• TS. Autorización ambiental. Proyecto de depósito de residuos. Consideración como sistema urbanístico. Previsión del Plan General. Restauración de la situación anterior.
• TS. Telecomunicaciones. Telefonía. Operadores obligados a contribuir al fondo nacional del servicio universal. Ausencia de arbitrariedad.
• TS. Minas. Concesión. Caducidad del permiso de investigación. Solicitud de concesión de explotación para una parte de las cuadrículas comprendidas en el permiso de investigación. Incongruencia omisiva.
• TSJ. Elaboración de disposiciones de carácter general. Justificación de la norma. Informes. Decreto del País Vasco 110/2012, sobre asistencia jurídica gratuita. Nulidad parcial del artículo 31.4. Organización de las guardias.