Jurisprudencia

• Infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual
• Compra de acciones de Bankia en el mercado secundario
• Novación de préstamo hipotecario con cláusula suelo
• Protección a los consumidores. Crédito hipotecario. Comunidad de bienes

• El art. 25.1 CE no es aplicable a la potestad disciplinaria de las asociaciones
• No inclusión de un premio de lotería en una liquidación de gananciales
• Inclusión en ficheros de insolvencia patrimonial
• Concepto de «resolución judicial». Reconocimiento de divorcio extrajudicial ante funcionario de otro Estado miembro

• Edificaciones en situación asimilada a fuera de ordenación y su posible conservación
• Requisitos de consignación del justiprecio de una expropiación forzosa
• Luces de emergencia V-16 obligatorias a partir de 1 de enero de 2016 en los vehículos
• Telecomunicaciones. Principio de neutralidad tecnológica. Excepciones. Pago de cuotas por el servicio de inserción de la señal

• Rebaja de pena en una agresión sexual tras la reforma del Código Penal por la ley del “solo sí es sí”
• Delito de lesiones y la consideración de tratamiento médico o quirúrgico
• Difusión de grabaciones de conversaciones de teléfono en redes sociales
• Condena a un acusado por la publicación de ‘fake news’

Los magistrados de las secciones penales adoptan este criterio tanto si el propietario es una persona física como si se trata de una persona jurídica, ya sea pública o privada. Los jueces han tenido en consideración no sólo a los directos perjudicados del delito, sino también a los vecinos, al suponerles un perjuicio directo en el pleno disfrute de sus derechos.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA
La Audiencia de Zaragoza revisará solo las sentencias contra la libertad sexual que se estén cumpliendo o estén pendientes de cumplimiento.

En la reunión de unificación de criterios por la nueva Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que esta mañana ha tenido lugar en la Audiencia de Zaragoza, presidida por Alfonso Ballestín, los magistrados han acordado revisar sólo aquellas sentencias en las que las penas se estén cumpliendo o estén pendientes de cumplimiento.

• Diferencias entre el delito de extorsión y delito de amenazas condicionales lucrativas
• Relación entre el delito de realización arbitraria del propio derecho y el delito de coacciones
• Coautoría y complicidad en el delito de tráfico de drogas
• Procedimiento penal y reconocimiento fotográfico en sede policial

• Arrendamientos urbanos. Principio de libre determinación de la renta. Inconstitucionalidad del régimen catalán de contención de rentas
• Vinculación de una compraventa con la aprobación del planeamiento urbanístico
• Asunción de gastos hipotecarios y reiteración de la Jurisprudencia de la sala Civil del TS
• Presunción de ganancialidad respecto de las aportaciones dinerarias realizadas durante la vigencia del régimen económico de gananciales

• Inconstitucionalidad mediata del precepto autonómico que atribuye carácter provisional a la adscripción del funcionario de carrera de nuevo ingreso a su puesto de trabajo
• Solo en el subgrupo C1 es dispensable la titulación en la policía local. Inconstitucionalidad de la previsión de la Ley asturiana
• Responsabilidad patrimonial por prisión preventiva
• Comunicaciones previas y declaraciones responsables y sus diferencias a efectos de suspensión

• Efectos de la nulidad de la condición general que fija el interés remuneratorio de un contrato de tarjeta de crédito usurario
• Préstamo con cláusula que contiene pacto de fianza
• Distinción entre cláusulas delimitadoras del riesgo y las limitativas en contrato de seguro
• Comercio: rebajas, horarios, regímenes sancionador y lingüístico. Inconstitucionalidad parcial de la Ley de Cataluña 18/2017