Jurisprudencia

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Marchena (Sevilla) ha presentado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) referida a los intereses de mora a aplicar en las ejecuciones hipotecarias tras la promulgación de la Ley 1/2013, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.

La cuestión prejudicial ha sido planteada por el titular del Juzgado 2 de Marchena, Manuel Ruiz de Lara, a través de un auto dictado el pasado 16 de agosto. En concreto, se centra en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 1/2013 y la nulidad de intereses de demora abusivos a fin de proteger los intereses de los consumidores y usuarios conforme establece la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre consumidores y profesionales.

Tal y como señala una sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2013, cuando se trata de culpa de profesionales,  en lo tocante a la infracción de los deberes que la profesión entraña, se exige la prueba de la  culpa, como  actuar culpable o negligente.

El contrato de arrendamiento de servicios que subyace en una relación entre abogado y su cliente exige a aquel, el cumplimiento diligente de sus servicios que deriva de las normas generales sobre obligaciones  e imponen al abogado el cumplimiento "con el máximo celo y diligencia" de la misión de defensa que le sea encomendada, así como el sometimiento a la "lex artis" o exigencias técnicas.

El cobro sin distinciones de un canon por copia privada sobre la primera venta de soportes de grabación puede ser compatible con el Derecho de la Unión en determinadas circunstancias.

 Asimismo, en determinadas circunstancias puede presumirse –admitiendo esta presunción prueba en contrario– que los soportes de grabación vendidos a particulares se utilizarán con fines privados.

Comienzan  a dictarse varias sentencias que a consecuencia de declarar nula una clausula suelo en un préstamo hipotecario, acarrea la obligación del banco de devolver dinero a los prestatarios de manera retroactiva como si la clausula no hubiera existido nunca (efectos propios de la "nulidad").

Hay preocupación incluso en el seno de la Unión europea, ya que algunos expertos señalan que dicha aplicación retroactiva puede aumentar la inestabilidad en las entidades de crédito.

El contrato de arrendamiento suscrito por uno de los cónyuges constante matrimonio no forma parte de los bienes gananciales y se rige por lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos en lo relativo a la subrogación por causa del cónyuge titular del arrendamiento.  Así lo establece una sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2013.

Esto se fundamenta en la naturaleza del contrato de arrendamiento, generador de derechos personales y celebrado entre dos partes, que adquieren la condición de arrendador y arrendatario y, los derechos y obligaciones creados, afectan solo a las mismas y sus herederos.

A través de una nota de prensa, el Supremo desvela el contenido del Auto, dictado el 3 de junio pasado, en el que atiende la petición de aclaración formulada por las entidades financieras que fueron parte en el proceso. Su contenido es el siguiente:

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto la petición de aclaración de su sentencia de 9 de mayo sobre las denominadas 'cláusulas suelo'.

1. En la sentencia declaró la nulidad de las cláusulas enjuiciadas por la concurrencia de las siguientes circunstancias:

a) La creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el que las oscilaciones a la baja del índice de referencia, repercutirán en una disminución del precio del dinero.
b) La falta de información suficiente de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato.
c) La creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación inescindible la fijación de un techo.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha fijado doctrina en torno a la interpretación de los apartados 5, 6 y 7 del artículo 92 del Código Civil en lo relativo a los presupuestos que han de concurrir y valorarse para que pueda adoptarse, en interés del menor, el régimen de guarda y custodia compartida.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Seijas Quintana, considera en primer lugar que la Audiencia Provincial, que denegó el régimen de guarda compartida en el asunto que ha llegado a casación, partió para tomar su decisión de que el régimen de guarda y custodia compartida es algo excepcional, mostrando una posicióninicialmente contraria a este régimen y considerando “como problemas lo que son virtudes de este régimen como la exigencia de un alto grado de dedicación por parte de los padres y la necesidad de una gran disposición de éstos a colaborar en su ejecución”. También reprocha a la sentencia recurrida que no fundara su decisión “en el interés del menor, al que no hace alusión alguna, y que debe tenerse necesariamente en cuenta en los litigios sobre guarda y custodia compartida”.

A través de una sentencia de fecha 9 de mayo de 2013 la Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha estimado parcialmente un recurso de casación (485/2012) en el que se planteaba un asunto sobre las denominadas “cláusulas suelo”,.

Legitimación activa de AUSBANC

La exhaustiva sentencia analiza varios puntos; iniciado un análisis sobre la legitimación activa de las asociaciones de consumidores, señalando que el artículo 24.1 CE atribuye a todas las personas el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. En consecuencia, como regla, la legitimación para promover eficazmente un proceso solo corresponde a quien afirma la titularidad del derecho subjetivo, ahora bien, uno de los supuestos en los que la legitimación ordinaria se revela insuficiente es precisamente en el campo de la tutela de los consumidores y usuarios; determinante para que el legislador, con carácter extraordinario, reconociese la legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios para defender no sólo los intereses de sus asociados o los de la propia asociación, sino también los generales, siempre que, conforme al artículo 24.1 del Texto refundido de la ley de consumidores y usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007), reúnan los requisitos exigidos en esa Ley o en la normativa autonómica que les resulte de aplicación.

El demandante interpuso demanda de juicio ordinario contra el administrador único de una sociedad de responsabilidad limitada en su condición de tal, por la que solicitaba la condena al mismo a que abonase al actor una cantidad por el impago de diversas facturas derivadas de las relaciones comerciales habidas entre la actora y la S.L. Las facturas se refieren a un periodo en el que el administrador había sido cesado, pero dicho cese no fue inscrito en el Registro Mercantil.

En la sentencia de 4 de febrero de 2013, la Audiencia Provincial de Madrid, se plantea las consecuencias de la falta de inscripción  en el Registro Mercantil del cese del administrador único de una sociedad de Responsabilidad limitada y su trascendencia con respecto a su responsabilidad de una deuda reflejada en facturas  no pagadas posteriores a dicho cese (no inscrito) que sirven de fundamento a la demanda.

Conforme nos indica una sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero, la cuenta corriente bancaria expresa una disponibilidad de fondos a favor de los titulares de la misma contra el Banco que las retiene, no pudiendo aceptarse el criterio de que el dinero depositado en cuentas indistintas pase a ser propiedad de cada uno de ellos, por el solo hecho de figurar como titular indistinto, porque en el contrato de depósito, la relación jurídica se establece entre el depositante, dueño de la cosa depositada, y el depositario que la recibe, no modificándose la situación legal de aquel, en cuanto a lo depositado, por la designación de otra/s persona/s que puedan retirar dinero de la misma. Tales depósitos indistintos no suponen por ello comunidad de dominio sobre los objetos depositados, debiendo estarse a cuanto dispongan los tribunales sobre su propiedad.