Jurisprudencia

• AP. Requisitos para ejercitar  la acción individual de responsabilidad contra los administradores sociales.
• TS. Acción social ejercitada por un socio en reclamación de cantidades pagadas al administrador cuyo cargo se preveía gratuito en los estatutos sociales.
• TS. Leasing. Naturaleza de los créditos correspondientes a las cuotas posteriores a la declaración de concurso.
• TS. Seguro colectivo de responsabilidad civil profesional. Exclusión de riesgos. Falta de obtención de consentimiento informado.
• TS. Pacto de no competencia entre entidades financieras.  Acción coordinada frente a posibles competidores
• AP. Sumisión a arbitraje de contiendas relacionadas con la libre competencia. Cláusula mixta de sumisión a arbitraje y a una jurisdicción determinada. 

• TS. Concesiones. Declaración de lesividad de inciso que prevé una indemnización a la concesionaria por anulación o extinción de la concesión sin desmantelamiento de las instalaciones. Dolo o negligencia de la concesionaria. Principio de gratuidad de la reversión.

• TS. Consumación del delito de estafa en los caso de doble venta de un mismo bien.
• TS. Requisitos para aplicar la atenuante de confesión como circunstancia modificativa de la responsabilidad penal.
• TS. La acumulación de condenas en los casos de penas de multa.
• TS. El delito de blanqueo de capitales y los indicios más comunes que tiene en cuenta los tribunales.
• TS. Elementos y requisitos del delito de detención ilegal.
• TS. Delito de apropiación indebida en la liquidación de cuentas pendientes.
• TS. Los delitos contra la salud pública y los requisitos del consumo compartido de drogas, para ser una conducta atípica que no interesa al derecho penal.
• TS. El principio acusatorio y la imposición de una pena superior a la solicitada por las acusaciones.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha analizado por primera vez un caso de reclamación de filiación por posesión de estado entre dos mujeres casadas considerando el consentimiento como título de atribución de la filiación, reforzado en el caso por la posesión de estado, por el interés de los menores y por la estabilidad de la unidad familiar.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 3 de diciembre actual (publicado en el BOE de 13 de diciembre) en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4522-2013, promovido por el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, ha acordado mantener la suspensión del art. 14 de la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana, levantándose la suspensión en lo demás, suspensión que se produjo con la admisión del mencionado recurso de inconstitucionalidad y que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado, de 14 de septiembre de 2013.

En el mundo de los arrendamientos, sigue existiendo gran cantidad de contratos cuyo régimen jurídico aplicable, está entrelazado con la actual ley vigente de arrendamientos (Ley 29/1994) y con otras anteriores (LAU de 1964), no siendo en ocasiones, suficiente con aplicar las reglas de derecho transitorio contenidas en las mismas ya que a veces por oscurantismo y otras por imprevistos, deben complementarse por la jurisprudencia y la doctrina.

En esta ocasión, nos vamos a referir a los supuestos de contratos de arrendamientos anteriores al 9 de mayo de 1985, y a la posibilidad del arrendador de repercutir las obras que se realicen en el inmueble objeto de arrendamiento para que sean abonadas por el inquilino.

NOTA DE PRENSA

EL PLENO DE LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO HA DESESTIMADO EL INCIDENTE DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DE 9 DE MAYO DE 2013 SOBRE LAS DENOMINADAS CLÁUSULAS SUELO

El Pleno de la Sala Primera ha dictado un auto desestimando el incidente de nulidad promovido por las entidades bancarias demandadas Cajas Rurales Reunidas, SCC y BBVA, S.A., al que se adhirió NCG Banco, S.A.U., y ha confirmado su sentencia de 9 de mayo de 2013 sobre cláusulas suelo incorporadas a contratos bancarios de préstamo con garantía hipotecaria e interés variable.

Se plantea como cuestión de fondo de índole doctrinal y sustantiva, en la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2013, la fundamentación correcta a la situación producida en un procedimiento de división de la herencia en el que uno de los herederos, llamado a suceder, fallece antes de aceptar o repudiar la herencia, pasando a sus propios herederos el derecho que él tenía (artículo 1006 del Código Civil). Esta cuestión ha sido ampliamente debatida por la Doctrina científica dando lugar a la existencia de dos corrientes doctrinales: la denominada "teoría clásica" o "de la doble transmisión", según la cual en la sucesión por derecho de transmisión existen dos movimientos o pasos de los bienes, un primero desde el primer causante a la masa hereditaria del heredero transmitente y otro segundo, desde la masa hereditaria del citado transmitente al heredero transmisario que acepta las dos herencias; y la "teoría moderna", de la adquisición directa o de la doble capacidad, según la cual los bienes pasan directamente del primer causante al heredero transmisario cuando éste ejercita positivamente el denominado ius delationis (derecho a aceptar o repudiar la herencia).

PREVIO. La reunión de la mayor parte de Jueces de lo mercantil de Madrid, once en total, y con participación posterior de los demás, ha tratado de adoptar unos criterios comunes sobre algunas de las cuestiones conflictivas de la reforma de la LC que ha sido operada por la reciente Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores.

No se trata de acuerdos cerrados, ni de decisiones vinculantes, lo que queda para cada resolución judicial, sino de una aproximación a los criterios con los que enfrentarse a los primeros problemas prácticos. Tampoco pretende abordar problemas de especial calado doctrinal, sino dar respuesta a cuestiones más bien prácticas y de funcionamiento. Tampoco tiene como objetivo agotar la totalidad de los problemas existentes.